En Uruguay, “el sistema de propiedad intelectual es esencialmente un sistema de incentivos”, dice el abogado Santiago Martínez, que en 2022 fue designado por el Ministro de Industria de la época, Omar Paganini, como Director de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Y que, además, fue designado por el Ministro de Educación y Cultura como integrante del Consejo de Derechos de Autor, y por la ex Ministra de Industria, Elisa Facio, como integrante del directorio de la Agencia del Cine y lo Audiovisual de Uruguay (ACAU). Actualmente, se encuentra en campaña para la posición de alcalde en el municipio de La Paloma.
En ese sentido, en conversación con El Observador, explicó cómo funciona el sistema actualmente en Uruguay, cómo beneficia a creadores tanto culturales como de industria, la importancia de registrar, patentar, licenciar, y cómo se mueve Uruguay en el contexto internacional.
“Se protege más bien el cómo”, comenta y agrega al respecto: “el qué, si uno lo abstrae y traza un argumento simple, puede encontrarlo repetido en muchas obras distintas. Entonces, propiamente ese qué, no, pero cuando se manifiesta en un cómo es cuando adquiere forma y como tal se lo protege”.
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Santiago Martínez. Foto cedida a El Observador.
Imagino que el concepto de propiedad intelectual y de derecho de autor han ido cambiando con el tiempo. ¿Cuál es hoy ese concepto?
El derecho de autor se va adaptando a los cambios que va sufriendo el mundo en términos de innovación y de desarrollo, pero mantiene un eje conceptual que es lo que permite identificar que estamos frente a un sistema de propiedad intelectual.
Tiene que ver con la idea de que el sistema de propiedad intelectual es esencialmente un sistema de incentivos. Que sea un sistema de incentivos quiere decir que es un sistema por el cual vos buscás que la forma en que se expresan ciertas ideas, porque no son las ideas propiamente hablando sino la forma en que se expresan, les otorgás protección y esa protección consiste en reservar los derechos de explotación económica de las personas que los inventan, para beneficio de esa persona por un determinado periodo de tiempo, buscando con la lógica de esta reserva de la explotación económica que el propio creador obtenga recursos por su creación y que los vuelva a volcar a su vez en un nuevo proceso creativo.
O sea, se produce una suerte de círculo virtuoso donde el creador desarrolla su idea, le da una determinada forma, busca protegerla. Ya sea si es una idea protegida por derechos de autor vinculada con la redacción de un guión, a través de los derechos que se le confieren a los guionistas y a los escritores, a quien produce una película, a quien produce un tema musical, o a quien desarrolla un invento y lo quiere proteger por la forma de una patente, de un modelo de utilidad o de un diseño industrial.
O si desarrolla un signo que distingue su producto en el mercado y, por lo tanto, lo va a proteger como una marca. Depende de la forma en que se exprese su idea, el tipo de protección que recibe, pero en cualquiera de los escenarios el común denominador es que la propiedad intelectual es un sistema de incentivos. Yo le voy a dar a esa persona la exclusividad sobre esos derechos por un tiempo para que pueda volcar el producido en nueva actividad inventiva y desarrollo.
Recién me hablabas de que lo que se cuida no es necesariamente la idea sino la expresión de esa idea. ¿Eso quiere decir que puede haber muchas ideas expresadas de distintas formas y que cada una se cuida por separado?
Sí, hay multiplicidad seguro. Si te ponés a mirar lo que son los argumentos de las películas vas a encontrar muchas obras en donde hay un niño que es huérfano, que crece, que cuando crece le dan la oportunidad de liderar el espacio donde se desarrolla y que luego es quien termina combatiendo el mal. Esa situación uno la ve en Harry Potter, la puede ver en Star Wars, la puede ver en muchas obras. O sea que la idea madre se puede repetir cuando baja a tierra. Baja concretada de distintas maneras. En Harry Potter es el contexto que se le da a la obra, la identidad del personaje, sus vínculos, y lo mismo sucede con otras obras.
O sea, se protege tanto el qué como el cómo.
Exacto. Se protege más bien el cómo. El qué, si uno lo abstrae y traza un argumento simple, puede encontrarlo repetido en muchas obras distintas. Entonces, propiamente ese qué, no, pero cuando se manifiesta en un cómo es cuando adquiere forma y como tal se lo protege.
Durante este gobierno que acaba de pasar estuviste al frente de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) en el MIEM, ¿qué relación hay entre propiedad intelectual y desarrollo económico de un país? ¿Hay relación?
Hay toda la relación. Yo iría un paso más y diría que la propiedad intelectual es una condición necesaria para el desarrollo de los países y para países como el nuestro que trabajan con commodities, pero que tienen límites geográficos que le imponen un límite en la cantidad que pueden producir de commodities. Poder pegar el salto a producir intangibles como es la propiedad intelectual que puede recibir protección en otros países y que, a su vez, cuando se quiera explotar en otros países le garantizan al titular inventor uruguayo que es él y que va a recibir el rédito de lo que inventó, eso permite un nivel de escalabilidad del desarrollo y de la venta brutal.
Es una salida natural. El mundo hoy pasa en gran medida por las empresas tecnológicas. Si uno mira en el planeta las empresas con mayor nivel de desarrollo y de poderío económico, son empresas que tienen base en tecnología. Las empresas de Elon Musk, que es entendido como el hombre con más recursos del planeta, son empresas de desarrollo tecnológico, tanto las del espacio como las de telecomunicaciones, como las de energía, vinculadas con el desarrollo de autos eléctricos.
