Si bien era conocido que varios funcionarios de su intendencia estaban implicados en el robo de materiales que eran vendidos a particulares a precios llamativamente baratos, no se sabía que el intendente venía siendo indagado. Desde hacía meses sus conversaciones telefónicas eran escuchadas, lo que le permitió a la Fiscalía tomar conocimiento de numerosas irregularidades cometidas por el jefe comunal.
El fino límite entre hacer favores y cometer delitos
Quienes conocen a Besozzi y lo han tratado dicen que era fácil ver a un número no menor de personas en la intendencia de Soriano esperando para hablar con el intendente porque él atendía a todo el mundo. Si se encontraba por los pasillos con un trabajador o en la calle con un militante, lo llamaba por el nombre y le decía que se “acordaba” de lo que le habían hablado. “Mirá que no me olvidé de lo tuyo”.
Ediles del departamento cuentan que Besozzi está encima de cada contratación y de cada decisión que toma la intendencia, y muchas veces lo hacía sin llamado a precio o licitación. Aunque también destacan que intentó poner la casa en orden al crear un departamento de logística para justamente ordenar las compras y fue de las pocas intendencias que entró en el Sisconve, el sistema de control vehicular para el consumo de combustible de los vehículos de estado.
De todos modos, la tónica de su gestión ha sido la de manejarse como un caudillo que se mueve por amiguismo y no como la de un gestor de una empresa que cuida celosamente su economía.
Eso no sorprende porque Uruguay es el país del amiguismo, de los contactos y de los favores. El ser un país chico lo facilita aun más porque todos nos conocemos. Por eso al saber de que un funcionario público le hizo una gauchada a un amigo nos encojemos de hombros. Cuesta entender que detrás de esa lógica de las gauchadas hay corrupción y que esas conductas son delito.
La jueza Ximena Menchaca, le imputóal exintendente a pedido de la fiscal Stella Alciaturi siete delitos de corrupción: reiterados delitos de peculado (robo de bienes al Estado), concusión (obligar a alguien a dar o prometer un beneficio patrimonial indebido), cohecho simple (recibir una retribución indebida o acepta una promesa), tráfico de influencias y abuso de funciones y omisión de denunciar delitos y como coautor de un delito de cohecho calificado (retardar u omitir un acto relativo al cargo a cambio de beneficios o dinero). Pasará 180 días con prisión domiciliaria con tobillera electrónica mientras sigue la investigación y se prepara el juicio.
Junto con Besozzi fueron imputados también el exsecretario general Daniel Gastán, el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda Pedro Besozzi (sobrino del intendente), el director de Auditoría Germán Cavallero, el director de Obras Pedro Nocetti y el director de Logística Jonathan Torres. A estos jerarcas se le tipificaron los mismos delitos y en algún caso se agregó la divulgación de información privilegiada.
¿Qué hizo el intendente para que se le tipificaran esos siete delitos?
El caso de los materiales robados para ser vendidos se conoció a raíz del incendio intencional del local de Adeom y fue la punta del iceberg, que permitió pedirle a la fiscal una orden a la jueza para interceptar las comunicaciones de varios jerarcas, entre ellos el intendente, como se contó en esta nota.
Fue a partir de esas escuchas que la fiscal toma conocimiento de varios hechos aparentemente delictivos cometidos por el intendente.
Algunos de esos hechos, relatados en esta nota, son graves: que un intendente le de plata a un sindicato y cuando no puede darle más lo mande con un prestamista, que admita que se le pague por el doble de horas trabajadas a una empresa que vende servicios por maquinaria a la intendencia por ser del esposo de una funcionaria, o que se contrate más horas a otra que porque pone plata para la lista de su partido.
La corrupción la comete el jerarca que usa el poder que le da el cargo en beneficio propio, de familiares y de amigos y eso fue exactamente lo que pasó en Soriano.
Es cierto que si se escucharan las conversaciones telefónicas de los 19 intendentes que tiene el país probablemente se conocieran diálogos similares y varios más marcharían presos. Pero eso no es excusa para eximirlo de responsabilidad, ni para decir que siempre se hizo así.
