Koch y Cairo: dos casos que comprometen al presidente Orsi

En el primero de los casos, el ascenso del marido de la directora del puerto Alejandra Koch fue frenado por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

“Estas cosas, mientras sea yo responsable, no pueden suceder”, dijo a El Observador. “Entendí que esto no estaba bien, no era admisible y por esa razón el funcionario quedó en el lugar que estaba”.

Etcheverry frenó el ascenso, pero Koch, militante del Partido Socialista, hasta ahora sigue en su lugar de directora del puerto y vicepresidenta designada. La evidente falta ética que cometió fue revertida, pero ella sigue en el cargo a pesar de que sus condiciones para ejercerlo han quedado en serias dudas.

20250325 Lucía Etcheverry. Consejo de Ministros.

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry.

Foto: Inés Guimaraens

Lo mismo se podría decir para el nuevo presidente de la ANP, Pablo Genta, que difícilmente no supiera que estaba participando de una decisión totalmente inaceptable en el ser y en el parecer.

O sea, Etcheverry frenó el abuso, como correspondía y hay que felicitarla. Pero quienes quisieron llevarlo adelante siguen dirigiendo el puerto.

Pocas horas después, estalló el “caso Cairo”. Ante la magnitud de las repercusiones de sus confesiones al programa radial “La Pecera”, la ministra de Vivienda convocó a una conferencia de prensa en su casa no regularizada.

Cairo dijo que admitía su error, que asumía su responsabilidad, que regularizaría la situación, pagaría sus deudas y hasta agradeció al periodista Ignacio Álvarez por haberle hecho notar algo que no le parecía "tan grave”.

“Ante el hecho clarísimo de que ahora soy ministra, que a veces me olvido, y que como ministra de Vivienda tengo que regularizar esto, tomé la decisión de que no voy a esperar”, señaló en un pasaje de sus declaraciones.

Las décadas sin regularizar su vivienda las justificó en que tuvo otras prioridades, como ayudar a sus hijos, todos adultos. El no pago del Impuesto a Primaria lo achacó a que no le llegaban las facturas.

La ministra también organizó una recorrida de la prensa por tu terreno, mostró su casa y la de sus hijos, también construidas en el predio. No son viviendas de lujo.

Cairo es una persona llana y afable, siempre accesible a los periodistas. Es también una militante social de años, muy comprometida con la lucha por el acceso a la vivienda de los más humildes. Todo eso, que es cierto, también fue desplegado en la conferencia de prensa, como argumento o paliativo ante la bochornosa situación que trataba de ser explicada.

El asunto es que, se las mire por donde se las mire, las virtudes de Cairo no exculpan sus errores, ni disminuyen la contradicción que suponen para alguien que ejerce el rol de ministra de Vivienda.

Cairo dijo que tuvo otras urgencias y prioridades. Tal explicación podría justificar una postergación en el cumplimiento de las obligaciones de algunos años, pero no de 23, que es la mayor parte de una vida adulta activa. Por otro lado, la explicación tampoco cabe para alguien que desde hace muchos años ocupa cargos de relevancia política, con altas responsabilidades y altas remuneraciones. Entre 2018 y 2020 dirigió el Plan Juntos y entre 2020 y 2025 fue diputada. El sueldo nominal de un diputado ronda los 360.000 pesos.

Cairo ha hecho alarde de que cobra lo mismo que un trabajador común, ya que los cuadros políticos del MPP tienen los salarios topeados por su propio sector político. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dijo que Cairo como diputada ganaba “un salario medio”.

Lo que cobran los legisladores o jerarcas del MPP, descontado un aporte al Frente Amplio, se lo entregan a su organización, que a su vez les paga un salario que hoy ronda los 97.000 pesos y hasta marzo era de 92.000, según fuentes del sector.

No es excusa para no pagar obligaciones e impuestos. Por un lado, sigue siendo una cifra muy superior a la que recibe el grueso de la población a la que también se le exige que cumpla con sus obligaciones. Por otro lado, ampararse en estos topes como explicación a la situación creada podría traducirse así: Cairo cumple con el MPP, pero no con el Uruguay. El dinero que se usa para financiar campañas electorales lo habría aportado con puntualidad. El dinero que el Estado necesita para solventar escuelas públicas, no.

El tema del tope salarial del MPP merece un aparte. Todos los partidos le cobran un dinero a sus jerarcas. La ley de financiamiento de la política fija esa contribución en el 15% del salario líquido. Pero ese peaje es llevado a un extremo por grupos como el MPP y otros. Eso suele ser presentado como un gesto loable, un signo de austeridad.

Tiendo a verlo como lo opuesto.