Todo eso pasa por desarrollo tecnológico. Atrás de todas las grandes industrias pasa con el hidrógeno. Toda la industria del desarrollo en materia de hidrógeno tiene como base desarrollos tecnológicos que permiten producir hidrógeno de determinada manera. Y lo mismo sucede en todos los campos en los que uno imagina, telefonía, los desarrollos de genética animal, el tema semillas que tiene un régimen especial que en Uruguay está a cargo del Inase, pero que también tiene su parte de propiedad intelectual. Todo tiene un asiento o tiene un que ver con el empuje que va pegando la humanidad a los saltos en el desarrollo, que es innovación. Y eso se protege con propiedad intelectual.
¿A qué tipo de países les sirve más tener una regulación, una legislación en torno a propiedad intelectual, según su nivel de desarrollo?
No conozco un país que no tenga la propiedad intelectual como un factor de trabajo y desarrollo, porque aún en modalidades como el derecho marcario, que básicamente es la forma en que cada persona que se lanza al mercado, identifica su producto o sus servicios. Es una forma muy básica de diferenciarse en el mercado. El esquema de la protección de marcas y de los procesos para protegerlas existe en todos los países del planeta. Algunos con mayor apertura, otros con mayores limitantes, pensando en el flujo de lo que va del país hacia afuera y de afuera hacia adentro, pero todos la protegen.
Todos buscan garantizar que el mercado esté ordenado y que no se confunden dos competidores que se llaman de la misma manera y que de alguna manera ofrecen productos a clientes que no saben discernir cuál es el titular del producto.
Te diría que no existe un país que no tenga en su agenda propiedad intelectual. Naturalmente hay un planteo, a veces, de algunos sectores que entienden que los países con más nivel de desarrollo tienen más propiedad intelectual producida y cuando la quieren comercializar en los países con menos desarrollo eso puede llegar a obstaculizar que los países menos desarrollados aprovechen esa tecnología. Este es un debate que se da mucho, por ejemplo, en el caso de los fármacos y de la protección por patente.
Pero, en general, los sistemas, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, en el multilateralismo, la ONU tiene una agencia especial para trabajar esos temas, que es la ONPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se trabaja sobre herramientas y mecanismos que permitan a los países en vías de desarrollo tener o excepciones o salvaguardas para que puedan aprovechar los avances tecnológicos en beneficio de la mejor calidad de vida de su población.
Uruguay logró avances este último tiempo con respecto a las regulaciones en la materia. Por ejemplo, la reducción de los tiempos de trámite para patentes y marcas. Pero, ¿qué sería ser un referente global en este tema? Es decir, ¿cómo se ve un país referente en estos temas?
Uruguay ha trabajado muchísimo en estos últimos años en resolver temas pendientes. El atraso del registro es un atraso que tenía más de 20 años. Y lo mismo con la adhesión al tratado del PCT, el Tratado de Patentes. Y otra normativa que estaba pendiente de aprobación, como los nuevos tipos marcarios o resoluciones que aceleran los procedimientos de patentamiento de tecnologías verdes que son tecnologías encaminadas a mitigar los efectos del cambio climático. Todas esas medidas buscaron optimizar el registro y la manera en que nosotros pensamos en optimizar el registro tiene que ver con un análisis del contexto nacional, pero también con la posibilidad a través de la cooperación internacional de ver cómo lo hacen otras oficinas que trabajan y que son referentes en esto.
En el mundo de la propiedad intelectual existe un grupo llamado IP5 que concentra las cinco oficinas más grandes del mundo en estos temas, donde está Estados Unidos, está Japón, está China, está la EPO de Europa y de alguna manera nosotros tomamos de referencia mucho de lo que hacen estas oficinas para ver en qué medida las decisiones que han tomado, la forma en que regulan sus ecosistemas de propiedad intelectual, pueden inspirarnos a nosotros para producir normativa o soluciones adecuadas a nuestra realidad, pero que potencien también nuestro ecosistema local.
O sea, es ver casos de éxito para ver cómo se pueden aplicar en Uruguay con los recursos que tiene.
Siempre es importante ver los casos de éxito y ver cómo trabajan ellos. Parte del éxito está dado por el nivel de desarrollo de sus ecosistemas en propiedad intelectual. Eso tiene que ver con el tamaño de la economía y con el perfil de los países y cómo los países se van potenciando hacia ese lugar, pero también parte tiene que ver con las soluciones regulatorias que uno establece para potenciar, para estimular a la persona a que efectivamente dedique su tiempo a generar innovación y a generar ideas y a monetizarlas y a desarrollarlas y que el Estado esté, en esta metáfora que usa el presidente, haciendo piecito, ayudando a los emprendedores a despegar.
Tratamos de trabajar viendo oficinas referentes, viendo qué de eso a nosotros nos servía, que no necesariamente lo que hacen afuera a nosotros nos sirve. Hay que hacer un análisis local, pero tratamos de tomar eso como eje para poder cubrir todas las áreas, el espectro, de lo que las oficinas de propiedad industrial desarrollan y realizan.
En cuanto a la cooperación con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ¿qué beneficios hay para Uruguay y cuáles para la Unión Europea en una cooperación de esta ideología?
En el plano de la propiedad intelectual, lo que sucede es que los derechos son territoriales. Cada país establece los parámetros que hay que cumplir para otorgar una marca, una patente o un derecho de autor en los distintos rubros, pero existen ciertos mínimos que están establecidos en tratados internacionales como el ADPI, que es el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual para el Comercio, en inglés se llama TRIPS y algunos otros tratados.
Estos mínimos lo que buscan es que cuando los emprendimientos en un país crecen y obtienen dimensión y se proyectan para desembarcar en otros países, uno busca a través de la cooperación como pasa con la Unión Europea, generar ciertos mínimos que le permitan a los uruguayos cuando desembarcan en Europa tener sus inventos protegidos. Yviceversa, cuando los europeos vienen a Uruguay, tener también a los suyos protegidos.
