Decretado el concurso necesario de República Ganadera, la jueza decretó el embargo genérico de los bienes y derechos de Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio
Luego de decretado el concurso necesario de República Ganadera y tras desplazar a sus autoridades, la jueza María Constanza Farfalla resolvió el "embargo genérico sobre bienes y derechos de los administradores" Mauro Mussio y Nicolás Jasidakis.
Además, la jueza dejó constancia de que la abogada Zamira Ayul aceptó el cargo de síndico del concurso, quien pasó a administrar los bienes de la empresa. La junta de acreedores de la empresa quedó fijada para el próximo 30 de setiembre.
En ese sentido, la jueza autorizó ahora que se paguen los créditos laborales impagos a la fecha de declaración del concurso y autorizó la designación del rematador propuesto, como experto independiente, para que elabore el inventario de la masa activa, con valoración de los bienes y derechos de que se compone a la fecha de la declaración del concurso.
Además rige para los directores la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país.
Previo a decretar el concurso necesario, Farfalla había archivado la solicitud de concurso voluntario presentada en febrero por las autoridades de República Ganadera, luego de que fracasaran los intentos de un acuerdo privado de reorganización (APR) entre la empresa y sus acreedores.
La jueza consideró que los jerarcas de la empresa no indicaron "el lugar de ubicación de los bienes con un criterio de razonabilidad" y la jueza apuntó que existió "la ausencia de confiabilidad de la documentación contable presentada".
En el marco del intento de negociación con los inversores República Ganadera reconoció que los créditos individualizados por cada Inversor totalizan la cantidad de US$ 85.796.269,73. A eso se deben sumar otros acreedores.
Al igual que pasó en Conexión Ganadera y Grupo Larrarte, decenas de inversores se percataron de que el ganado que tenían a su nombre en las guías del Ministerio de Ganadería habían sido vendidos o movidos de los campos donde supuestamente estaban sin su consentimiento.
Sobre ese aspecto, los inversores cuentan con un informe contable realizado en base a la información proporcionada por la empresa a los clientes y por el informe que elaboró el contador en el juzgado, a los que accedió El Observador, que dan cuenta de que la debacle de la empresa ocurrió entre junio y diciembre de 2024.
En ese período la empresa pasó de tener casi 63.000 cabezas de ganado en junio y a tener 21.000, por lo que disminuyó en 60% la cantidad de ganado adquirido con el dinero invertido por los particulares.
