Un grupo de acreedores solicitó formalmente ante la Justicia de Concursos de Montevideo la declaración de concurso necesario del empresario Pablo Carrasco argumentando su estado de insolvencia y el incumplimiento de pagos derivados de un contrato de arrendamiento rural, señala el decreto del juez Leonardo Méndez al que accedió El Observador.
El 29 de junio de 2020, los demandantes firmaron un contrato de arrendamiento rural con los representantes de la empresa Hernandarias XIII, Gustavo Basso y Pablo Carrasco, para el uso de cuatro padrones rurales en los departamentos de Río Negro y Paysandú, con un total de 2.166 hectáreas.
El acuerdo establecía un pago anual de U$S 167.942, dividido en dos cuotas semestrales de U$S 83.971 a abonar por adelantado. En el contrato, tanto Carrasco como Basso figuraban como fiadores solidarios, asumiendo la responsabilidad del pago en caso de incumplimiento por parte de la empresa.
Desde junio de 2024 los acreedores no han recibido ningún pago, ni de Hernandarias XIII ni de los fiadores, acumulando una deuda de U$S 83.971. Tampoco se les informó sobre la intención de entregar los inmuebles, incumpliendo lo pactado en el contrato.
Los solicitantes del concurso argumentan que Carrasco está en una situación de insolvencia, basada en varios elementos:
- Cierre de la sede de Conexión Ganadera, empresa vinculada al empresario, ubicada en Montevideo.
- Declaración de concurso de Hernandarias XIII, tramitada ante la Justicia de Concursos.
- Embargo por U$S 250.000.000 sobre bienes y créditos de Carrasco y su entorno, lo que superaría ampliamente su capacidad de asumir pasivos.
- Allanamientos realizados en las empresas bajo su control.
- Fallecimiento de su socio, Gustavo Basso, ocurrido en noviembre de 2024.
Los acreedores solicitaron a la Justicia que declare el concurso necesario de Pablo Carrasco y que se adopten medidas como:
- Limitación de su capacidad para disponer de bienes.
- Designación de un síndico que administre el concurso.
- Entrega del inmueble arrendado a los acreedores.
- Inscripción del concurso en el Registro Nacional de Actos Personales.
- Publicación de la resolución en el Diario Oficial.
- Convocatoria a una junta de acreedores para definir el curso del proceso.
La solicitud fue presentada ante el Juzgado Letrado de Concursos de Montevideo, que deberá evaluar la documentación y resolver sobre la procedencia del pedido.