Es decir, hacer un corredor.
Exacto. Tratamos de hacer un corredor y tratamos de fomentar esa política teniendo en cuenta que el objetivo del gobierno estos años fue trabajar sobre la idea del Uruguay Innovation Hub. Es decir, un Uruguay como un hub innovador. Y lo que es propio de la innovación es precisamente desarrollar un ecosistema innovador que tenga un resorte en lo regulatorio de protección. Pero lo que es propio de un hub es la entrada y la salida del sistema y desde ese lugar nosotros tenemos que buscar la mayor cantidad de recursos para que nuestros nacionales cuando crecen y quieren ir a desarrollarse en Brasil, en España, en China, en Japón, lo pueden hacer de la manera más fácil y con menos costo posible. En ese sentido, la cooperación con la Unión Europea ha sido clave para trabajar sobre esos ejes.
Además, la cooperación con la Unión Europea tiene una cosa muy positiva por la forma en que ellos lo han encarado, que es que su mecanismo de cooperación en general consiste en elaborar programas que trabajan con muchos países y, en este caso, tienen una vocación regional. Entonces, además de la cooperación que ejecutan con cada uno de los países en lo individual, también ponen en agenda temas comunes para los países de la región, lo que luego nos genera que tengamos un tema en común para debatir y para también entre nosotros buscar puntos de encuentro. Tiene un efecto muy positivo en lo individual y en lo colectivo a nivel regional.
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Santiago Martínez. Foto cedida a El Observador.
¿Por qué se genera con la Unión Europea y no, por ejemplo, con Estados Unidos, con Asia?
Lo tenemos con la Unión Europea, lo tenemos con Estados Unidos y lo tenemos con Asia. Uno de mis objetivos era fomentar las relaciones de cooperación de la Oficina de Propiedad Industrial. Es bastante particular la situación de las oficinas de propiedad industrial porque, si bien son entidades regulatorias locales, tienen una vocación internacional muy fuerte porque la propiedad intelectual tiene espacios de regulación internacional muy fuertes también. Uno tiene que participar de los espacios, tiene que analizar cómo el país de uno se para frente a las decisiones que se toman en el foro internacional.
Por eso, una obsesión personal ha sido estrechar lazos de cooperación. En ese sentido, hemos cerrado acuerdos de cooperación con Estados Unidos también. Los funcionarios de la DNPI acuden a Estados Unidos, a la oficina de patentes, financiados por la oficina de Estados Unidos a adquirir formación para mejorar sus capacidades técnicas. Lo mismo sucede con Japón, con quien también tenemos un vínculo muy cercano. Lo mismo con China. Hay funcionarios de la oficina que han viajado a China en más de una oportunidad para obtener formación específica. Y lo mismo con la EPO y con la EWIPO en Europa.
Además de la cooperación bilateral que tenemos, por ejemplo, dentro de EWIPO, de Europa, tenemos la situación con España. España es un país que con la DNPI coopera muy cercanamente. Tenemos muchos programas, ya sea para funcionarios que viajan a España, como para actividades que desarrolla España en uno de sus centros de cooperación en Latinoamérica, que está en Montevideo, que tiene una vocación de trabajo también para la región donde la DNPI siempre es invitada a participar, en tanto que es la institución rectora de la propiedad intelectual en el país que es anfitrión de ese centro de cooperación.
La iniciativa AL-INVEST Verde DPI parece ser como un paso positivo hacia la transición a una economía más verde en América Latina. ¿De qué manera Uruguay podría integrar los derechos de propiedad intelectual con el concepto de sostenibilidad? O sea, ¿son dos cosas que se pueden cruzar en algún momento?
Sí, absolutamente. Están cruzadas, de hecho. Porque las tecnologías que permiten producir energía verde son tecnologías que están protegidas por propiedad intelectual y, por lo tanto, hay un interés siempre de las oficinas de propiedad industrial de fomentar ese tipo de innovación. Ya sea concediendo un trámite más acelerado, como pasa con la resolución que dictamos también en esta gestión, que le otorga prioridad a las solicitudes que tienen que ver con tecnologías verdes, o apuntalando cooperación y trabajo con los actores del ecosistema que producen este tipo de tecnologías con universidades, con centros de investigación, con centros de desarrollo, buscando la mayor sinergia posible en términos de que conozcan qué es lo que está registrado en el sistema, qué tecnologías están protegidas. Por lo tanto, que cualquier emprendedor que quiera innovar sobre esas tecnologías tiene que pagar un royalty, un cánon, al dueño de la tecnología, pero qué tecnologías no, qué tecnologías ya están liberadas al dominio público y por lo tanto son un campo fértil para que en Uruguay se pueda hacer desarrollo sobre la base de esas tecnologías sin ese costo adicional.
Hay un análisis de estrategia sobre cómo está el mercado, sobre quiénes son los actores del mercado y sobre cómo funcionan, que es relevante para quien desarrolla tecnologías encaminadas a mitigar. Hoy en día, los principales problemas que tienen estas industrias son vinculados con tecnologías que hacen funcionar a los molinos y que gestionan la forma de funcionamiento de las aspas o las que trabajan en los procesos del hidrógeno verde o de combustibles. Incluso, en el rubro del petróleo y de los hidrocarburos ha tenido históricamente mucha tecnología asociada. Son rubros que deben ir de la mano para potenciarse mutuamente.