Hay una corriente de opinión, muy en alza, que machaca con que los políticos ganan demasiado. Quienes la pregonan no reparan en que hay razones de peso para que los políticos cobren buenos salarios y por eso un país pobre como Uruguay los paga con el esfuerzo de todos. El Estado uruguayo hace una inversión en cada diputado. El objetivo no es que su sector político pueda saturar el país de propaganda electoral cada cinco años ni que construya una logística territorial arrolladora.

Lo hace porque el país necesita que los más capaces participen en la vida pública, en la política y en la administración del Estado. Para ello, tienen que ganar cifras que guarden relación con lo que podrían ganar en el mundo privado. Lo hace también porque es de interés de la ciudadanía que los políticos tengan un buen pasar, que los aleje de atajos, tentaciones y sobornos. Y porque también es deseable que los legisladores tengan un respaldo económico que les dé la tranquilidad y el tiempo para estudiar los temas a fondo, sin urgencias mundanas. Si necesitan comprar un libro, que se lo compren. Si tienen que suscribirse a una publicación extranjera, que puedan hacerlo. Y, obviamente, que no tengan dificultades para pagar sus impuestos.

Por supuesto que existen buenos argumentos también para adecuar a la baja el generoso salario de los políticos. El principal es que no vivan en una caja de cristal y ellos también conozcan de primera mano los problemas de la gente común. Otro, que también cuenta y mucho, es adecuarlos a las finanzas de un Estado deficitario que necesita dinero para mejorar servicios básicos que se prestan mal. Pero, si este fuera el criterio que decidiéramos tener, lo que deberíamos hacer es pagarles menos. Y usar el dinero ahorrado en lo que se necesite y en lo que la población decida. No volcarlo todo, sotto voce, en las arcas de un grupo político equis.

Cuando más de dos tercios del dinero que le pagamos a los legisladores y jerarcas se vuelca a OTROS COMETIDOS no se está haciendo nada loable. En el fondo, se beneficia a un partido y se perjudica a la democracia toda.

Por otra parte, estos topes tan elogiados (por los que participan del esquema) son, además, la pasta base de la política. El dinero es una droga muy poderosa. Cuánto más dinero cobra un sector político por cada persona que puede colocar en un cargo, más fuerte es el incentivo para colocar más y más y más y más ventanillas recaudadoras. Uno de los primeros proyectos de ley que el actual Poder Ejecutivo envió al Parlamento fue para crear tres nuevas alcaldías en pequeñas localidades. Por ejemplo, en Barra del Chuy. Ya hay alcalde en Chuy. Ahora quieren otro en Barra del Chuy.

Que cada uno saque sus conclusiones.

Cecilia Cairo, futura ministra de Vivienda

El MPP salió a coro y en conjunto a defender lo indefendible. Los argumentos dados fueron de peor calidad y menos sinceros que los de la propia ministra. El senador Caggiani, demostrando que no le tiembla el pulso para escribir lo que sea, puso el caso Cairo como un ejemplo del tan manido “que gobierne la honestidad”. Y agregó que todo lo hecho y prometido por Cairo es un ejemplo: “Es por aquí”, remató.

Me dio particular tristeza ver sumarse a esa reacción corporativa a la diputada Graciela Barrera, una mujer que llegó a la política desde una esforzada militancia social por un tema olvidado (las cárceles) a raíz de la circunstancia más dolorosa y desgarradora que alguien pueda vivir (el asesinato de su hijo). Hoy diputada del MPP, ella también se sumó al coro que pretendió justificar lo injustificable.

Barrera se recibió de política, del peor modo.

Muchos votantes y militantes frenteamplistas le respondieron a los dirigentes del MPP que sus argumentos no podían ser aceptados en este caso.

Uno de los que le respondió a Caggiani fue Mario Invernizzi, reconocido militante frenteamplista, dos veces alcalde de Piriápolis. Por un lado, le dijo lo obvio: “No es por ahí”. Por otro, puso el acento en el rol del MPP en todo este asunto: Cairo “tuvo un buen sueldo como para ponerse al día, ¿la fuerza política no consideró esa situación cuando le aplicó los topes?”

Invernizzi también le escribió a Cairo: “Dando por hecho tu buena voluntad y tu entrega a las causas justas creo que los argumentos que manejas no son válidos. Has sido diputada, has tenido los ingresos suficientes como para regularizar tu casa”.

Pasando raya, una señora que ascendió a su marido será vicepresidenta de la ANP. La ministra Cecilia Cairo lleva décadas sin regularizar su casa, no pagó BPS ni Primaria, y recibió un apoyo masivo del principal sector político del gobierno, que además es el sector del presidente.

“Que gobierne la honestidad”, fue la apelación con que el Frente Amplio se presentó a la elección. Luego vino la búsqueda de la “pública felicidad”.

El presidente Yamandú Orsi no se ha pronunciado ni ha tomado decisión alguna sobre ninguno de los dos casos relatados: ni el de Koch, ni el de Cairo.

Debería.

Su gobierno corre el serio peligro de mancarse apenas haber comenzado.