La fiscalía dispuso el cierre de fronteras y la prohibición de comunicarse con las víctimas
La jueza especializada en crimen organizado María Helena Mainard aceptó el pedido de imputación de la fiscalía encabezada por Enrique Rodríguez para la corredora de bolsa Sara Goldring por un delito continuado de apropiación indebida, según informó a El Observador el abogado de algunas víctimas, Ignacio Durán.
La jueza también dispuso el cierre de fronteras, la constitución de domicilio, la prohibición de comunicarse con las víctimas y, además, deberá concurrir a la sede judicial. Las medidas son por 180 días.
Goldring manejaba las empresas Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y United Brokers y fue denunciada por sus clientes por estafa en julio de 2022.
Dichas empresas, presididas y dirigidas por la empresaria, arrojaron pérdidas del orden de los US$ 100 millones, por lo que Goldring fue denunciada por un grupo de damnificados por apropiación indebida y estafa, mientras que el Banco Central del Uruguay (BCU) también presentó una denuncia luego de hacer su propia investigación.
Un informe de enero de este año de la Bolsa de Valores de Montevideo, en su calidad de interventor de la corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), concluyó que los respaldos bancarios apenas cubren el 0.7% de los fondos de los clientes.
"Los saldos en efectivo en dólares en los bancos custodios apenas cubren el 0.7% de las posiciones de los clientes con saldos en efectivo, por lo cual, las devoluciones de los saldos en efectivo estarán sujetas a lo que permitan las disponibilidades existentes", sostiene el documento.
Los titulares de CVM, es decir Sara Goldring y sus hijos en Uruguay por una presunta estafa en su CVM. Las cuentas embargadas reúnen un capital de US$ 20 millones.