Se ha destacado la mejora en gestión pública justamente de la propiedad intelectual. Pero también hay críticas que dirían que a pesar de estos avances sigue existiendo una falta de conocimiento y conciencia sobre la importancia de la propiedad intelectual en la cultura emprendedora local. ¿Te parece que es así?
Sí, pero eso es un problema más que de la propiedad intelectual, cultural. En nuestro país hay una idea muchas veces en el emprendedor de que registrar la marca es como es como una tarea que hasta que la empresa no es redituable y no está dando dinero es, “para qué voy a cumplir con este paso burocrático”. Muchas veces asumen por anticipado que registrar una marca es un proceso súper costoso o tedioso en el tiempo. En algún momento lo fue, porque la oficina tenía tres años de atraso en el registro marcario. Hoy son tres meses lo que demora la oficina, pero en un momento era más tiempo.
Hay que romper un poco con esa idea y explicarle al emprendedor que tener la marca registrada desde el inicio es lo que le permite evitar que cuando empieza a tener éxito un competidor la registre y lo intente inhibir de continuar desarrollando la actividad comercial, o que se le genere un problema porque se registra una marca similar y, cuando quiere registrar la suya, el registro le dice no porque se puede confundir con una que ya existe. Hay que anticiparse a toda esa problemática para tener un desembarco seguro en el mercado, que le permita desarrollarse más a largo plazo, o a mediano plazo, sin tener esa potencial contingencia. Es algo que nosotros trabajamos mucho con los emprendedores. Hemos desarrollado muchísimos talleres en el interior del país, en la capital, por zoom, en formato presencial, porque el trabajo de la propiedad intelectual vinculado a las pymes es clave. Sobre todo para un país como el nuestro que tiene más del 80% de sus empresaso siendo pymes.
Además hay muchísimos descuentos establecidos por ley para las pymes. Las pymes tienen, en ciertas categorías, descuentos de hasta el 80% en las tasas del registro. Puede pasar que registrar una marca le cuesta a la persona 2.500 pesos, que no es un costo relevante para todos los problemas que les ahorra. Además, hay marcas que son el nombre, pero hay marcas tridimensionales que protegen la forma de un juguete. Entonces, eso es relevante. Me ha pasado de personas que han asistido a la oficina consternadas porque fueron intimadas por un competidor a destruir mercadería porque su mercadería violaba una marca tridimensional existente y protegida en el registro. Y, de pronto, esa destrucción tenía un costo de 50 mil dólares, no es poco el dinero. Entonces, anticiparse a esa problemática, tener la estrategia clara de entrada, buscar apoyo en el registro o en un agente de propiedad industrial que son profesionales dedicados a estos temas. Es clave desde el momento uno, así sea para un emprendimiento que no se sabe qué rédito vaya a tener a futuro.
Es tener garantía de que la forma en que uno desembarca en el mercado está protegida desde uno y ningún competidor va a poder vulnerar ese crecimiento cuando se empiece a dar.
Además de ese riesgo, ¿hay más riesgos de no registrar la marca?
Más que riesgos, además de estos que son bastante graves porque te pueden sacar del mercado directamente, o hacer perder clientela, la propiedad intelectual es una forma de monetizar. Es un sistema de incentivos, si vos no lo tenés protegido no capturás incentivos, no capturás en exclusividad el rédito económico que te produce tu invento. Por ejemplo, desarrollar una tecnología que resuelva un problema, si tú no la proteges primero, la puede proteger otro en el período ventana en que se da a conocer y se puede presentar el registro la solicitud de registro. Pero más allá de si la protege o no la protege otro, es una tecnología que la puede usar cualquiera para beneficio personal y que el inventor, que fue el que depositó recursos, tiempo y energía al desarrollo tecnología puede directamente verse inhibido de percibir cualquier rédito por lo que hizo.
Entonces, el rédito básicamente es como cualquier trabajo. Uno trabaja y recibe un ingreso por el trabajo que hace, en algún punto uno se lo plantea y dice, “claro, ¿puedo hacer esto? ¿tengo la espalda como para dedicarme a algo si no me produce un rédito a cambio?”. Muchas personas se han dedicado a desarrollar y cuando se han visto frustrados porque no logran bajarla al mercado a esa tecnología, precisamente les sucede esto, que no encuentran un estímulo o un incentivo para seguirlo haciendo. Y la propiedad intelectual es precisamente el estímulo.
Otra de las críticas que da vueltas a este tema es que los sistemas de propiedad intelectual en Uruguay no siempre favorecen a las corporaciones extranjeras cuando vienen, sino que más bien a los locales. ¿Eso es porque justamente esta oficina se ocupa de proteger la propiedad intelectual uruguaya frente a la extranjera?
En realidad el sistema de propiedad intelectual está pensado desde una lógica local. Pero teniendo en cuenta que, y de hecho Uruguay desde el año 1998 es parte del ADPIC y el tratado del ADPIC es un tratado que tienen muchos países que son parte de la Organización Mundial del Comercio, establece la igualdad del trato al nacional y al extranjero. Es decir, uno no puede generar una diferencia que beneficie más al nacional que al extranjero. El extranjero cuando viene al país debería poder obtener el mismo tipo de protección que tiene el nacional. Jugar con ese principio, si bien en algún caso puede significar que uno le de un igual trato a un extranjero que tiene poder económico frente a un nacional que no lo tiene, también asegura que cuando el nacional va al extranjero puede reclamar ese mismo trato en los otros países.
