El gobierno de Luis Lacalle Pou envió el beneplácito y prevé enviar la venia a la Comisión Permanente
Archivo. Bustillo y Lacalle Pou
Leonardo Carreño La decisión de la administración de Luis Lacalle Pou de comenzar a recorrer el camino para designar al excanciller Francisco Bustillo como nuevo embajador en Perú abrió un nuevo frente de tensión en la transición.
El gobierno saliente envió recientemente a Lima la solicitud de beneplácito –un trámite diplomático que habilita al otro Estado a dar su visto bueno sobre un nombramiento– y espera recibir la respuesta a la brevedad para mandar la venia al Poder Legislativo.
Las designaciones de embajadores deben ser aprobadas por el Senado, pero como el Parlamento está de receso, el caso será tratado por la Comisión Permanente donde la coalición goza de mayoría (6 a 5) hasta el 15 de febrero, fecha en que comenzará la nueva legislatura.
Aunque formalmente el gobierno de Lacalle Pou aún no envió la venia, el tema genera inquietud en las autoridades entrantes, legisladores del Frente Amplio y representantes de la coalición desde la semana pasada cuando Eduardo Preve dio cuenta en X de la situación.
Según supo El Observador por fuentes de la administración saliente, la intención de enviar a Bustillo a Lima formó parte de una conversación entre Lacalle Pou y Yamandú Orsi.
El tema también estuvo en un diálogo entre Rodrigo Ferrés y Alejandro Sánchez, coincidieron fuentes de ambos gobiernos. En ese intercambio, dijeron las fuentes, el próximo secretario de la Presidencia transmitió que el Frente Amplio no estaba de acuerdo con el nombramiento y que no lo votaría en el Parlamento. Si bien hay excepciones, la cortesía parlamentaria establece que este tipo de venias se votan por unanimidad.
Más allá de la negativa, desde el gobierno saliente señalan que ni Orsi ni Sánchez comunicaron que harán retornar a Bustillo una vez que asuma –una potestad que tendrán desde el 1° de marzo–, por lo que la administración de Lacalle Pou entiende que si la venia reúne los votos suficientes como para ser aprobada y el excanciller viaja, continuará como jefe de misión en Lima durante el gobierno del Frente Amplio.
El senador Daniel Caggiani –que sigue los temas de política exterior e integra la Comisión Permanente– dijo este martes en Desayunos Informales que había hablado con las “autoridades designadas” de la Cancillería (Mario Lubetkin y Valeria Csukasi) los cuales no tenían “novedades en ese sentido”.
A título personal, Caggiani consideró que no era “muy serio” designar a un embajador –cualquiera sea– en un gobierno saliente “sin tener por lo menos una conversación con las autoridades entrantes”.
“Si mandan la venia podremos conversar con las autoridades”, sentenció.
Si bien la coalición tiene mayoría, en el oficialismo no están seguros de tener los votos suficientes para aprobar la venia debido a que tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto han sido críticos con Bustillo.
Los seis integrantes de la coalición en la Comisión Permanente son los blancos Graciela Bianchi, Gabriel Gianoli y Pedro Jisdonian, las coloradas Carmen Sanguinetti y María Eugenia Roselló, y el cabildante Sebastián Cal.
En el gobierno descuentan los tres votos del Partido Nacional y según supo El Observador, Cal está afín a votarla.
La incógnita pasa por María Eugenia Rosello, que no tiene la decisión tomada y piensa hablar con el Partido Colorado, y por Carmen Sanguinetti, que integra Vamos Uruguay, el sector liderado por Pedro Bordaberry. El colorado –senador electo– ha cuestionado con dureza al excanciller y fue el único que no votó su venia en 2012 para ser embajador en España.
El actual embajador de Uruguay en Lima es el exvicepresidente colorado Luis Hierro López. Según supo El Observador, el envío de Bustillo como su sucesor le fue comunicado tanto por Lacalle Pou como por el canciller Omar Paganini.
Hierro dejará el cargo una vez que finalice el gobierno porque es un embajador político, algo que lo diferencia de Bustillo que si bien está vinculado al Partido Nacional, es funcionario del Servicio Exterior con rango de embajador (el máximo del escalafón).
Bustillo renunció como canciller en 2023 luego que Carolina Ache –exvicecanciller– revelara en Fiscalía que el gobierno había intentado ocultar a la Justicia información vinculada a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
Bustillo declaró en la investigación por la entrega del pasaporte a Marset –que ya fue archivada– y mientras que la segunda causa (sobre el intento de ocultar información a la Justicia) sigue abierta.
Tras su salida como ministro, Bustillo estuvo varios meses usufructuando la licencia que tenía acumulada y luego pasó a desempeñarse como asesor de la dirección de Asuntos Políticos.
El excanciller tiene 64 años. Los funcionarios del Servicio Exterior pueden permanecer en funciones hasta los 70 años y luego pasan a retiro, según lo establece la normativa.
En la Cancillería de Omar Paganini entienden que tiene derecho a salir al exterior porque hace casi cinco años que llegó a Montevideo desde su anterior destino (embajador en España).
Señalan que lo ampara el artículo 27 del estatuto del Servicio Exterior, que establece que todo el personal de carrera deberá “obligatoriamente rotar” en el desempeño de funciones, alternando “períodos máximos de cinco años en el exterior y mínimos de dos años en la Cancillería respectivamente, siendo facultad de la Administración determinar, dentro de los límites establecidos y de acuerdo con las necesidades del servicio, su extensión”.
Más allá del derecho y la negativa a votarlo, por estas horas en el Frente Amplio señalan que es “de estilo” no nombrar embajadores durante la transición y dejar las misiones vacantes para que el nuevo canciller pueda desplegar a su equipo a piacere.
De hecho, ese fue el argumento que utilizó el Partido Nacional en 2019 para frenar el envío de dos embajadores de carrera propuestos por el entonces canciller Rodolfo Nin Novoa.
Se trata de Valeria Csukasi –futura subsecretaria– y Raúl Pollak –hoy embajador en Vietnam– quienes habían sido postulados para encabezar las misiones de Londres y Roma, dos de los destinos más importantes del servicio exterior.
La negativa fue transmitida por el entonces diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. “Planteamos con antelación que no estábamos en condiciones de votarlas. La posición del partido, en función de que estamos en medio de una transición, es que es razonable que decisiones de esta envergadura se conversen en ese ámbito. Porque, además, son dos destinos muy importantes", afirmó en ese entonces a El Observador.
El hoy subsecretario del Interior aseguró que no discutían la capacidad de ambos embajadores de carrera. “Una decisión tomada por el gobierno saliente condiciona al próximo, o bien a mantener a estos funcionarios durante cinco años o bien tomar alguna otra decisión que no sería deseable", sentenció.
