Ante la falta de respuesta, esas personas recurrieron al Registro de Ganado (SNIG) del Ministerio de Ganadería y descubrieron que las vacas que tenían según sus contratos no existían.
Esa fue la punta del iceberg que demostró que este tipo de maniobras era bastante generalizada en el rubro de las inversiones ganaderas y generó además una crisis de confianza en el sector que trajo aparejado una corrida.
En parte por esa corrida, la noticia de Larrarte se reprodujo semanas después con República Ganadera, otra empresa más grande, con más de 1.400 inversores, que se presentó a concurso voluntario. Por estas horas la Justicia se apresta a declarar el concurso luego de dos meses de intentos de la empresa de estirar la situación y prometer un supuesto APR (acuerdo privado de reorganización) que, de entrada se sabía, era inviable.
Algo llamativo en este caso fue que el mismo día en que se conoció la noticia, Conexión Ganadera informó de un plan de salvataje para República, por el que trataría de absorber a sus inversores. Y más llamativo aún fue conocer al día siguiente del anuncio de ese plan, el 28 de noviembre, que uno de sus dos socios, Gustavo Basso, había muerto en un accidente al impactar su auto Tesla contra maquinaria que hacía obras en la ruta 5. Las sospechas que levantó el accidente siguieron hasta hoy, al punto que el fiscal de Florida Hermes Antúnez, pidió información a Tesla para conocer el contexto en el que se dio el accidente.
En diciembre la empresa ya había entrado en cesación de pagos y todo hacía pensar que seguiría el mismo camino que las otras dos. De hecho corrían fuertes rumores de que entraría en concurso una vez finalizada la feria, pero su director, Pablo Carrasco, lo negó, dijo desconocer las finanzas de la empresa, le echó las culpas a su socio fallecido Basso (como hizo luego al salir a dar explicaciones ante los ahorristas), anunció que haría una auditoría, y admitió que tenían una corrida enorme por lo que pidió no salir con su nombre sino como fuentes de la empresa.
A partir de esa noticia no han dejado de conocerse detalles sorprendentes que confirman graves irregularidades en el manejo de las inversiones que más de 4.000 uruguayos que les confiaron a Carrasco y a Basso, y hacen pensar en un enriquecimiento de sus propietarios a costa de las inversiones de la gente.
En una reunión que hizo la empresa con cien inversores “vip” en el club de pesca Ramírez se conoció que el pasivo de la empresa es de US$ 250 millones. El combo de las sospechas sobre el accionar de estos empresarios se completó con otros datos reveladores: Carrasco y Basso, cedieron la mayor parte de la sociedad de la compañía a sus esposas Ana Iewdiukow y Daniela Cabral de forma cruzada en mayo de 2024, y figuraban como directores de dos sociedades anónimas en Panamá y otra en Massachusetts, Estados Unidos, junto a sus esposas, como informó Blasina & Asociados.
En el caso de Conexión además los contratos son más entreverados que los de las otras dos. En diciembre cuando el abogado Juan Pablo Decia empezó a analizar los contratos impagos de inversores que le pedían asesoramiento, afirmaba que se trataba de “la misma película que Larrarte y RG” pero los contratos “son más complejos”.
La gestión del ganado se hacía a través de Hernandarias XIII, empresa que está a nombre de Carrasco y su esposa mientras que Conexión Ganadera, otra sociedad, representada por Basso era la que administraba y colocaba el ganado, oficiando de consignatario.
De esa manera la responsabilidad por incumplimientos en la "toma de ganado" recae en principio sobre Hernandarias y no sobre Conexión.
En los contratos de inversión ganadera de terneros, los animales no están a nombre de los inversores por lo que no tienen un Dicose ( registro de caravana que permite rastrear el ganado), pese a que en los contratos se estipula que los inversores son los dueños del ganado ( provedores del ganado) y que los entregan en administración.
Pero además los contratos tienen una cláusula de arbitraje por la que no podrían ir a la Justicia Ordinaria, salvo un eventual concurso que queda fuera de la órbita del arbitraje.
Por otra parte, según informó Brecha, Carrasco y Basso invirtieron en otros rubros, compraron el frigorífico Paso de los Toros (Bamidal SA) y el escritorio rural Juan Carlos Martínez, con lo que ingresaron en el negocio de los remates ganaderos. Crearon la marca Stradivarius, de carne gourmet, y Del Terruño SRL, con locales de venta propios en Montevideo y Punta del Este.
