"Acá no hay una empresa fundida por una mala administración, acá hay robo de animales", señaló Bruno.
Por esa situación en la que el paso del tiempo les juega en contra es que preparan una movilización frente a Fiscalía para pedir que se actúe.
De acuerdo con la información que la propia empresa ha entregado a los inversores, afirmaron que deben US$ 85 millones a ellos, y tienen US$ 15 millones por lo que "están faltando US$ 70 millones". Eso surge de los documentos que entregaron en Lideco.
A su vez del ultimo balance que presentaron en 2021 del estado financiero surge que retiraron US$ 1 millón.
Cecilia, otra inversora, afirmó que ella también hizo la denuncia ante la policía rural, y pese a que se había precintado un campo para que no se retirara el ganado, se siguió moviendo. Ellos creen que la empresa lo ha vendido. Asimismo tenían obligación, por lo que establecen los contratos, de reponer el ganado en 60 días, cláusula que vienen incumpliendo.
"En mi caso tenía 24 vacas. En octubre me enviaron una guía de tenencia para que firmara. Yo la firmé y la envié a la empresa. Pero por un problema con la dirección, rebotó y no les llegó. Me llamaron un montón de veces para que la volviera a enviar. En medio de eso saltó el escándalo. Cuando entré con mi usuario de SNIG había sólo 13 vacas y la guía que está subida tiene un garabato que no es mi firma", contó Cecilia.
Ante esa situación decidió cambiar la contraseña del SNIG e intentaron entrar varias veces porque le llegó un correo advirtiéndole.
Quiso hacer valer su derecho de enviar un representante a realizar una inspección ocular de las 13 vacas que tiene, según el SNIG, y se contactó con la empresa porque no le surge el padrón del campo en el que supuestamente están. "Me repitieron el mismo discurso que tienen muy estudiado, que tenía que hablar con su abogado y su abogado me dijo que tenía que hablar con la empresa. En definitiva, se pasaron la pelota y no me permitieron hacerlo".
"A esta altura no sé si esas 13 vacas fueron vendidas, faenadas o si alguna vez existieron", dijo.
Por su parte, Fernando que representa también a sus padres que tenían allí los ahorros para su jubilación, contó que el 17 de julio tenía el cuádruple de las vacas que le quedaban al 26 de diciembre, según el SNIG. "Sólo tengo 10% o 15% de los animales que debería tener, sin firmar ninguna guía que les autorizara venderlo". A esta altura no sabe dónde está el ganado que le queda porque en el SNIG figura que están en un campo en Paysandú, pero la empresa ya no tiene campos en ese departamento, aclaró.
Agregó que han hablado con inversores que fueron captados el 26 de noviembre, un día antes de que se hiciera público la caída de la empresa. "Los recibían con cafecito y sonrisas. En mi caso renové el 4 de noviembre como un gil y me enteré que esa plata fue ese mismo día a pagar los intereses de otros inversores. Los directores han reconocido que el 50% del negocio eran los nuevos inversores, lo que confirma el esquema Ponzi".
Otra sorpresa: las deudas con las intendencias por las guías
Cualquier persona que tenga ganado a su nombre tiene que tramitar la guía o registro de SNIG. Se compran en las intendencias o en el MGAP y tienen un costo de $250. Ese papel es una especie de registro que habilita al propietario a mover el ganado por venta o porque se entrega a un consignatario que luego lo va a vender.
Según explicaron los inversores, al cruzar datos entre inversores descubrieron también que reubicaban guías que eran propiedad de unos inversores en otros, por lo que guías a nombre de una persona habían sido entregadas a otras.
En el último reporte que República Ganadera entregó a los inversores en las reuniones que vienen manteniendo en Lideco en busca de un acuerdo de reorganización, se pidió a la empresa el texto del convenio con la Intendencia de Artigas, ante la posibilidad de que existan deudas. Desde RG afirmaron que el impuesto siempre se asumió directamente por la empresa como propio.
Bruno afirmó que esa es "otra mentira" de la empresa ya que en su caso le informaron que tiene una deuda de $60.000 con la intendencia y hay otros inversores en la misma situación.
