La fecha fue confirmada en las últimas semanas, luego de que los abogados de los implicados aprobaran que el juez de la causa sea el magistrado Huberto Álvarez
Audiencia preliminar de Operación Océano. (Archivo)
Camilo dos SantosEl próximo martes 10 de junio comenzará el juicio oral contra los 11 imputados por la Operación Océano tras más de cinco años de espera, confirmó El Observador.
La fecha fue confirmada tras una reunión realizada entre todas las partes, luego de que los abogados de los implicados aprobaran que el juez de la causa sea el magistrado encargado del Juzgado Penal de 41° Turno, Huberto Álvarez, según informó El País.
El auto de apertura del juicio oral fue presentado por la jueza María Elena Mainard en febrero de 2024.
En el documento al que accedió El Observador, que tiene 327 páginas, Mainard reúne los hechos señalados en la acusación de la Fiscalía y esgrimidos por la defensa, y menciona que una de las víctimas tenía 13 años cuando fue contactada por uno de los imputados, otra que tenía 15 fue víctima de prácticas de sadomasoquismo, muchas de ellas participaron de sexo grupal y fueron filmadas o fotografiadas o se les pedía que enviaran fotos de contenidos sexual o íntimo, y a alguna se le pagó los servicios sexuales con drogas.
Por su parte, los once acusados de haber cometido delitos de explotación sexual de menores sobre ocho víctimas (una de ellas fallecida en 2020), han planteado en su defensa que las víctimas "se organizaron y coordinaron para captar hombres adultos, contactarlos y tratar de entablar relaciones de Sugar Daddy/Sugar Baby u ofrecerles sexo por dinero de manera ocasional".
Agregan que "algunas de estas jóvenes, a medida que iban ganando experiencia engañando viejos y relacionándose, comenzaron a inspirar a otras para que hicieran la misma actividad" y señalan que "la mentira o el engaño ha sido una constante demostrada y confesada" por las víctimas que declararon, "quienes han tratado de justificar con distintas excusas, como la adicción a las drogas, el hecho de comportarse de esa manera y mentir para tratar de convencer a los viejos que tuvieran sexo con ellas y obtener dinero para mantener su vicio".
Para los once imputados la fiscal Mariana Alfaro pidió entre tres y seis años de penitenciaría por delitos que van desde la retribución a personas menores de edad a cambio de actos sexuales o eróticos, producción y almacenamiento de pornografía utilizando a menores de edad o suministro de estupefacientes.
Además, solicitó que se los condene a pagar a las víctimas la suma equivalente a 12 salarios mínimos, por concepto de reparación patrimonial, condena incluida en la ley de género (19.580), así como la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa y de la salud.
Lo último que pasó fue que el juez Álvarez recibió el nuevo auto de apertura por parte de la jueza Silvia Urioste, que subsanó algunos errores que tenía el anterior documento además de que se presentaron algunas apelaciones.
El Código del Proceso Penal establece que los jueces con competencia en materia penal, "que hubieren intervenido en actuaciones previas a la audiencia de juicio quedarán automáticamente impedidos de celebrar la misma y dictar sentencia". Aclara que no se considerarán actuaciones previas el dictado de decretos de mero trámite.
El juez Álvarez les informó a las defensas el 19 de marzo que "atento a que el proveyente intervino en actuaciones previas al juicio, tales como autorizaciones para salir del país y decretos de sobreseimientos, conforme a lo dispuesto por el artículo 25.5 del CPP, confiérese vista a los efectos que puedan corresponder".
No obstante, algunos de los defensores consultados adelantaron a El Observador que no se opondrían por entender que Álvarez sólo intervino en trámites puntuales que no guardan relación con quienes irán a juicio porque al sobreseer a algunos de los imputados, no se trata de los que irán a juicio. Además afirmaron que no quedan muchos jueces de los que actúan en penal que no haya intervenido en el caso ya que inicialmente llegó a tener a más de 34 indagados.