En la asamblea hubo reproches por "irregularidades" y acusaciones de estar sacando fotos de forma ilegal
Las autoridades de Casmu entregaron este miércoles –el día en que se vencía el plazo– en el Ministerio de Salud Pública su respuesta a las objeciones del informe de los tres interventores de la mutualista.
El documento fue elaborado por el abogado Miguel Tomé y consta de 75 páginas y 600 de anexos que buscan controvertir algunas de las afirmaciones realizadas por Sandra Lorenzo, Gerardo Lorente y Juan Carlos Simonelli, los especialistas designados por el gobierno en su diagnóstico de situación.
Ahora, la ministra Karina Rando analizará el contenido de la documentación para definir si mantiene la intervención tal como está o si dispone alguna medida extra que puede ir desde el desplazamiento de las autoridades hasta el extremo de la liquidación.
Tanto la respuesta de Casmu como el informe de los interventores se mantienen reservados.
Para disponer alguna medida el MSP debe considerar que hay un “grave desorden administrativo, contable y/o asistencial que ponga en riesgo la atención de los afiliados”, según señala el decreto que regula las intervenciones.
Antes de entregar el informe, las autoridades de Casmu encabezaron una asamblea con los socios capitalizadores (médicos) por el plan de reestructura que fue presentado al MSP en octubre.
La asamblea fue convocada para las siete de la tarde y terminó un rato después de la medianoche. Según reconstruyó El Observador con diversas fuentes que participaron de la sesión, transcurrió en un clima caldeado de tensión y hostilidad por la situación y el futuro de la mutualista.
Hubo reproches por “irregularidades” y señalamientos de que con la puesta en marcha del plan podía producirse un “deterioro” en la calidad asistencial.
Uno de los momentos de tensión se produjo cuando una de las personas que hizo uso de la palabra acusó que en la asamblea había “gente” que no debía estar –en referencia a los interventores– y señaló a uno de ellos de estar sacando fotos de forma ilegal, amenazando con denunciar la situación ante el MSP.
La división quedó plasmada en la moción que fue aprobada por apenas dos votos. 332 personas votaron a favor y 330 en contra. Algunos de los participantes reclamaron un “recuento” de votos por irregularidades, que finalmente no ocurrió.
La directiva de Casmu informó públicamente que los socios capitalistas habían aprobado el “plan de reestructura”, aunque la moción votada señala que se dio por “presentado e informado” el proyecto.
De hecho, la diferencia entre una posición y otra provocó una discusión en la noche ya que cuando había oradores anotados para hablar desde la mesa se promovió la votación de una “moción de orden” para aprobar el plan, algo irregular en las asambleas ya que una moción de esa índole es de “resolución” y debe hacerse al final.
El ida y vuelta, que también incluyó argumentaciones jurídicas acerca de los términos del “orden del día” para el que había sido citada la asamblea, se zanjó con la modificación del texto, que terminó señalando que se había “presentado e informado” el plan. La idea inicial era aprobar una moción que declaraba su acuerdo con el proyecto.
Para la directiva de Casmu, esto significa que se le dio el “visto bueno” al plan aunque fuentes consultadas por El Observador señalaron que el significado era diferente.
La reestructura fue elaborada por el intensivista Julio Pontet y plantea un ahorro de $90 millones anuales en la primera etapa. En el marco de ese plan, Casmu también firmó un acuerdo en el Ministerio de Trabajo con los funcionarios y la FUS por el que se comprometió a que desde el 1º de marzo no haya trabajadores no médicos en el seguro de paro.
Si bien el informe de los interventores aún no se conoce, la semana pasada dos jerarcas de Casmu renunciaron a la mutualista. Se trata de Osvaldo Barrios y Luis Laxalt. Ambos ocupaban tareas de responsabilidad en la gestión de proyectos y obras.
Ante el Parlamento a fines de octubre, la ministra Rando adelantó que había “procesos administrativos” dentro de Casmu que se llevan a cabo de “manera irregular” y que si bien los interventores trabajaron “correctamente” en algunos momentos la empresa les ha “dilatado” la llegada de información.
“Hemos visto que hay contratos que tienen que regularizarse y otros que no estaban escritos debidamente. Todo eso se está regularizando en la actualidad y el Ministerio de Salud Pública está intentando, por todos los medios, lograr la estabilidad de la institución”, subrayó la ministra.
La senadora Sandra Lazo le consultó si había delitos de índole legal, y la ministra le contestó que tal vez haya habido “alguna presunción”, pero no existe “nada fehacientemente comprobable”. “Sí existen irregularidades desde el punto de vista administrativo”, reiteró.
La titular de la Junasa, Alicia Rossi, agregó que no estaban buscando “ilegalidades en los contratos o en la gestión desde el punto de vista penal” pero consideró que el “desorden administrativo impacta en los resultados de la gestión”. “En realidad, se observa mucho desorden en determinados temas que tienen vinculación administrativa y también legal, y eso, aunque no sea algo ilegal, tiene resultados que son perjudiciales para la institución”, sentenció.
