Sara Goldring “se apropió de los activos que le fueron confiados y entregados por muchos de sus clientes y respecto de los cuales tenía una obligación de restituir o de hacer un uso determinado de los mismos”, dijo el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez al pedirle a la Justicia que formalizara la investigación por un delito continuado de apropiación indebida.
En la audiencia que se realizó este miércoles, el fiscal relató ante la jueza María Helena Mainard y ante las defensas de los denunciantes que la presidenta de CVM usó esos fondos "para pagar o saldar las pérdidas sufridas por otros clientes, por las inversiones de alto riesgo que ella misma ejecutó”.
Además, señaló que "ocultó información a los clientes, y al no estar éstos advertidos de las pérdidas que sufrían, permitió a la imputada continuar administrando el capital que le fue confiado, pretendiendo con esto mantener su cartera de clientes y beneficiarse por el cobro de comisiones en caso de obtener ganancias o si pudiera lograr revertir la situación".
Las decenas de clientes afectados denunciaron que el desfalco superó los US$ 100 millones. Según dijo el abogado Paul Laborda, del estudio jurídico Bragard Abogados, que estuvo presente en el audiencia en representación de sus clientes, en este momento del proceso no ha habido un pronunciamiento sobre el monto exacto de las maniobras.
Según informó el abogado, en la audiencia el fiscal contó que, según le reportó el BCU en agosto Goldring intentó comprar dos propiedades por US$ 300 mil utilizando una cuenta bancaria que tenía en el Banco Itaú y que no había sido detectada. Al notificarse a la Fiscalía, la operación fue interrumpida.
El fiscal también apuntó que en cuentas radicadas en Estados Unidos, vinculadas a la imputada, sus familiares y/o empresas, se detectó la existencia de dinero y valores. Se trata de unos US$ 14 millones que por sugerencia del BCU se pidió inmovilizar y embagar en diciembre de 2022.
Laborda dijo que basado en la existencia de esas cuentas, el fiscal pidió prisión domiciliaria para Goldring en el entendido de que podría entorpecer la investigación. Ese planteo fue motivo de debate en la audiencia ya que la defensa se opuso.
Sin embargo, la jueza no hizo lugar a esa medida cautelar y argumentó que ese tipo de acciones las puede hacer estando en su casa o estando en la calle, y dispuso ampliar a 180 días las medidas que ya había dispuesto, esto es prohibición de salir del país, obligación de presentarse semanalmente en la sede judicial y prohibición de comunicarse con los clientes.
Si bien en un momento se intentó llegar a un acuerdo para cerrar el caso por proceso abreviado, los defensores de Goldring, Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez rechazaron acordar y plantearon que no se configuró el delito porque Goldring no tuvo intención de apropiarse del dinero sino que fue resultado de operaciones de riesgo y que mandataban a CVM a administrar sus bienes.
Sin embargo, la Fiscalía argumento que a pesar de tratarse de clientes que habían otorgado a CVM mandato de libre administración y que además habían sido calificados con un perfil de inversión "agresivo", Goldring "no les requirió la constitución de una garantía, para el caso de que el capital que habían invertido no fuera suficiente para cubrir las pérdidas generadas por la operación de venta de opciones put en la que incursionaron".
“Quedó acreditado en la investigación, que en los estados de cuenta que se remitían por la empresa a sus clientes, no se reflejaban las pérdidas ni la realidad económica de cada cliente, lo que redundó en que éstos al no enterarse de las graves pérdidas sufridas, no pudieran tomar decisiones o efectuar instrucciones a la corredora para evitar que se siguiera dando la fuga de su capital, en defensa de sus propios intereses”, dijo el fiscal.
Agregó que ella directamente "falseaba los estados de cuenta que enviaba a sus clientes, para que éstos no advirtieran las considerables pérdidas que sufrían". De esa manera evitaba que se le fueran los clientes o retiraran el saldo del capital que aún les quedaba en CVM.
"Mantener a esos clientes dentro de su cartera, le permitía a la imputada seguir efectuando operaciones de inversión y, como es lógico, en caso de producirse ganancias, cobrar las comisiones en su beneficio", afirmó Rodríguez.
El fiscal añadió que en un momento la imputada procuró realizar un "salvataje" para minimizar las pérdidas de los clientes que implicó la utilización de patrimonio propio y de la empresa mediante el traspaso de opciones put vendidas de clientes hacia cuentas propias de CVM, así como también mediante la compra de valores, abonando un diferencial o directamente a través de transferencias de acciones a cuenta de clientes por una cifra de aproximadamente U$S 25 millones.
El 5 de agosto de 2022 el BCU designó interventor a la Bolsa de Valores de Montevideo y se dispuso el desplazamiento de las autoridades estatutarias de CVM y se presentó la denuncia penal. El 28 de diciembre de ese año se ordenó disolución y liquidación de CVM y designó a la Liga de Defensa Comercial como liquidador delegado.