"Todas las ventas de animales efectuadas por los inversores hacia RG -ventas que se autohacía RG sin el consentimiento de los inversores- generaron un impuesto municipal que es el 1% sobre la venta y en la mayoría de los casos no se pagó o se pagó parcialmente. De hecho a nosotros no nos quisieron vender guías hace pocas semanas debido a la deuda existente por los ganados que RG vendió y no pagó el impuesto municipal generado", explicó.
La garrapata, otro problema que no sólo afecta a República Ganadera
Marcelo, otro inversor que dialogó con El Observador, dijo que en las últimas semanas le surgió en el SNIG que se les dio de baja a 20 animales de su propiedad porque están muertos.
No sabe si murieron realmente o nunca existieron pero luego de ver las imágenes que registró Bruno de las vacas muertas, advirtió por el riesgo que está generando la empresa al descuidar al ganado, frente a la garrapata y frente a la sequía que azota al campo.
El grupo de inversores ha averiguado con los administradores de los campos y les confirmaron que la empresa no se está ocupando del poco ganado que queda: "En muchos campos hay una sola persona a cargo de los animales y no les está dando el alimento que precisan y la medicación para que los animales se mantengan libres de garrapata", señalaron.
"Me asesoré con agrónomos que me explicaron que con la garrapata se les generan síntomas de tristeza y se mueren en unos días. Si los campos están desatendidos son un foco de infección de garrapata en muchas zonas del país, ya que ellos tienen, o tenían, ganado en Rivera, Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó. Es importante que se tenga conciencia de que están generando focos de infección de garrapata en todo el norte del país", aseguró Marcelo.
A ello se suma que los frigoríficos, por el conflicto entre trabajadores y empresarios, están faenando menos y enero es un mes con pocas lluvias, con lo cual el problema de sanidad se acrecienta y puede a afectar a la ganadería en general, indicaron los inversores.
Sobre el tema de la garrapata, Cecilia agregó que en predios que "estaban interdictos", es decir que tenían prohibido mover ganado justamente por la enfermedad, "siguieron vendiendo hasta hace un par de semanas". Hasta que lograron que el Ministerio de Ganadería decidiera no entregarle más guías a la empresa luego de que surgió un tema administrativo con unas declaraciones juradas.
La situación del feed lot
Según informó la empresa en 2019 llegó a tener 26 mil hectáreas de campo. Fernando agregó que en algunos casos tenían pagado por adelantado los arriendos, pero los que quedan terminarán entre marzo y abril próximo.
En Artigas, por ejemplo, sólo les quedan 100 hectáreas donde desarrollan el feed lot, el sistema de producción ganadera intensiva que consiste en engordar animales en corrales cerrados.
Averiguaron que desde octubre la empresa le dejó de pagar al estanciero, tampoco compraron las pastillas nutricionales que reciben ni están pagando el salario a los más de 15 empleados que tiene el establecimiento. "Van a tener que cerrar el feed lot y hay 2.000 novillos que algún lado van a tener que ir", dijo Fernando.
Movilización frente a Fiscalía en reclamo de que se actúe
Frente a este panorama lo que más preocupa a los inversores es que pese a que ya llevan acumuladas unas 40 denuncias penales la Fiscalía a cargo de Machado no ha tomado medidas ni ha citado a los denunciados.
"¿Cómo puede ser que hablamos de delitos graves, de más de 40 denuncias penales y no pase nada? ¿Cómo puede ser que esto viene pasando desde hace tres meses y no estén en prisión preventiva mientras el tipo que le robó la tarjeta de crédito a la hija del presidente y se compró unos championes esté preso?", dijo indignado Bruno.
Tampoco la Justicia ha decidido dar inicio al concurso, ya que la empresa no presentó información básica como de cuánto es el pasivo que tiene, aunque sí, como medida cautelar, designó a a Zamira Ayul como interventora.
Es por ello que los inversores preparan una movida frente a la Fiscalía la última semana de enero o la primera de febrero para reclamar que se tomen medidas y "se haga justicia".