Por todo ello, los abogados que representan a los inversores creen que el negocio fue armado así adrede con el fin de beneficiarse por lo que vienen presentado denuncias por estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir y lavado (el dinero obtenido con las estafas y apropiación lo invirtieron en bienes), que una vez detectados y rematados deberán confirmar la garantía común de los acreedores.
Esas denuncias ya están en manos del fiscal de Lavado Enrique Rodriguez, sobre quién también recayó el caso de Republica Ganadera, mientras que Larrarte lo sigue el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado.
Con respecto a la situación en la que están unos y otros inversores (los con y sin ganado a su nombre) Decia opinaba en El País que es necesario evitar divisiones y estar al resultado del inventario y lectura de trazabilidad que realizará el síndico del concurso, en tanto no siempre lo que dicen los contratos y lo que informa el Dicose del inversor tiene su correlato en la realidad, por lo que propone un acuerdo colectivo que parta de la información real que arroje ese inventario
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Ganadería amigable, promovida por el INIA y los criadores de la gremial del Hereford.
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En la misma línea se expresó el jurista Ricardo Olivera García, experto en Derecho Bancario y de Mercado de Capitales y redactor de leyes de Concursos y de Fideicomisos. En una carta de lectores que publicó en Búsqueda este jueves afirmó que “existe una sola y única categoría de inversores/acreedores por créditos dinerarios”.
A su juicio se debe evitar “una lucha estéril entre acreedores por dinero y acreedores por vacas” ya que todos los contratos “se reducen al derecho del inversor a obtener, a la fecha de vencimiento del contrato, el importe invertido más una tasa de interés establecida, proporcional al período de la inversión. Y nada más”.
Los coletazos políticos
El asunto, como suele pasar con todo en Uruguay, se politizó. Pablo Carrasco está notoriamente vinculado al Partido Nacional y en sus columnas en diarios o en su participación en programas radiales siempre se ha mostrado como un liberal antiizquierdista.
Además en esta campaña hizo pública su cercanía y apoyo al Espacio 40 y se dijo cercano al senador Sebastián Da Silva y a Javier García.
Ese vínculo derivó en que el exjerarca del Frente Amplio, Andrés Copelmayer, insinuara que Da Silva era cómplice de la "estafa” por haber recomendado a gente invertir en la empresa, algo que el senador admitió, ante lo cual Da Silva anunció que lo denunciaría ante la Justicia.
Por su parte, Basso era un conocido católico de Florida activo participante de las celebraciones de la catedral por lo que el tema caló también entre los católicos, sobre todo luego de que surgiera la noticia de que algunas entidades de la Iglesia invirtieron en Conexión unos US$ 800 mil, entre ellas la diócesis de Canelones, una congregación de monjas salesianas y el párroco de la catedral de Florida, César Butriago. En el caso del cura colombiano, aclaró que eran ahorros personales y no plata de la congregación.
Más allá de esos asuntos, que es lógico que generen interés y que se usen en busca de algún tipo de rédito, el tema no se le puede atribuir a un solo gobierno o a un partido porque Conexión y de la mano de ella, todas las otras empresas, incluso otras que siguen operando y se desconoce cómo las está afectando la corrida, tuvieron su auge en los últimos 20 años, incluidos los 15 en los cuales gobernó el Frente Amplio.
Si bien el BCU, regulador de las operaciones de intermediación financiera, emitió numerosos comunicados entre 2018 y 2022, en los que advertía que estas opciones de inversión que estaban fuera de su competencia, tampoco se puso un ojo en el control del lavado de activos, donde ahora salta a la vista que era un gran campo para esa actividad delictiva.
El exdirector de la Senaclaft y expresidente de la Jutep en gobiernos del FA, Ricardo Gil Iribarne dijo hace unos días en Desayunos Informales: “Nos lo comimos”.
Es una pena que tenga que pasar una vez más que miles de uruguayos pierdan sus ahorros para que se tomen medidas, pero seguramente ocurrirá ahora como pasó en 2002 que se pondrá el foco en este tipo de inversiones y dejen de estar en un limbo. Es otro lindo desafío que se le queda de herencia al próximo gobierno.
