El equipo de Yamandú Orsi estudiará los cambios propuestos y dará una respuesta; Robert Bouvier reiteró que el contrato se firmará
La construcción de la nueva planta potabilizadora en Arazatí, el balneario de San José sobre el Río de la Plata, es uno de los temas que genera mayor controversia en la transición.
El Frente Amplio la rechaza y se ha opuesto desde el principio, pero el presidente Luis Lacalle Pou ha dicho que su gobierno firmará el contrato aunque está dispuesto a consensuar cambios con Yamandú Orsi.
Conocidas esas diferencias, y sabiendo que el proyecto no tiene marcha atrás, el consorcio Aguas de Montevideo –promotor de la iniciativa privada y ganador de la licitación– presentó este jueves a las autoridades entrantes y salientes una serie de modificaciones que buscan atender parte de los cuestionamientos que ha recibido la obra.
La presentación fue realizada en la Torre Ejecutiva en el marco de una reunión que estuvo destinada específicamente a hablar del proyecto. Previamente hubo otra en la que el equipo de Orsi recibió información de todos los ministerios.
Por el gobierno saliente participaron el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, la prosecretaria, Mariana Cabrera, y el ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Por el gobierno entrante lo hicieron Alejandro Sánchez, Jorge Díaz y Edgardo Ortuño, que los sucederán desde el 1° de marzo. Por el consorcio estuvo el ingeniero Alejandro Ruibal.
Sánchez y Bouvier reconocieron que las modificaciones tenían que ver con el pólder pero no quisieron detallar cuáles eran.
El pólder es una reserva de agua de 15 hectómetros cúbicos.
Su construcción está prevista para garantizar que la planta en Arazatí suministre de 200 mil metros cúbicos de agua por día y se prevé utilizar los días en que la salinidad del Río de la Plata sea mayor a la autorizada.
Según confirmó El Observador con fuentes que participaron de la reunión, el consorcio propuso quitarlo o achicarlo –una opción es que sea del tamaño que estaba previsto en el anteproyecto (casi cinco veces más chico)– y construir una segunda toma en un curso de agua dulce.
Los promotores plantearon dos alternativas para la nueva toma. Una más al norte sobre uno de los arroyos que están cerca de la zona (puede ser el Pavón o el Cufré) y otra más al oeste, ya en Colonia. Esta última opción es la más cara por la cantidad de tubería que se debe construir para conducir el agua hasta la planta.
“Las alternativas eliminan el problema de la salinidad”, resumió uno de los informantes. La segunda toma se utilizaría al registrarse los episodios de salinidad en el Río de la Plata.
El futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que iban a estudiar los cambios propuestos y que cuando tuvieran opinión la iban a dar, mientras que el saliente ministro de Ambiente, Robert Bouvier, señaló que el gobierno estaba “dispuesto a trabajar sobre esas alternativas”.
De todos modos, Sánchez aclaró que sus discrepancias iban más allá de la salinidad, ya que también tienen reparos con el modelo económico y de gestión seleccionado por el gobierno.
Mientras transcurría la reunión, manifestantes en contra del proyecto se movilizaron en la Plaza Independencia y entregaron una carta firmada por más de 150 organizaciones. A la salida del encuentro, el futuro secretario de la Presidencia dialogó brevemente con los manifestantes y les confirmó que se reunirán con ellos la próxima semana.
A principios de diciembre, al otorgar la autorización previa al proyecto, los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente hicieron una serie de observaciones a la obra.
La mayoría estuvieron concentradas en las estimaciones de los episodios en que ocurrirían eventos de salinidad y algunos impactos que podría tener el pólder.
Consideraron que el consorcio había sido “muy optimista” al valorar el riesgo que tenía el proyecto de “no poder cumplir” con el objetivo de proveer los 200.000 metros cúbicos por día y dijeron que el período de retorno de 50 años para eventos de 70 días de salinidad –algo que ocurrió en un lapso de tres años en que se instaló una sonda– no estuvo suficientemente fundamentado por lo que era “precautorio” asumir que fuera menor (del orden de 20 años).
Respecto a la construcción del pólder, la preocupación –tanto de vecinos como de las organizaciones sociales– era que la operación del proyecto tenía el potencial de afectar al sistema acuífero Raigón por las “potenciales infiltraciones” que pudieran ocurrir.
Tras analizar la información –y pedir nuevas pruebas– los técnicos de Ambiente validaron la construcción del pólder aunque pidieron conservar una capa de tierra que se extraerá, algo que no estaba previsto y que encarecería el proyecto.
