La feria judicial mayor, que se extiende del 25 de diciembre al 31 de enero, junto con la de julio (que va del 1 al 15), establecida en la Ley Orgánica de los Tribunales para que los jueces tengan "la licencia que gozarán durante los dos períodos de receso" pone un parate al sistema de justicia, con excepción de los juzgados penales, los de familia especializados y de adolescentes, que funcionan con turnos especiales para atender los casos de flagrancia.
Ante esas afirmaciones el fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, quiso citarla como testigo para que aclarara sus expresiones. Sin embargo, la jueza Verónica Pena no le hizo lugar al planteo y ordenó que el caso sea remitido a la Fiscalía para que se le asigne un fiscal de flagrancia. Desde Fiscalía se informó que la designación de la nueva fiscalía en la DPA se hará antes de fin de año pero el caso recién se indagará en febrero. El o la fiscal que instruyan la investigación deberá decidir si cita a Topolansky en calidad de indagada o de testigo.
Caso Charles Carrera
En la audiencia que se realizó este lunes 23, a pedido de la defensa del exsenador Charles Carrera para que se archivara la denuncia o la fiscal Silvia Porteiro pidiera la imputación del exsenador del MPP, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera no hizo lugar a la solicitud pero le pidió a la fiscal que se expida "en un plazo razonable". En setiembre Porteiro pidió el desafuero de Carrera, quién renunció al Senado y pidió a la Corte Electoral no ser proclamado para la próxima legislatura, para imputarlo por el delito de abuso de funciones por brindarle atención médica en el Hospital Policial a Víctor Hernández, a quien no le correspondía, luego de que perdiera la movilidad por una bala perdida que supuestamente salió de la casa de un comisario en La Paloma, donde se realizaba una fiesta.
Fuga de Morabito
Después de cinco años de los hechos, la fiscal Porteiro sigue sin pronunciarse sobre las responsabilidades penales por la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito que derivó en los encuentros que tenía con el narco mexicano Gerardo González Valencia, con conocimiento de las autoridades anteriores del Ministerio del Interior. Por esta causa declararon el exdirector nacional de la Policía, Mario Layera, y el exjefe de la Republicana, Alfredo Clavijo. Si bien el Ministerio del Interior pidió la destitución de cuatro funcionarios que cometieron "faltas muy graves", la fiscal Porteiro no pidió imputaciones aun.
Antel Arena
Luego de que interrogó a diez profesionales, entre arquitectos y contadores, vinculados a la obra de construcción del Antel Arena, el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez deberá pronunciarse sobre si pide imputaciones o vuelve a archivar la denuncia, como lo había resuelto su colega, Alejandro Machado. Luego del archivo, el directorio de Antel pidió la revisión e insistió en que hubo irregularidades además de “apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa".
Caso Marset
El fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado viene trabajando en la segunda causa vinculada al narcotraficante Sebastian Marset, en la que la ex vicecanciller Carolina Ache denunció que se intentaron ocultar los chats de las conversaciones que mantuvo con el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel y sobre la destrucción de documentación que estaba incluida en la investigación administrativa de Cancillería. Durante el segundo semestre de 2024, el fiscal, junto a su equipo, se abocó al armado de la causa y en la estrategia de la investigación. Además de a Maciel, la causa tiene como indagados al excanciller Francisco Bustillo, al exasesor presidencial Roberto Lafluf, por la destrucción del acta notarial en la que se incluían los chats entre Ache y Maciel de la investigación administrativa, y al director de Jurídica de Cancillería, Carlos Mata.
Caso Penadés
Ya está prevista para el 6 de febrero una audiencia en la que se discutirá si amerita que el exsenador nacionalista Gustavo Penadés, imputado por 22 delitos sexuales contra menores y por su participación en la llamada "trama" por la que se investigó a las presuntas víctimas, espere el proceso en libertad provisional o continúe preso, junto al profesor Sebastián Mauvezin, acusado de ser el nexo entre Penadés y los adolescentes. Hasta ahora la Justicia argumentó que no existe riesgo de fuga, pero sí riesgo para las víctimas y para el entorpecimiento de la investigación.
La Justicia le dio plazo a la fiscal Alicia Ghione hasta el 10 de junio de 2025 para investigar por lo que antes de esa fecha deberá acusar a los imputados, mientras sus defensores señalaron en entrevista con El Observador este lunes que no existen pruebas de esos 22 delitos y que consideran ir la Corte Interamericana (de DDHH) porque "realmente hoy Penadés está en un estado de indefensión”.
Caso Astesiano
Con la designación de la fiscal Sabrina Flores en la Fiscalía de Homicidios que quedó vacante por la designación de Carlos Negro como ministro del Interior desde el 1 de marzo, el caso Astesiano cambiará de fiscal nuevamente. Si bien luego de la condena del excustodio presidencial se archivaron muchas indagatorias y otras se formalizaron, quedan pendientes algunos puntos que Flores seguía indagando como el seguimiento al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, así como también el trasiego de personas con documentación irregular de la frontera Chuy-Uruguay Brasil. En ese caso, se investigaba a un funcionario del Ministerio de Industria que participó en ingreso de rusos que se casaron en el Chuy, había informado La Diaria.
