Por primera vez, 46 años después del crimen, la Justicia señala a uno de los responsables en el caso de los vinos envenenados de la dictadura.
Cuarenta y seis años después de uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura, la Justicia dictó el procesamiento con prisión de uno de sus responsables, el subcomisario retirado Ricardo Zabala.
El exagente, que revistaba en el Servicio de Información y Defensa del Ejército, fue procesado como uno de los responsables del asesinato de Cecilia Fontana de Heber en 1978, cometido a través de una botella de vino envenenado.
La jueza Silvia Urioste lo procesó con prisión “en calidad de presunto coautor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado”.
“Me alegra que más de 45 años después del homicidio y más de 16 años después de que comenzara a estudiar este caso se halla hecho justicia. En este momento me acuerdo de Carlos Julio Pereyra, quien hasta su último día insistió en que se siguiera investigando para saber quiénes fueron los responsables de este hecho, uno de los crímenes más aberrantes de la dictadura”, dijo Javier Barrios Bove, abogado de la familia Heber.
“La dictadura quiso matar a tres dirigentes políticos, pudieron haber matado a tres familias enteras y mataron a una mujer inocente”, agregó.
Fernando Heber, uno de los hijos de Cecilia Fontana, escribió en Twitter: “A mis viejos, más de 40 años después, logramos darles un poco de paz, con verdad y justicia”.
Justamente el 18 de octubre, fecha del procesamiento, Fontana hubiera cumplido años.
El dictamen llegó luego de una audiencia en la que Zabala no se presentó, por estar aquejado de un problema de salud. La jueza dispuso que en caso de que se certifique que su estado le impide ir a una cárcel se sustituya en forma provisoria la prisión preventiva por prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
La magistrada dio 72 para que un médico del Instituto Técnico Forense evalúe la situación y convocó a una nueva audiencia el 24 de octubre para definir este punto.
La causa de los “vinos envenenados” se rige por el "código viejo", como se denomina a las investigaciones previas a la puesta en marcha del nuevo código del proceso penal, en noviembre de 2017.
En diciembre, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, había pedido el procesamiento con prisión de Zabala por considerarlo coautor de este crimen.
Fontana, también madre del senador Luis Alberto Heber, murió al beber de una botella de vino envenenado que recibió de regalo a esposo, Mario Heber. Otras dos botellas, también con veneno letal, fueron remitidas a Luis Alberto Lacalle Herrera y a Carlos Julio Pereyra, integrantes en aquel entonces de la dirección del Partido Nacional.
“Existen elementos de convicción suficientes para sostener prima facie que Juan Ricardo Zabala Quinteros resulta responsable en calidad de coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la reiteración y especialmente agravado por la premeditación y la utilización de veneno”, decía el extenso dictamen acusatorio de Perciballe.
El fiscal aseguraba que Zabala integró un “grupo de conjurados” que buscó eliminar a “tres reconocidos opositores al régimen dictatorial”, con el objetivo de frustrar contactos y negociaciones que existían entre militares más moderados y políticos tendientes a buscar una salida a la dictadura.
La prueba decisiva para pedir el procesamiento de Zabala fue que tres huellas dactilares suyas fueron halladas ya en 1978 en una de las botellas, justamente la que mató a Fontana.
El hallazgo había sido hecho por la Policía Técnica, pero no se lo había incorporado al expediente judicial. Por el contrario, se había ocultado ese dato central. Esos folios con el relevamiento de huellas hecho por la Policía Técnica recién fueron hallados en 1988, cuando el caso fue reabierto por un nuevo juez, ya recuperada la democracia.
El dictamen de Perciballe señalaba sobre Zabala: “Sus huellas dactilares constan en la botella de la que a la postre bebiera la Sra. María Cecilia Fontana. Y la existencia de éstas no responden a un error en la manipulación de las botellas, por cuanto, en la que se encontraron sus rastros nunca pasó por la Dirección de Narcóticos donde él cumplía funciones. Ergo, debió manipularla antes del atentado”.
Zabala prestó servicios en el SID, bajo órdenes de José Gavazzo. En 2012 fue procesado por el asesinato y desaparición forzada del maestro Julio Castro en 1977. El agente admitió haber apresado a Castro cuando prestaba funciones en el SID. Su procesamiento, sin embargo, fue revocado por un Tribunal de Apelaciones en 2014 que entendió que no existían pruebas que lo vincularan con la posterior ejecución del maestro.
Perciballe, en su dictamen, implicó también a otros conocidos militares en la trama del atentado.
“No cabe lugar a dudas de que quienes estuvieron detrás de los hechos fueron el general Amauri Prantl (ex director del Servicio de Información de Defensa, SID) y José Gavazzo (ex jefe del Departamento III del SID y adjunto a la dirección), así como el director de la DNII Víctor Castiglioni y sus hombres de confianza, el comisario Hugo Campos Hermida y subcomisaro Juan Ricardo Zabala Quinteros”.
Prantl, Gavazzo, Campos Hermida y Castiglioni ya fallecieron.
Campos Hermida fue quien llevó adelante la investigación policial del caso de los vinos envenenados al momento del atentado, a pesar de que era jefe de Narcóticos y no de Homicidios. Su investigación estuvo plagada de omisiones.
Perciballe cree que todavía hay otros responsables vivos, además de Zabala.
Su dictamen señala que “es obvio que con estos también actuaron otros funcionarios de la DNII que declararon en autos, pero al presente, respecto de estos las pruebas incorporadas no nos permiten solicitar responsabilidades, por lo que a sus efectos la indagatoria debe continuar. De igual modo tampoco se descarta la intervención de civiles, fundamentalmente quienes se encontraban vinculadas a la publicación Azul y Blanco”.
Dicha revista nucleaba a su alrededor a un núcleo nacionalista ultraderechista filo nazi. Poco antes del atentado, el sobrino de uno de sus integrantes de nombre Celio Riet, compró grandes cantidades de Fosdrín, el veneno que contenían las botellas.
Riet, ya fallecido, nunca fue llamado a declarar en la investigación llevada adelante durante la dictadura.
