Un grupo de uruguayos que residen en Estados Unidos presentó una solicitud formal al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se eliminen los requisitos adicionales establecidos en el Decreto N.º 281/022 para la renovación de pasaportes en el exterior. En una carta dirigida al canciller Omar Paganini, los firmantes argumentan que las nuevas exigencias dificultan el acceso a este documento fundamental para su identificación y movilidad.
El decreto en cuestión, vigente desde el 22 de setiembre de 2022, establece que los mayores de 18 años deben presentar un certificado de antecedentes judiciales del FBI apostillado por el Departamento de Estado y traducido por un traductor público uruguayo o por el propio consulado. Este requisito ha generado preocupación entre los uruguayos radicados en EE.UU. ya que el trámite implica un costo elevado y una serie de pasos burocráticos que dificultan su cumplimiento.
Esto ha llevado a una caída en la tramitación de pasaportes, afectando sobre todo a quienes solo cuentan con el documento uruguayo vencido y dependen de él para identificarse.
El pasaporte como única identificación
En la solicitud, los firmantes destacan que muchos compatriotas en EE.UU. utilizan el pasaporte uruguayo como su único documento de identificación con fotografía. Explican que el trámite para obtener el certificado de antecedentes del FBI requiere un número de Seguridad Social o un pasaporte extranjero vigente, lo que deja fuera a quienes solo poseen el documento uruguayo vencido.
Asimismo, mencionan que, a diferencia de Uruguay, otros países no exigen controles judiciales para la emisión de pasaportes en el exterior, lo que hace que la medida sea percibida como un obstáculo innecesario.
Dificultades logísticas y falta de consulados móviles
El documento también subraya las dificultades que enfrentan los uruguayos debido a la limitada cantidad de consulados en EE.UU. Actualmente, hay cuatro sedes diplomáticas en Washington D.C., Nueva York, Miami y San Francisco, cada una con jurisdicción sobre varios estados. Por ejemplo, el consulado en Nueva York cubre 13 estados, lo que obliga a los solicitantes a viajar largas distancias para realizar el trámite.
Además, el cierre de consulados en Chicago y Los Ángeles redujo aún más el acceso a estos trámites.
A esto se suma la falta de operativos móviles de consulados durante la administración del presidente Luis Lacalle Pou, lo que deja a muchas personas sin acceso a servicios consulares en sus lugares de residencia.
Pedido de derogación del decreto
En la misiva, los ciudadanos uruguayos solicitan al canciller que se derogue el requisito de antecedentes judiciales para la renovación o tramitación del pasaporte por primera vez. Argumentan que el pasaporte es un documento de identidad fundamental que no debería estar sujeto a restricciones tan estrictas para los compatriotas en el exterior.
El reclamo refleja el creciente malestar de la diáspora uruguaya ante las dificultades burocráticas para acceder a un documento que les permite mantener su vínculo con el país.
Tal como informó El Observador el 2 de febrero de este año, algunos uruguayos en Estados Unidos están preocupados por las amenazas de deportaciones masivas bajo la administración de Donald Trump, especialmente en ciudades como Chicago, Nueva York y Aurora. Se estima que entre el 10% y el 20% de los 69.000 uruguayos en EE.UU. no tienen documentación en regla y podrían verse afectados.
Sin embargo, muchos uruguayos ya enfrentan otra dificultad: desde 2022, el gobierno uruguayo endureció los requisitos para renovar el pasaporte en el exterior tras el escándalo por la entrega del documento al narcotraficante Sebastián Marset. Ahora se exige un certificado de antecedentes del FBI apostillado, un trámite costoso y complicado.
Aunque las deportaciones de uruguayos han sido pocas en comparación con otros países, la incertidumbre sobre el futuro migratorio en EE.UU. preocupa a la comunidad. Incluso si las amenazas de Trump o normativas como el Título 42 no detienen el flujo migratorio, muchos uruguayos siguen buscando alternativas para regularizar su situación.