Casos Larrarte y República Ganadera
La caída de dos empresas que se dedicaban a la explotación de ganado y que captaban inversores bajo un esquema ponzi, en el que se ofrecían rentabilidades sobre la inversión, derivaron en más de un centenar de denuncias penales por estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos.
El caso Larrarte acumula más de cien denuncias que están bajo investigación del fiscal Alejandro Machado quien se pronunciará después de la feria. En tanto, las denuncias contra República Ganadera, que datan de fines de noviembre y principios de diciembre, son investigadas por la fiscal de flagrancia Patricia Rodriguez. La fiscal le pidió a Interpol que interrogue a los denunciantes y en los últimas días así se cumplió, mientras siguen su curso los procesos concursales para la liquidación de las empresas si no se llega a otra salida.
Sara Goldring
A la espera de que Estados Unidos responda a dos pedidos de información del fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez pedirá prórroga a la Justicia para acusar a la corredora de bolsa Sara Goldring, que fue imputada hace un años por un delito continuado de apropiación indebida. Se estima que las pérdidas alcanzaron los US$ 150 millones y como informó El Observador, un grupo de inversores extranjeros prepara una demanda por estafa.
Estafa de Aguiar
El fiscal Gilberto Rodriguez investiga a cómplices de la estafa cometida por el empresario Gonzalo Aguiar, quien murió al recibir balazos de su pareja en legítima defensa, como falló la Justicia recientemente. La fiscalía de Delitos Económicos tiene identificado a un abogado, que era una especie de mano derecha de Aguiar y se hizo pasar por el presidente del BROU ante los empresarios canadienses que financiaron la construcción de Boreal, la planta de cáñamo industrial. Asimismo el fiscal tiene en la mira otros indagados y se espera de que después de la feria pida algunas imputaciones.
Arazatí
Si bien no es un caso penal, dará que hablar en 2025 lo que resuelva la justicia ya que es uno de las obras de gran envergadura que definió el gobierno de Luis Lacalle Pou pero se terminará concretando en el gobierno de Yamandú Orsi. Luego de que la Justicia levantara la medida de no innovar, que prohibía a OSE firmar el contrato con el Consorcio que lleva adelante el proyecto, y se quitara al juez Alejandro Recarey del caso, otro juez asumió competencia. El nuevo juez deberá revisar las medidas provisionales y los reclamos presentados por las partes, y pronunciase al respecto.
Intendente Ezquerra
El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, viene siendo indagado por la Fiscalía por irregularidades en la venta de un campo. En mayo pidió a la Junta la recategorización del padrón, para que pase de rural a suburbano industrial. Ese mismo día lo vendió a Ballintoy SAS, que busca instalar una planta industrial de madera de pino, por US$ 210mil. Lo había comprado por US$ 32 mil.
Juicios que se deberán realizar en 2025
Caso Cendoya
El exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Nicolás Cendoya, imputado por tres delitos de abuso de funciones en 2022 aguarda que se inicie el juicio pero durante todo 2024 fiscalía y defensa, junto con el juez de garantías han realizado decenas de audiencias para discutir la prueba que entrará en el juicio. La Justicia imputó a Cendoya por tres irregularidades: la destrucción de documentación de la Ursec, el procedimiento por el que se habilitó el funcionamiento de la radio Palmitas FM (Soriano), y el otorgamiento de una radio comunitaria en Salto que operó con una potencia mayor a la habilitada.
Operación Oceáno
El juicio por el caso que investiga delitos de explotación sexual de adolescentes de entre 13 y 17 años, debió haber comenzado en 2024 pero por unos errores en el auto de apertura, que es el documento que entrega el juez de garantía al juez de juicio, con todos los hechos y las pruebas que se deberán evaluar en el juicio. Por ese motivo y por una serie de apelaciones de los defensores, se aplazó el inicio que se espera para el primer semestre de 2025. El caso tiene a 11 imputados, dado que de los 34 investigados inicialmente por la fiscal Darviña Viera, 14 fueron sobreseídos por la propia fiscalía, y los nueve restantes fueron condenados por acuerdo abreviado.
Expresidente de Casa de Galicia
El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez pidió que se condene a tres años de cárcel al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias por los delitos de apropiación indebida e insolvencia societaria fraudulenta. Según informó El País, se lo acusa de haber realizado un mal manejo financiero de Casa de Galicia, por haber realizado pagos absolutamente arbitrarios y sin el menor control contable y financiero, que derivaron en la disolución y concurso culpable de la mutualista. Con la acusación de la Fiscalía se abre paso al juicio, salvo que Iglesias acepte la condena y el caso se cierre por proceso abreviado.