Lo cual es clave para un país como el nuestro que tiene un mercado relativamente pequeño y que siempre apuesta. De hecho, si uno mira por ejemplo sectores como el del software y las tecnologías de la información, que producen cuatro puntos del PBI nacional, la mayor parte de esos servicios son servicios que se exportan a Estados Unidos. Y nosotros pretendemos que cuando nuestros nacionales van a esos países tengan protección también. Entonces, el sistema tiene que guardar un equilibrio y tiene que estar pensado, sí, desde la lógica de potenciar a lo local, pero mucha de la potenciación no tiene que ver sólo con lo regulatorio, sino con una modificación de nuestra matriz cultural, con tener computadoras como las que tenemos para los niños en las escuelas, con planes muy exitosos. Uruguay es un ejemplo de éxito del plan Ceibal, una computadora por niño, pero que darle la computadora no sólo sea ayudarlo a desarrollar destrezas en el manejo de la computación, sino entender también desde niño que lo que está produciendo es susceptible de ser protegido por propiedad intelectual y es un potencial campo de desarrollo para ese niño en términos de qué profesión elijo, a qué me quiero dedicar y cuáles son las reglas de juego de esta profesión.
Ahí hay un trabajo a nivel cultural. Por eso, nosotros también desde la dirección celebramos un acuerdo con la ANEP para trabajar en programas que se aboquen a generar cultura en propiedad intelectual desde la infancia. Hay países que los tienen súper desarrollados en esto del benchmarking. Japón, por ejemplo, es un país que tiene muy claras las edades de los niños. A cierta edad cultivan creatividad en los niños. A cierta edad, cuando son un poquito más grandes, cultivan creatividad y moral. La creatividad para qué, para qué fines, qué es lo que busco con esto. Y ya cuando son un poquito más grandes les empiezan a explicar las reglas del sistema de propiedad intelectual. Para que tengan creatividad con fines morales, loables, para la sociedad, pero que al mismo tiempo la puedan proteger y encauzar de la manera en que la normativa se los permite.
Ese es un país que tiene una cultura, digamos, desde la niñez a la adultez, enfocada en la propiedad intelectual y no es casualidad que luego uno vea los números y vea que es una oficina, la de Japón, la JPO, súper desarrollada en estos temas porque la sociedad es culturalmente muy abocada a la producción de propiedad intelectual. Y es un sello del país, la creación del animé, con todo lo que eso ha implicado y su expansión en el mundo, es un típico caso de ejemplo de lo que la propiedad intelectual puede proteger y de cómo un país puede perfilarse hacia el mundo desde ese lugar.
Hasta ahora hablamos de propiedad intelectual, pero quiero pasar al tema de derecho de autor, que es un concepto más vinculado a lo que es cultura, que a lo que es empresa. ¿Cómo es en Uruguay el equilibrio entre la protección de los creadores y el acceso libre a la cultura?
Hay quienes plantean que hay una dicotomía o que beneficiar, o que tomar decisiones, en un sentido implica rechazar el otro. Es decir, si beneficio al creador limito la posibilidad de acceso a la cultura. Yo creo que eso no es así. Primero, porque en términos macro el sistema de propiedad intelectual en derecho a autor también tiene límites. Tiene límites en los plazos. Es decir, la vida del autor y 70 años después que fallece. Luego cae en el dominio público. Osea que, indefectiblemente, va a formar parte del dominio público y del acceso a la cultura.
Uruguay tiene una particularidad en eso, que es el dominio público pagante, que es una característica por la cual, luego de transcurridos todos estos plazos, cuando una obra cae en el dominio público, tiene que obtener una autorización del Consejo de Derecho Autor, que en general está asociada a un fee, a un monto, y ese dinero se vuelca a su vez para fondos que perciben los artistas y que perciben la cultura. La lógica de nuestro sistema está pensado para que al final del día siempre sea la cultura la principal beneficiaria. Pero también es cierto que nosotros tenemos que fomentar la cultura emprendedora, y la cultura de la innovación, y para eso es necesario que la innovación le procure al creador un beneficio por lo que crea.
Si uno no le asegura al cantante que puede monetizar el producto de su música, si uno no le asegura al escritor que puede vender un libro y cobrar derechos de propiedad intelectual por la obra que creó, si uno no le asegura al actor o al intérprete musical que puede también recibir un rédito por las canciones que interpreta o por la performance que tiene en una película, es muy difícil sostener un contexto cultural que no tiene insumos porque directamente el creador de esa cultura no tiene estímulos para crearla.
Hay que dejar de ver esos dos escenarios como una situación antagónica y entender de una vez por todas que la propiedad intelectual es un mecanismo de incentivos y el principal incentivo es para que el creador lo siga haciendo, siga creando propiedad intelectual. Al final del día el sistema ya está pensado para que transcurridos ciertos plazos esas obras caigan en el dominio público y la sociedad termine absorbiendo el producido de eso. Pero pero fortalecer también la capacidad del creador y los recursos con los que cuenta para dedicarse a crear es algo que es muy importante y que si no lo tomamos como un eje de trabajo es difícil porque uno también siente que hay mucho emprendedor de esa naturaleza en el rubro de los derechos de autor, hay cantantes, hay escritores, etcétera que les cuesta mucho despegar. Ahí es donde la propiedad intelectual tiene que ayudarlos a despegar y vivir de eso. Es lo que como país deberíamos apuntalar.
Hay programas que tienen que ver con el desarrollo cultural. En ese sentido, un ejemplo, creo yo, de éxito de esto es la situación de la Agencia de Cine y el Audiovisual, que se fortaleció su institucionalidad y se aumentaron los estímulos económicos que se volcaban a la industria, precisamente para, en paralelo a la protección que brinda la propiedad intelectual, ayudar a potenciar al sector con recursos para que pueda producir y pueda monetizar lo producido.
