La Sociedad de Productores Forestales (SPF) entiende que el nuevo decreto del Poder Ejecutivo que regula la producción forestal tiene aspectos positivos, como por ejemplo dar más agilidad al sector y brindar "una definición específica" a lo que es una plantación de este tipo.
Tal y como informó El Observador, el gobierno –a falta de 45 días para el cambio de mando– flexibilizó la normativa para aprobación ambiental de proyectos forestales en suelos ya plantados.
La decisión del Ejecutivo causó rechazo en la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, quienes emitieron un comunicado afirmando que la decisión está por fuera de los "lineamientos de protección del ambiente establecidas por la cartera".
En cambio, la determinación fue bien vista desde la SPF. El gerente general de la organización, Miguel Helou, dijo a El Observador que la nueva normativa "no implica modificaciones sustanciales al ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental en el caso de plantas forestales". A su vez, no ven "una marcha atrás" con respecto al anterior decreto.
"De las cosas valiosas que vemos en este nuevo decreto es que se precisó la definición de plantación forestal", dijo Helou y aclaró que es "toda acción de plantar con especies forestales en suelos que no haya habido un uso forestal previo".
La nueva normativa plantea que las plantaciones forestales de más de 100 hectáreas en suelos ya forestados –sin cambios de uso de suelo– deberán tramitar una Autorización Ambiental Especial y no una Autorización Ambiental Previa (APP), como hasta ahora. Esa autorización sale con mayor facilidad y tiene menos exigencias que la AAP.
"Lo que implica es un proceso más ágil", comentó el jerarca de los productores forestales sobre este punto.
Además, el nuevo decreto establece también que las plantaciones en suelos ya forestados pueden comenzar “bajo responsabilidad del titular aun encontrándose en trámite la autorización”. Eso “siempre que el proyecto hubiera sido comunicado a la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental (Dinacea) con un plazo de al menos 30 días de anticipación” al comienzo de la plantación.
"En caso que el proyecto no sea aprobado, el productor tiene que retirar lo que ha plantado y seguramente afrontar multas. Eso es un avance para nosotros, si bien es a riesgo", dijo Helou.
"Nos brinda otra agilidad. Las ventanas para todo el trabajo de preparación de tierra y plantación en el negocio forestal están muy circunscritas al otoño y a la primavera. Entonces el poder tener esta flexibilidad es un avance importante", sentenció.
Desde la SPF entienden que "no se produjeron modificaciones sustanciales al marco normativo" y sí "se generaron precisiones" para "tener un trámite más ágil".
El sindicato del Ministerio de Ambiente también señaló que los “técnicos del ministerio no tuvieron ningún tipo de participación”.
Sobre este punto, Helou indicó que estuvieron "discutiendo este tema con técnicos y autoridades del Ministerio de Ambiente" desde "el cuatrimestre final del 2023 y durante casi todo el 2024". Por lo que sentenció que no eran "ajenos" a que tenían "estas inquietudes".
Por su parte, el futuro ministro de Ambiente Edgardo Ortuño dijo que la normativa firmada por el todavía presidente Luis Lacalle Pou "va a ser un decreto de vuelo corto".
“Entendemos que es formalmente una potestad, pero es inconveniente que un gobierno que se está yendo tome estas decisiones sobre temas fundamentales para el desarrollo del país y que comprometen a futuro. Tienen derecho de hacer y el nuevo gobierno tiene el derecho de revisarlo y de tener una opinión crítica como la tengo”, dijo Ortuño en rueda de prensa.
Sobre este y demás puntos, Helou adelantó que pidieron "reuniones con las nuevas autoridades designadas", sin embargo, aún no las han concretado.
