El organismo lo consideró “ilegítimo” y señaló que estuvo basado en graves violaciones al proceso
El fallo del primer Tribunal de Ética realizado por la Armada, que había sido homologado por el presidente Luis Lacalle Pou, fue anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por ser “ilegítimo” y estar basado en graves violaciones al justo proceso.
La sentencia unánime del TCA, que hasta ahora no se había hecho pública, tiene fecha del 27 de agosto y anula el fallo contrario que había recibido el capitán de navío Pablo Quezada, condenado en 2022 por el Tribunal de Ética por haber cometido una “falta grave”.
Aquel dictamen -ahora anulado- le privó a Quezada de asumir como agregado de Defensa en el Reino Unido, un cargo para el cual ya había sido designado.
El Tribunal de Ética al que fue sometido Quezada fue el primero que realizó la Armada luego de que un decreto de 2021 sustituyera los antiguos Tribunales de Honor por esta nueva instancia.
Sus integrantes fueron los contraalmirantes Mario Vizcay, que actuó como presidente, Gustavo Luciani y Miguel de Souza.
El Tribunal había sido pedido por otro oficial de la Armada, el entonces capitán de corbeta Nicolás Taramasco, por entender que Quezada había afectado su honor y su dignidad en forma grave al haberse referido a su esposa, también integrante de la fuerza, como “linda” en “reiteradas oportunidades”.
Durante las actuaciones, la esposa del denunciante estableció que, conversando con Quezada, y recordando un evento social ocurrido tres años atrás, éste le había dicho que su primera impresión al verla fue que era “linda”. Agregó que no se sintió incómoda por el comentario, ni pensó en hacer una denuncia.
Quezada dijo no haber querido ofender ni afectar el honor de nadie y estar dispuesto a retractarse si se considerara necesario.
Taramasco dijo no aceptar las explicaciones, pero sí la retractación. Se estableció entonces en un acta: “Este Tribunal entiende que queda subsanado el incidente personal”.
Sin embargo, las actuaciones continuaron y, a la hora de laudar, los tres integrantes del Tribunal no coincidieron en su interpretación de los hechos.
De Souza se inclinó por absolver a Quezada a pesar de entender que había cometido una imprudencia, Luciani entendió que era responsable de una falta ética leve y Vizcay de una falta grave.
Ante tres posiciones diferentes, Vizcay entendió que, como presidente del Tribunal, podía imponer su criterio, por lo cual falló que Quezada era culpable de haber cometido una falta grave. El presidente Lacalle Pou homologó luego este fallo el 17 de marzo de 2022.
Vizcay adujo que se basó en el artículo 96 del Código de Ética, que regula el funcionamiento del Tribunal y le da potestades a su presidente para solucionar cualquier problema de funcionamiento no contemplado en los reglamentos.
Dice el artículo: “Si durante su actuación, un Tribunal encontrara dificultades para su funcionamiento, por falta de cualquier prescripción reglamentaria de procedimiento, las solucionará de la forma que mejor convenga y si sus miembros no pudieran ponerse de acuerdo, decidirá el Presidente”.
El TCA, sin embargo, estableció que dicho artículo se aplica a “supuestos estrictamente administrativos” y no al fallo. La sentencia del Tribunal de lo Contencioso remarca que no existe ninguna disposición que habilite al presidente del Tribunal de Ética a decidir cuando no hay acuerdo sobre la falta cometida.
Lo hecho por el contralmirante Vizcay, señala el TCA, “cuestiona de modo decisivo el obrar administrativo” del Tribunal, “en tanto cercenó los principios y garantías que rigen a su respecto. En especial, el principio del debido proceso debe asegurar, en los fallos colectivos, que la decisión no quede sometida a la voluntad de una sola persona”.
“El presidente del Tribunal –agrega- neutralizó los votos de los restantes integrantes, imponiendo su voto –más gravoso- bajo la aplicación de una disposición que no se adecúa al caso, lo que resulta a todas luces ilegítimo”.
El fallo fue firmado por todos los ministros del Tribunal de lo Contencioso: José Balcaldi, William Corujo, Selva Klett, María Rosina Rossi y Ángel Cal, además del secretario letrado Ricardo Marquisio.
Tras este episodio, Quezada pasó a retiro. Antes había sido fue jefe de la División Política y Planes de la Armada y director de la Escuela Naval, designado por el presidente Lacalle Pou.
En 2022, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, lo había designado como agregado de Defensa en el Reino Unido y representante ante la Organización Marítima Internacional. El fallo adverso del Tribunal de Ética, ahora declarado nulo, le impidió tomar posesión de ese cargo.