Para juzgar estos delitos, no existe “el delito de corrupción” sino que hay una lista de figuras jurídicas y para poder juzgar a un funcionario es necesario que su conducta encaje dentro de lo que alguna de esas figuras describe como delito.
En la inmensa mayoría de los delitos de corrupción además de un funcionario público que ejecuta la irregularidad, también hay un privado (en el caso de Soriano un empresario, un particular que se veía beneficiado). En estos casos han sido imputados más de una decena de privados por estafa o delitos similares, pero Uruguay tiene un déficit en ese aspecto porque la corrupción entre privados no es delito en el país. De hecho, incluir ese delito en el ordenamiento jurídico fue una de las recomendaciones que le hizo al Estado el consultor Alejandro Montesdeoca, contratado para realizar la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos contratado por la Secretaría homónima que funciona en Presidencia.
Y antes de eso, en la Ley 19.797, del año 2019 (que modificó declaraciones juradas), se le encomendó a la JUTEP presentar un anteproyecto de ley al respecto en un plazo de 60 dias. Cosa que nunca se hizo.
En el caso de Besozzi su defensa, integrada por los abogados Nelson Rosa y Pablo Vega, decidió apelar la imputación por dos aspectos. Primero creen que muchos de las figuras que se le imputaron al intendente no son delito porque no hay evidencia suficiente que lo respalde; y también cuestionan el proceder de la fiscal por haber detenido al intendente y a los restantes jerarcas cuando siempre mostraron colaboración con la causa. Entienden que hubo una animosidad y con sólo citarlos hubiera bastado para que se presentaran ante la justicia.
Las implicancias políticas
Directorio del Partido Nacional
Foto: Leonardo Carreño
Besozzi es candidato a la intendencia por el Partido Nacional y por eso renunció para ir por la reelección. Si bien el Frente Amplio, que ganó en octubre en el departamento, tiene chances de arrebatarle el sillón que desde 2005 ha ocupado casi ininterrumpidamente, los propios frenteamplistas creen que no será fácil lograr el triunfo por el peso que tiene el caudillo en Soriano.
Al haber sido imputado y no tener una condena, el fallo judicial no lo inhabilitó para ejercer cargos por lo que legalmente podría seguir con su candidatura.
De todos modos, a la luz de los detalles que se conocieron de la investigación realizada hasta ahora, resultaría escandaloso –aunque posible- que siguiera con la campaña como si nada hubiera pasado. Entre otras cosas porque no podría participar de actos ni recorridas al estar con prisión domiciliaria.
La decisión pesa sobre sus hombros y se supone que la tomará en las próximas horas. Aunque también le cabe una responsabilidad al Partido Nacional que debería pasar el caso a la comisión de ética y tomar una decisión.
Entre los blancos hay quienes creen que debe renunciar y dar una señal para no afectar la imagen de todo el partido y que eso pueda repercutir también en otras intendencias que el FA pretende arrebatarles a los blancos.
Mientras que otros opinan que debe dar “la pelea” y pretenden circunscribir el caso a una accionar con intencionalidad política de la fiscal. De hecho mencionaron que es la misma fiscal que pidió el procesamiento del exintendente Agustin Bascou fuera del plazo legal para hacerlo. Esa investigación por la compra de combustible a estaciones de servicio que eran de su propiedad se demoró y la fiscal pidió el procesamiento (es por Codigo viejo) en diciembre de 2023, varios años después de iniciada la investigación.
Públicamente han salido muy pocos. Uno de ellos fue el intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien respaldó a su colega. "Es avasallante sobre una gran persona como Bezzosi, que es un tipo muy querido y muy sano, probado en toda su vida. Es un procedimiento de abuso de la Fiscalía y se va a aclarar todo”, dijo. Se refería a que fue detenido sorpresivamente sin saber que venía siendo indagado.
No es la primera vez que los blancos se enfrentan a un caso similar en campaña. Pasó con el exintendente de Colonia Carlos Moreira a días de la elección de 2019 y pasó con Caram de cara a octubre pasado. En ambos se demostró reacción –en el caso Caram tardíamente pero se los descabezó luego de la condena-. Veremos si aprendieron la lección en momentos en que la política gana fama de desprestigio, también acá.