La Agencia de Cine ha tenido una mirada muy emprendedora y muy interesada por la propiedad intelectual. Cuando se produce mi designación como miembro del Consejo Directivo de la Agencia de Cine por decisión de la Ministra Facio, en coordinación también con Facundo Ponce de León, el objetivo era incorporar al directorio a alguien que viniese de la gestión ya de la propiedad intelectual. Yo ya venía trabajando en el Consejo de Derecho Autor y en la DNPI y participando en muchos debates también en la ONPI vinculado con estos temas. Eso tiene que ver precisamente con que la agencia también tenga una mirada sobre los derechos de propiedad intelectual y que lo potencien.
Cuando fue el evento de Ventana Sur se previó un panel especifico para hablar de ese tema, porque se entiende que posicionar recursos para la industria, para que produzcan películas, para que trabajen en guiones, para que trabajen en producción, pero no apuntalar la protección y el cuidado de la propiedad intelectual puede llevar a que todo ese dinero que uno da termine sin asegurar que la propiedad intelectual, que es resultado de todo ese esfuerzo, no se proteja y por lo tanto no se pueda monetizar lo que se creó.
En un momento donde hay que adaptarse constantemente a avances tecnológicos, especialmente en áreas como música, cine, fotografía, donde las reglas del juego están cambiando todo el tiempo últimamente. ¿Dónde se para la legislación actual en Uruguay? ¿Está trazada? ¿Está actualizada?
Hay debes. Desde mi humilde opinión, la normativa sobre derechos de autor es una normativa vieja que ha sufrido actualizaciones puntuales y separadas para ciertos temas. Nunca se hizo una revisión integral de la ley de derechos de autor. Creo que hay una oportunidad de revisar la normativa entera y ver qué puntos se pueden optimizar y cómo se pueden regular.
Todo esto tiene que venir acompañado de una reinstitucionalización de la autoridad regulatoria en materia de derecho de autor, que es el Consejo de Derecho de Autor, que funciona en base a un consejo directivo de cinco miembros, pero que son honorarios, que no tienen estructura, que no tienen una secretaría fija, que no tienen un contador contratado, que no tienen un abogado contratado, que es un área de alta especificidad técnica, que se debate en un lugar muy específico técnicamente y que no puede seguir existiendo sin una institucionalidad capaz de seguir los debates en el foro internacional. De trabajar en el posicionamiento país sobre estos temas y de trabajar en una labor activa de concientizar, de producir. Cinco miembros honorarios que no tienen ningún tipo de estructura presupuestal o funcionarial, es muy difícil que puedan llevar adelante la tarea de desarrollar conciencia y de desarrollar cultura.
Hasta ahora siempre se ha beneficiado el consejo del impulso y del ímpetu de los miembros. En esta gestión el presidente del Consejo de Derecho de Autor fue Ignacio Martínez, que todavía sigue siendo, que es un escritor espectacular que tenemos en Uruguay y que tiene mucha iniciativa personal de ir a las escuelas, hablar con los niños. Escribió un libro que relata la historia de niños en clase que aprenden lo que es la propiedad intelectual como una forma de generar cultura, pero son todas iniciativas que parten de una voluntad meramente personal y que carecen de una estructura que es la que debería darle soporte y empujar. Mismo incluso por la labor de contralor, que tiene el Consejo sobre las entidades de gestión colectiva, que es muy difícil para realizarla sin un contador que pueda hacer un análisis económico de cómo se mueven las industrias y de cómo fluye este incentivo hacia la industria. O de abogados que puedan entender la institucionalidad de fondo y trabajarla para mejorarla y activar otras soluciones.
Entiendo que la autoridad siempre es política porque es una decisión política potenciar la propiedad intelectual, pero el consejo necesita urgente una institucionalidad que le dé soporte y que le permita optimizar su función. Eso es urgente. Y en en línea con eso, tienen que trabajar más en profundidad las posibilidades de mejora o de cambio de adaptación de la ley de derecho autor, lo cual es un trabajo que no sólo requiere articulación política, que requiere mucha articulación técnica- Pero que requiere, básicamente, diálogo con todos los sectores interesados, porque la ley de derecho autor son las reglas de juego de algunas industrias y son las propias industrias los jugadores que tienen que estar con conciencia de sus reglas y viendo de qué manera se pueden optimizar esas reglas.
En ese sentido yo creo que hay una labor urgente. Mismo, para evitar también que a veces surjan iniciativas que surgen bien intencionadas, pero que se ejecutan sin una visión institucional desde el ejecutivo, como pasó con la normativa que modificó los derechos de los intérpretes y que generó toda la problemática con Spotify y las plataformas. Eso es producto de una intención noble, pero que no tuvo el respaldo de la institucionalidad, el consejo no fue consultado de manera previa, no tuvo posibilidad de trabajar en el diseño de esa normativa y después generó toda la problemática que generó. Esas son cosas que tenemos que verlas con mucho más seriedad y detalle porque las normas de protección intelectual no es solamente dejar contento al artista o al empresario o a quien fuera.
Hay una industria montada de la cual dependen muchas variables y uno tiene que tener en cuenta cómo impactan los cambios en esa industria y también cómo juegan esos cambios con las obligaciones que el país ha asumido a nivel internacional en el ámbito del comercio, que establecen ciertas condiciones de las que uno no se puede apartar tampoco. Entonces hay todo un análisis profundo, legal, económico, que hay que hacer en torno a esto, que la situación en que está actualmente el Consejo de Derecho de Autor no lo puede hacer.
Una de las preocupaciones que empieza a surgir, sobre todo con las grandes empresas tecnológicas, tiene que ver con que utilizan el sistema de propiedad intelectual para monopolizar a veces sectores claves. Ejemplo, patentes sobre algoritmos, tecnología de vanguardia, etc. ¿Cómo puede afectar eso la competencia y la innovación en un país como Uruguay?
