Este viernes tuvo lugar una segunda reunión en la Liga de Defensa Comercial (Lideco) que está intentando acercar a las partes en busca de una salida para los 1.450 inversores de República Ganadera y evitar el concurso. Sin embargo, no hubo avances puesto que la empresa no aportó la información que los abogados que representan a los acreedores solicitaron, concretamente cuánto ganado tiene cada persona.
Una semana atrás había quedado conformada la comisión integrada por Lideco, siete abogados y la empresa junto a su equipo legal, para estudiar un posible Acuerdo Privado de Reorganización (APR) que la empresa entregó en versión de borrador. En ese borrador, al que accedió El Observador, República Ganadera reconoce que los créditos individualizados por cada Inversor totalizan la cantidad de US$ 85.796.269,73. A eso se deben sumar otros acreedores.
Para que un acuerdo de ese tipo sea considerado como una propuesta oficial debe tener el respaldo del 75% de los accionistas (más de 1.000 inversores). Una vez que se reúnan las firmas se presenta en el juzgado, luego se abre una instancia en la que se pone a consideración del resto de los acreedores para que se puedan oponer y si aún luego de las oposiciones se confirman las mayorías, la jueza lo aprueba y se pone fin al concurso. De lo contrario, seguirá el proceso que terminará con la liquidación de la empresa.
En este caso, como informó El Observador el martes 17, la propuesta de República Ganadera propone devolver el 100% del capital perdido por sus accionistas en un plazo de ocho años y propone una reconversión productiva y un desplazamiento de las autoridades.
Nicolás Ghizzo, uno de los abogados participantes del encuentro dijo que “no se amplió la información”. “Exigimos identificar el ganado de cada uno como punto de partida para ver si se quiere volver a apostar en un nuevo modelo de negocios o buscar otras opciones”, señaló.
En su opinión “es muy difícil hacer 1.450 trajes, hay que hacer cuatro o cinco y que cada quién se ubique en el que mejor le quede pero no podemos aceptar un solo traje para todos. Eso es absolutamente inviable”, ejemplificó el abogado.
En ese sentido explicó que como hay distintos acuerdos hay quienes no tienen ganado pero hay personas que tienen el 80% de su ganado. En esos casos se tendría que ofrecer “un incentivo extra” para que decidieran reinvertir en RG.
A la espera de que muestren la información que se les pidió quedaron en volver a reunirse el 3 de enero, agregó el abogado.
Juan Pablo Decia, otro de los abogados que representa a unos 30 inversores, dijo que sus clientes lo mandataron a no negociar el APR “hasta no tener un inventario real de los animales vivos que se encuentran en los diferentes campos que administra RG, la categoría de los mismos y su titularidad. Una vez hecho esto con supervisión de delegados designados por los inversores, se solicita como condición para negociar la entrega de las guías de propiedad a manos de sus titulares. A partir de allí y con un balance auditado, negociar los términos del APR”.
Qué plantea la propuesta de APR de República Ganadera
El APR propuesto contempla el pago del 100% del capital de los acreedores quirografarios y distingue a los “inversores” (hayan invertido en ganado o sin ganado) del resto de acreedores.
Para determinar el crédito de cada inversor se consideran distintas categorías. Al inversor con renta vencida se le toma la renta vencida y no pagada, fijándose la misma a la fecha del cierre del APR. Al inversor con contrato vencido se le toma la renta vencida y la terminación de contrato no pagado. Al inversor sin renta vencida, tanto con ganado como sin ganado, se le toma la renta devengada hasta la fecha de cierre del APR y el precio de terminación contractual.
Existen también otros acreedores comerciales, proveedores de servicios, productos y tierras, que, en la mayoría de los casos, continuarán proveyendo servicios, productos y tierras a RG y al Fideicomiso RG. En este caso no se señaló a cuánto asciende la deuda.
A cambio de este acuerdo los acreedores se comprometen a no iniciar acciones judiciales, civiles o penales, ejecuciones, acciones administrativas, ni medidas cautelares contra República mientras esté vigente el APR.
El borrador determina que RG rescindirá en forma anticipada "los contratos de inversión, con y sin ganado, a la fecha de cierre del APR para el cálculo de la respectiva deuda. En el caso de los contratos de inversión con ganado, la rescisión será efectuada mediante el ejercicio anticipado de las opciones de compra de ganado".
El stock de ganado adquirido de los inversores se entregará al Fideicomiso RG que será constituido a efectos de llevar adelante el plan de negocios y pagos.
"Los inversores designarán a cinco representantes a efectos de formar parte del Comité de Inversores. Este comité, cuya participación será honoraria, tendrá por función primera la elección del Fiduciario y fijar su remuneración", determina.
Arega que el "Fideicomiso de Administración administrará y gestionará el stock ganadero (...) en beneficio de los inversores, beneficiarios para que luego de determinado tiempo, vender la producción (o negocio) para poder recuperar el capital reconocido de cada inversor de RG".
El sistema productivo propuesto es el sistema pastoril de cría de ganado bovino con terminación de terneros/as a 180 kilos anualmente, con aumento gradual año a año del rodeo de cría mediante la comercialización de terneros/as y vacas de invernar.
Piden medidas cautelares
Por otra parte, se van sumando denuncias penales por estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos y se está a la espera de que la DPA (la oficina de depuración y asignación de Fiscalía) determine que fiscalía especializada de delitos económicos asumirá el caso.
Ghizzo fue de los primeros en presentar denuncias que fueron designadas a la fiscal de flagrancia Patricia Rodríguez, quien le había pedido a Interpol que interrogara a los denunciantes pero ante el cúmulo de denuncias, se decidió declinar competencia en la fiscalía especializada, que ya tiene a estudio el caso Larrarte, que es muy similar. El abogado pidió que se le impongan medidas cautelares a los directores de la empresa como la prohibición de salir del país.
Decia, por su parte, dijo que presentó 25 denuncias en Policía Rural y que llama a diario a la DPA porque una vez que se asigne a un fiscal pedirá audiencia urgente para pedir que se tomen medidas cautelares. El abogado dijo que la brigada de Montevideo de Policía Rural (Artigas, Paysandu, Rivera, tacuarembo donde están los campos) están esperando que se les ordene alguna medida como el bloqueo del tránsito de ganado y al momento no ha habido noticias. "El tiempo transcurrido obra en contra de los intereses de los inversores", lamentó el abogado.
