Se registró la primera muerte materna en Uruguay en el 2024 y tuvo como víctima a una adolescente de 16 años que vivía en un hogar del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y era parte de una red de explotación sexual que trabajaba en Rivera y Santana do Livramento, según informó Radio Sarandí.
La menor ingresó al hogar del INAU en junio de 2023 por disposición judicial luego de una denuncia de violencia doméstica contra su madre. La Justicia solicitó que se le realizara un control psicológico y psiquiátrico ya que sus controles médicos estaban desactualizados desde 2019, y se solicitó que ingresara a un centro educativo.
Desde el momento en que entró al hogar, se constató que la joven tuvo 17 salidas no acordadas. Según indica una denuncia presentada en Fiscalía en noviembre de 2023, en esos meses la adolescente fue parte de una red de explotación sexual que captaba jóvenes en Rivera y las enviaba a Santana. En una de esas ocasiones, la menor fue víctima de abuso sexual y se constató que tenía un embarazo de 14 semanas.
A principios de diciembre se coordinó un encuentro de la joven con un equipo de salud de Fiscalía, pero ella no asistió por otra salida no acordada. La situación se reiteró en reiteradas oportunidades y las autoridades decidieron egresarla del hogar del INAU y quitar las restricciones de acercamiento a su madre debido a que la joven se quedaba allí, aunque mantuvieron un acompañamiento médico a su situación.
Meses después, la adolescente fue ingresada a un hospital cuando cursaba 32 semanas de embarazo. Le practicaron una cesárea en la que nació su hijo, pero luego fue ingresada a un CTI por problemas respiratorios y renales, que derivaron en su fallecimiento.
El director departamental del INAU, Enrique Guadalupe, dijo en una entrevista con Informativo Sarandí que la adolescente fallecida "fue tratada como se debe" por parte del INAU y lamentó que a los jóvenes "no se los puede obligar a volver" a los hogares cuando realizan las salidas no acordadas.
"Nos está faltando el tema normativo que nos tiene que ayudar un poco, porque yo no me puedo olvidar de mil cosas que salen bien por una que a veces sale más o menos", agregó el jerarca.
Según Guadalupe, la adolescente "iba saliendo, iba funcionando bien y de un día de un momento para el otro se descompensó y dejó de existir" e indicó que tanto INAU como ASSE están investigando lo sucedido.
El bebé de la joven se encuentra en un hospital desde mayo a la espera de que la Justicia dictamine qué hacer con él, ya que la familia de la madre no tiene la capacidad de cuidado necesaria.
El otro caso de abuso y embarazo adolescente del mismo hogar del INAU en Rivera: cifras que preocupan
Según reportó Sarandí, en el mismo hogar en el que residió la adolescente fallecida también estaba ingresada una adolescente de 12 años que era parte de la misma red de explotación sexual y que interrumpió un embarazo luego de sufrir abuso sexual.
En 2023 la menor fue encontrada en Brasil en una habitación con cinco hombres y le detectaron varias drogas en el organismo, entre ellas cocaína y éxtasis. Actualmente sigue bajo el cuidado del Estado y fue alejada de Rivera, donde teme que los abusadores puedan volver a encontrarla.
El 23% de las niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas viven bajo el amparo del Estado uruguayo. El embarazo en esta etapa, indican desde INAU, "está vinculado de algún modo a la violencia", tanto "de manera inmediata" por casos de "violación u otra relación abusiva" como "de forma más estructural, múltiple y acumulada en el tiempo".
Natalia Argenzio, directora de INAU del Frente Amplio, dijo a Informativo Sarandí que el año pasado se registraron un total de 9.468 salidas no acordadas de adolescentes de hogares del organismo. "Hay que dimensionar la exposición al riesgo de la adolescencia, están en una situación de emergencia país", lamentó la jerarca.
Según la directora, no se debe "modificar la normativa" para retener a los y las jóvenes en los hogares: "Lo que tenemos que hacer a nivel del Estado es protegerlas y para protegerlas, tenemos que tener un sistema de protección que tenga las condiciones".
Para esto, entiende que es necesario tener una mayor cantidad de equipos para abordar los casos de los menores, integrados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