Las patentes son un sistema de incentivos como el resto de los instrumentos de la propiedad intelectual y tienen por objetivo reservar los derechos económicos para el que las crea, por el plazo de 20 años. Entonces, puede darse la situación que una tecnología protegida por patente se vuelva esencial, como pasó por ejemplo con las vacunas para el COVID o como pasa con muchos fármacos en el ámbito de la salud. Ese es el ejemplo paradigmático porque además es un ejemplo que está mucho en los espacios internacionales en debate.
Pero también es cierto que el sistema ha previsto soluciones para eso. El sistema prevé, nuestra ley prevé. Es un sistema que es perfectible desde el punto de vista procedimental, pero que desde el punto de vista sustancial está muy bien recogido en nuestra ley, que prevé lo que se llaman licencias obligatorias.
Es decir, en determinadas circunstancias, cuando se da una situación de abuso de esa posición dominante del que tiene la tecnología o cuando se da una situación de escasez que la tecnología no llega al mercado, la legislación habilita, sujeto a ciertos procedimientos y a ciertas características y condiciones a que el sistema levante esa protección, habilitando la producción de ese fármaco, de esa tecnología, por un competidor para poderlo adquirir a precios más bajos.
Esa posibilidad existe ya en la normativa. De hecho tuvimos un caso en esta gestión, que fue público, de un fármaco que tampoco se podía adquirir al precio en que estaba y se avanzó con un procedimiento de licenciamiento obligatorio que luego no fue necesario terminar porque se terminó logrando un acuerdo de precio con respecto al fármaco, pero el procedimiento estaba previsto. Se comenzó y era una decisión firme que si no se lograba un acuerdo se debía avanzar rumbo a eso porque es el mecanismo que prevé la ley precisamente para lidiar con esas circunstancias. Entonces, la legislación de alguna manera prevé eso, está muy equilibrada en el sentido de que prevé derechos y estimula la innovación, pero no estimula el abuso de la innovación, estimula un uso razonable, estimula un uso que favorezca el crecimiento económico de los emprendimientos con ciertos límites.
Lo mismo empezó a pasar con las inteligencias artificiales y por ejemplo una de las grandes preocupaciones es el uso de materiales con derecho de autor que alimentan a las inteligencias artificiales. Dígase, el caso del New York Times denunciando a OpenAI por usar sus artículos para darle al algoritmo. ¿Cómo podría llegar a protegerse eso?
En Uruguay, el software y en principio los algoritmos no se protegen por el mecanismo de las patentes, se protegen por derechos de autor. Lo que quiere decir que el registro es facultativo, o sea, podés hacerlo o no. Lo ideal es hacerlo porque tener el algoritmo o el software registrado, además de los beneficios fiscales que otorgan en términos de exoneraciones, que es una política de Uruguay, sirven a los efectos probatorios para probar que uno fue el que lo creó, aunque es una prueba que admite a su vez prueba en contrario, pero facilita las condiciones del creador para proteger su invención.
Salvo casos muy puntuales donde el software se utilice para traccionar o hacer funcionar un aparato o un sistema específico, hay grises. Es un gris que yo había comenzado a estudiar, pero que es un trabajo que tiene que seguir haciendo la dirección. Son los únicos casos donde podría existir una posibilidad de patentamiento. En principio se protegen por derechos de autor y lo que es un debate muy fuerte instalado sobre el que muchos países todavía no han tomado esta posición en torno a la inteligencia artificial generativa. Respecto a si esta inteligencia artificial toma recursos de obras que están protegidas y sobre las cuales no se pidió permiso o derechos al autor originario.
Lo que hay es una declaración que firmó Uruguay, que la lideró AGESIC , donde los países se comprometen a realizar un uso ético y responsable y cuidadoso de la información, en lo que es el uso y el manejo de la inteligencia artificial generativa, pero todavía no hay una regla específica establecida que diga qué sucede en esos casos en concreto.
Cuando hablamos de países, estamos hablando a nivel público. ¿Qué pasa con lo que es a nivel privado?
A nivel privado lo que existen son controversias donde el titular de la propiedad intelectual que fue utilizada, o que se presume, o que se tiene probado que fue utilizada, por un sistema de inteligencia artificial para producir algo, reclama al titular de esa inteligencia artificial por los derechos sobre los cuales no se le pidió permiso para su uso. Eso es lo que está pasando.
Pero tiene una cantidad de dificultades probatorias. Hay que probar efectivamente que el sistema de inteligencia artificial usó ese dato, cuánto de ese dato contribuye al objeto producido por la inteligencia artificial. Es decir, hoy termina sustanciándose esa problemática en el marco de litigios o de conflictos particulares que muchos ni siquiera llegan a la justicia porque las partes terminan transando antes. Esa es la verdad.
Pero lo cierto es que los países están empezando a analizarlo tanto en lo individual como en lo multilateral. En espacios como la OMPI se está empezando a analizar qué hacer con esos casos y ver si se establece algún tipo de normativa general que exija protocolos de tratamiento de datos o de permisos o de cómo compatibilizar esto. Porque, además, lo particular de la inteligencia artificial generativa es que suele rastrillar mucha información que encuentra a una velocidad enorme y en un volumen enorme. Eso también es lo que le asegura su posibilidad de crecimiento y de perfeccionamiento de la herramienta.
Entonces, si uno obstaculiza eso también obstaculiza la posibilidad de desarrollo de la herramienta. Hay que buscar una ecuación que deje conformes a todos. ¿Cuál es? Todavía no está clara. En lo personal, siempre he sido proclive a tener un poco de paciencia con estos temas y ver cómo va evolucionando el mercado. Porque tomar una decisión por anticipado puede significar abrir una puerta o cerrar una puerta con la consecuente apertura o cierre de una industria, de un negocio, de un emprendimiento, de una oportunidad para el país.
