La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió en una reunión extraordinaria de cancilleres una resolución en la que reclama elecciones libres en Nicaragua y la inmediata liberación de los presos políticos. Si bien se aprobó por consenso, el texto requirió negociaciones hasta pasada la medianoche del jueves y Uruguay se alineó con Brasil en su rechazo a una redacción impulsada por Estados Unidos que a su entender otorga discrecionalidad para una injerencia más fuerte en la región.
La administración de Donald Trump estuvo representada por el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, al tiempo que el canciller Mario Lubetkin delegó la representación uruguaya en el embajador Edison Lanza. Para que hubiera consenso, los países acordaron que el foco sea la dictadura nicaragüense y que tanto Uruguay como Brasil pudieran dejar sus constancias en una nota al pie, según pudo reconstruir El Observador.
El punto de la discordia refería al sexto párrafo de la resolución aprobada, que establece que los sucesos en Nicaragua ya han tenido “impactos negativos en países del hemisferio y tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región”.
Tanto Uruguay como Brasil dejaron constancia de sus diferencias con esa redacción, impulsada por Estados Unidos y los gobiernos más alineados a la administración de Trump: Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana.
En su intervención, el embajador uruguayo Lanza fundamentó que “sin dejar de reconocer que la represión a opositores por parte de Nicaragua se ha extendido a otros países de la región, Uruguay entiende que la situación afecta principios democráticos esenciales pero no debería caracterizarse como una amenaza a la paz y la seguridad hemisférica”.
“Entendemos que una calificación de esa dimensión no encuentra respaldo fáctico y podría dar lugar a medidas que vulneren el principio de no intervención, incluida la amenaza o el uso de la fuerza incompatible con los principios y normas del derecho internacional”, afirmó Lanza en su intervención.
De todos modos, Uruguay sí respaldó la aprobación de la resolución y el embajador cuestionó duramente al régimen nicaragüense.
Por su parte, Brasil apuntó que “se desvincula de cualquier intento, incluso indirecto, de caracterizar la situación en Nicaragua como una amenaza potencial a la paz y la seguridad regionales, determinación que corresponde al ámbito de competencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
Estados Unidos, en tanto, defendió su posición respecto a que el régimen afecta a toda la región. “Todos entendemos que la crisis democrática en Nicaragua no es solamente un asunto interno. Por el contrario, la dictadura pone en peligro la paz y la seguridad de nuestro hemisferio”, afirmó Landau en su intervención.
“La dictadura desestabiliza América Central y nuestro hemisferio más amplio al facilitar inmigración ilegal y recibiendo servicios de seguridad no hemisféricos que apoyan la represión. Estos servicios no hemisféricos entrenan a la policía nacional de Nicaragua y comparten inteligencia con la máquina represiva del régimen”, denunció el subsecretario del Departamento de Estado norteamericano, quien aseguró que estas fuerzas “están usando Nicaragua como un trampolín para nuestra región, amenazando la paz y la seguridad de Centroamérica y nuestro hemisferio”.
Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos
La referencia concreta es a la presencia creciente de China, Irán y Rusia en ese país a través de tropas, instalaciones o tecnología. Ortega, enfrentado a Occidente, se ha alineado con estos regímenes.
Infobae informó el jueves que Uruguay, Brasil y México también plantearon reparos a que se aludiera a la “minería ilegal y las actividades de la delincuencia organizada transnacional vinculadas a ella” en Nicaragua.
La resolución final no incluyó ninguna mención al tema, salvo por una nota al pie de Costa Rica, que es limítrofe con Nicaragua y reclamó una “referencia explícita” a ambos elementos y a “sus efectos extraterritoriales sobre el medio ambiente y la seguridad en los Estados vecinos”.
México, por su parte, se desmarcó de la resolución y planteó el mismo reparo que Brasil y Uruguay: que a su entender no corresponde hablar de una desestabilización para el resto del hemisferio.
La condena uruguaya a Nicaragua
En su alocución, Lanza citó los sucesivos informes internacionales que “dan cuenta de graves vulneraciones de derechos fundamentales” como “detenciones arbitrarias, afectaciones a las garantías judiciales y al debido proceso, restricciones a las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y religión, persecución política, privaciones arbitrarias de la nacionalidad, malos tratos y denuncias de desapariciones forzadas y tortura, así como el control estatal del espacio cívico”.
Tras la reforma constitucional en Nicaragua que prohibió la participación de la oposición en elecciones y que extendió el mandato presidencial, el embajador sostuvo que “Uruguay observa con especial preocupación” dichas medidas por afectar “la alternancia en el ejercicio del poder, el pluralismo político y la posibilidad de una participación efectiva de las distintas expresiones políticas en los procesos electorales”.
Cuando anunció la reforma en julio, el dictador Ortega proclamó que “se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, por los somocistas, volverán a llegar al gobierno”.
Para Marco Rubio, las declaraciones de Daniel Ortega (arriba, en una imagen de 2025) "demuestran su cobardía y su temor a la voluntad del pueblo nicaragüense".
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Uruguay consideró “indispensable para la reconstrucción de la confianza” que el régimen asegure la “plena vigencia de los derechos políticos de todos los nicaragüenses”.
También reclamó la liberación de presos políticos, “la restitución de los derechos de quienes han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad, la devolución de los bienes confiscados y la restauración de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica”.
El embajador uruguayo planteó que la “gravedad” de la situación del pueblo nicaragüense “exige que la comunidad internacional responda de manera conjunta con una hoja de ruta orientada al restablecimiento de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos”.
La resolución aprobada este viernes creó en tanto un “Grupo de Seguimiento Ministerial sobre Nicaragua” a ser integrado por cancilleres o sus representantes para “buscar un contacto directo y pronto con las autoridades nicaragüenses”, así como para “iniciar un diálogo con la totalidad de los sectores” incluidos la oposición y los exiliados.
El grupo deberá elaborar “recomendaciones” dentro de los próximos 60 días para hacer cumplir la resolución de la OEA con “acciones diplomáticas y jurídicas concretas que no impliquen el uso de la fuerza”.
