El Senado de la Nación rechazó por amplia mayoría el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 que buscaba la desregulación de la economía, lo que representa un fuerte golpe al gobierno de Javier Milei. Además, este rechazo profundizó la crisis entre el jefe del Estado y Victoria Villarruel, debido a la decisión de la vicepresidenta de permitir que el DNU se debatiera en el recinto de la Cámara alta.
La votación resultó en 42 votos a favor del rechazo, 25 en contra y 4 abstenciones. Junto al kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, quien responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro). También se manifestaron en contra los senadores provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); así como los peronistas del bloque Unidad Federal, Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
Este polémico decreto generó divisiones dentro de los dos grandes conglomerados que conforman Juntos por el Cambio. En el caso de la UCR, sus senadores se distribuyeron entre las tres opciones posibles (a favor, en contra y abstención). Por su parte, el Pro cerró filas y votó a favor.
A pesar del impacto político que implica este pronunciamiento del Senado, el DNU se mantiene vigente. Según la ley de Trámite Legislativo, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se requiere el rechazo de ambas cámaras legislativas.
La definición sobre el mega DNU ahora pasa a la Cámara de Diputados, que cuenta con una base de al menos 110 votos a favor del rechazo. Una vez informada de la votación de este jueves, la Cámara baja podrá debatirlo en el recinto. No obstante, la idea del oficialismo es extender la discusión a través de la bicameral de Trámite Legislativo, que analiza este tipo de normativas.
El problema en la bicameral es que, para hoy mismo, estaba programada una reunión que finalmente no se llevó a cabo debido a la sesión en curso. En esta reunión se esperaba recibir explicaciones de funcionarios, siendo dos de ellos especialmente exigidos por la oposición: el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Posse es objeto de un interés particular debido a su discreción. Sin embargo, no podrá evadir por mucho más tiempo comparecer ante el Congreso, ya que está obligado por la Constitución a presentar un informe de gestión ante alguna de las dos Cámaras. Algunos diputados radicales, como Julio Cobos, ya han realizado presentaciones en ese sentido.
En medio de esta situación, también se vislumbra un inminente análisis de la renovada ley "ómnibus" en la Cámara de Diputados. Además, se están llevando a cabo los primeros contactos entre gobernadores y la Casa Rosada sobre el tema que realmente les preocupa en este momento: el financiamiento.
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