Me parece que hay que ser muy cuidadosos. Hay que ir analizando cómo avanza esto en el mundo y hay que hacerlo siempre en coordinación con el sector privado, que es el que vive de primera mano el desarrollo tecnológico del país.
¿Qué vaticinas para la próxima gestión? ¿A qué desafíos se va a encontrar la próxima gestión en términos de propiedad intelectual y derecho a autor?
Yo creo que en materia de derecho de autor hay claramente un desafío en lo que es la institucionalidad del Consejo de Derecho a Autor y hay un desafío en lo que tiene que ver con la revisión integral de la Ley de Derecho de Autor, para ver de qué manera puede aggiornarse algunas soluciones que tiene adentro.
Por ejemplo, la decisión de trasladar el registro de software a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial fue una decisión basada en que la dirección funciona con un sistema 100% online y con una base pública donde los usuarios pueden consultar el estado de su trámite. Eso hasta ahora no existía. Estaba en la Biblioteca Nacional y además el trámite requería una fase presencial.
Para un país que trabaja con nómades digitales y con ingenieros que están radicados en cualquier parte del país, exigirles venir a la Biblioteca Nacional a hacer un registro en físico me parece que es un exceso. Entonces, tras análisis y conversación con Omar Paganini, con la ministra Facio y con el ecosistema (sobre todo el ecosistema, siempre fue para nosotros clave tenerlo en cuenta y recoger su voluntad y su opinión) nos pareció que era una medida que optimizaba. Pero, claro, es una medida específica. La ley requiere una mirada general.
Eso es un camino que implica también ahondar en posibles soluciones a la problemática que siempre destacan los intérpretes a través de su ley, que es un reclamo lógico y coherente y que tiene que tener una respuesta que, a mi criterio, hoy la ley no se la da. Pero que hay que buscar la forma que la ley se la dé. Eso también es un desafío futuro. Y en materia de propiedad industrial, yo creo que el desafío más grande que tiene la oficina, que lamentablemente yo no lo pude concretar, es terminar de reglamentar las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen son un intangible que puede ayudar enormemente a nuestro país a desarrollarse que tiene una profunda vocación de desarrollo en territorio. Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen son el champagne para Francia, la grappa para Italia, el tequila para México. Es eso, uno dice champagne y piensa en Francia enseguida.
¿Y Uruguay?
Uruguay tiene desde el año 1998 reconocida la categoría. Establece que se protege en indicaciones geográficas y denominaciones de origen, pero nunca se reglamentó. Y nosotros trabajamos muchísimo. Trabajamos dos años en reglamentar las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Teníamos expectativa de que se aprobara, pero a dos días de terminar la gestión, desde Secretaría de Presidencia nos devolvieron el proyecto sin aprobar, y eso no nos permitió terminar de ejecutar la aprobación de la normativa para que los emprendedores nacionales, que hay mucho producto nacional que se puede beneficiar de esto, pudieran potenciar sus cadenas de valor y pudieran potenciar el valor de sus productos.
Es un insumo. Hay comunidades de emprendedores, como pasa con los camaroneros en los camarones de Valizas, que ven en esta herramienta una posibilidad de potenciar el valor de su producto y de colocarlo, no solo en el mercado local, sino en mercados internacionales. Hay países que son productores de productos acuáticos y que, quizá, uno no les va a vender camarón porque ya tienen el propio. Ahora, si el camarón uruguayo es un camarón especial, que es único en su especie y en el mundo, ahí se abre todo un espacio para la potencial adquisición, involucramiento de toda la industria gastronómica en la elaboración de ese producto.
Lo mismo nos pasa con el butiá, lo mismo nos pasa con mieles que están ubicadas en zonas donde hay mucha flora nativa, entonces la abeja se nutre de esa flora nativa y eso le da un sabor especial a la miel y puede obtener un destaque a nivel mundial. Nosotros somos un país que muchas veces no puede competir en cantidad, pero sí en calidad. En ese sentido, la indicación geográfica y la denominación de origen son la herramienta para eso.
Además, tiene una profunda vocación de protección del trabajo en territorio porque la indicación protege la denominación que lleva el producto, de que es una indicación siempre que el producto sea extraído y gestionado en el lugar de donde es. Eso permite combatir el despoblamiento de la campaña porque el producto está ahí y necesitás localizarte ahí y gestionarlo desde ahí.
Ese es, creo, uno de los más grandes desafíos que tiene la oficina. Yo espero que la administración actual termine de consolidar esta reglamentación y la pueda aprobar porque creo que hay todo un ecosistema nacional que se puede beneficiar de ella y que podría verdaderamente cambiar la realidad de muchos de muchos sectores del país en eso.
Los países vecinos están trabajando muchísimo. Brasil lleva más de 100 indicaciones geográficas concedidas y con ello ha potenciado el café y una cantidad de productos como las bananas. Ha potenciado una cantidad de productos nacionales que hoy se encuentran parados en otro lugar que aquel en que estaban antes de aprobar esta normativa.
Es necesario que, de una vez por todas, Uruguay termine de una vez por todas de consolidar esta herramienta, que es una herramienta que la va a aprovechar todo el país. Tiene un profundo sentido descentralizador esta herramienta, así que deseo que sea una prioridad para la nueva administración. Sé que la nueva dirección está muy al tanto del tema, que ha trabajado también en el pasado en estos temas y que muy posiblemente se aboquen con fuerza a terminar de consolidar esto.
