Fracasaron los intentos de llegar a un acuerdo privado de reorganización (APR) entre República Ganadera y los inversores de la empresa. Este martes, en la una última reunión de la comisión que venía negociando esa salida, integrada por representantes de la firma, de los inversores y la Liga de Defensa Comercial (Lideco), los representantes de la empresa admitieron que no le quedaba otra opción que ir por el camino del concruso de acreedores, dijeron a El Observador participantes del encuentro.
En el caso de República Ganadera se trata de un concurso voluntario porque fue la empresa la que se adelantó a presentar el pedido de concurso. Ello implica que las autoridades no serán apartadas sino que tendrán que trabajar con el síndico designado por el juzgado. Seguramente será la abogada Zamira Ayul que ya fue designada como interventora durante la feria de enero.
Este lunes, al retomarse la actividad judicial, la jueza de concurso María Constanza Farfalla resolvió darle 48 horas al director de la empresa Mauro Mussio para que se presente en el juzgado a firmar documentación entregada por la empresa. Se espera que luego de que República Ganadera concrete ese paso, la jueza decretará el concurso.
Los abogados que venían participando de la comisión eran pesimistas en cuánto a que se pudiera lograr un APR, que implicaba que el 75% de los acreedores lo suscribieran, dado que en esas instancias la empresa aportó muy poca información del activo real que tiene.
En esas reuniones que se realizaron cada semana durante el mes de enero, la empresa fue entregando algo de información y un borrador de la propuesta de reorganización que había sido señalado como inviable por algunos asesores de los inversores. En ese marco, República Ganadera reconoció que los créditos individualizados por cada Inversor totalizan la cantidad de US$ 85.796.269,73. A eso se deben sumar otros acreedores.
En otra de las reuniones entregó información preliminar sobre un relevamiento realizado en los campos e informó que el 79% de los inversores tendrían entre el 1% y el 30% del ganado que les correspondería por contrato, otro 13% tendrían entre el 30% y el 60% del ganado, mientras que el restante 8% tiene entre el 60% y el 100% del ganado.
