Pero más allá de cuestionar que se defienda lo indefendible, en esta newsletter EnClave volveré a poner el foco en la justicia, en los fiscales, que son los encargados hoy de investigar y de encontrar pruebas para culpar a quienes cometen delitos, y en el sistema de justicia en general. Nunca es posible generalizar pero algunos desastres que se ven, causan que un tema que no amerita dos lecturas, se enturbie.
Ya te hablé en la anterior columna de lo que las escuchas telefónicas evidenciaron que hizo Besozzi. Esas pruebas demuestran que el pedido de Alciaturi a la Justicia tiene fundamentos. Y aunque no hubiera sido imputado habría corrupción igual porque lo que define legalmente a la corrupción es la ley (y no el Código Penal) y al haber usado bienes y recursos públicos para hacer favores a correligionarios o conocidos, Besozzi violó la ley.
Sus defensores jurídicos y políticos sostienen que no tuvo las garantías adecuadas porque fue detenido sorpresivamente junto con los otros imputados, y ven como un ensañamiento casi personal en que se le haya colocado una tobillera electrónica para asegurarse de que no salga de la chacra, donde él eligió cumplir la prisión domiciliaria preventiva por 180 días.
En una entrevista que la fiscal dio a radio Sarandí explicó que la detención se debió a que quería incautarle los celulares a todos y quería evitar que no se presentaran a declarar.
Podía haberlo citado e incautarle el celular sorpresivamente y no mandarlo detener pero no es ilegal. Con respecto a la tobillera, tampoco es una medida excesiva, teniendo en cuenta que Alciaturi explicó que quería evitar que se acercara a la intendencia para romper documentación puesto que la investigación continúa.
Lo que sí está mal es que una fiscal se haga eco de publicaciones político-partidarias.
Pero aunque mucho se la ha cuestionado, hasta el momento no ha habido una denuncia contra Alicaturi en Fiscalía de Corte, quien sí cerró su cuenta de Facebook. Según me dijeron en ese organismo, la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferreiro cree que no debe actuar de oficio.
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Fiscalía convocó a la primera audiencia por el caso de Conexión Ganadera
Joaquín Pisa
En un caso de 2020, la fiscalía de Corte (con Jorge Díaz a la cabeza) abrió una investigación de oficio a la fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, luego de que ratificara el archivo de la causa penal contra el exintendente de Colonia, Carlos Moreira, y se conociera que había integrado la comisión de seguridad de la candidatura de Luis Lacalle Pou para el Partido Nacional en la campaña de 2014. Esa investigación se cerró sin consecuencias por entender que no había existido ningún vinculo de la fiscal con Moreira.
En otro caso similar al de Alciaturi, el TCA confirmó una sanción de la Suprema Corte a una jueza que se había puesto una careta de Sartori en medio de una caravana política que pasó por la puerta del juzgado y había posteado en sus redes contra la campaña Vivir sin Miedo que en esa elección impulsaba Jorge Larrañaga, competidor entonces de Sartori.
Con respecto al posteo, el TCA dijo que ese acto “desnudaba sus preferencias electorales (...), no guardó el deber de mesura y prudencia que su investidura le imponía” y que “puso en riesgo la confianza de la comunidad en la independencia e imparcialidad”.
El mismo juicio se podría aplicar a Alciaturi ahora. Además, en 2019 cuando reposteó esas publicaciones, era la fiscal del caso Bascou, el exintendente que fue procesado por vender nafta desde sus estaciones de servicio a la intendencia, en diciembre de 2023 después de seis años de indagatoria. También lo imputó en 2020 por haber violado la ley de prendas y vender más de 4.000 vacunos –por un valor de US$ 350 mil– que estaban como garantía en un banco.
Todas estas cosas hacen ruido también, por lo que estamos acostumbrado a ver y porque quienes seguimos de cerca al sistema de justicia sabemos que hay una justicia para pobres y otra para ricos.
Para empezar, más del 90% de los presos, que son los pobres, son defendidos por defensores públicos y reciben un trato jurídico muy distinto a los que se pueden pagar un abogado privado, que cuanto más renombre tiene más cobra.
La mejor manera de entenderlo es con ejemplos. Hace unos días publiqué una nota que contenía varios relatos de una defensora pública que trabajó en el Poder Judicial durante 27 años. Luz Marina Dupetit García cuenta en el libro Puesto Jodido las prebendas que tenía la exjueza Anabella Damasco, procesada en 2011 justamente por corrupción, por haberse quedado con plata de operativos de narcos.
Dupetit fue su defensora por poco tiempo y cuando fue a visitarla se encontró con que cumplía reclusión en un apartamento tipo monoambiente que era una exdependencia policial ubicada en el Cordón pero que salía y entraba cuando quería de allí. Los dos policías que custodiaban su puerta “no conocían cuánto tiempo, cuántas horas diarias o semanales contaba como debidamente autorizadas, por lo que no se llevaba control alguno, ni por los policías allí cumpliendo su custodia, ni por ningún servicio de contralor ya sea del Ministerio del Interior como de alguna división del Poder Judicial”.
El otro ejemplo es el del exdirigente de AUF Eugenio Figueredo cuando fue imputado por el FIFAgate. Si bien Dupetit no era su defensora, se lo cruzó más de una vez en el edificio dónde funcionaban los juzgados de Crimen Organizado, frente al Solís. En el libro relata que mientras estaba en prisión domiciliaria, cada vez que debía concurrir al juzgado “era transportado en autos particulares que pertenecen al Ministerio del Interior, con personal policial de particular, luciendo totalmente libre, no contaba con esposas, ni grilletes, y era subido por otro ascensor que da directamente a la parte donde se encuentran las salas de audiencias”.
En una de esas tantas veces que lo vio, Dupetit quiso tomarle una foto para mostrar esas condiciones de privilegio pero la jueza del caso la llamó a su despacho para reprenderla.
Los ejemplos mencionados muestran que algunos jueces y fiscales son los responsables de la mala imagen de sus instituciones, la Fiscalía o el Poder Judicial.
El hecho de que cada vez más fiscales dejen la función pública para pasarse a la política también genera suspicacias y desconfianza.
Y por último, comento dos aspectos más que generan recelo: las dos velocidades (dos varas) frente a los casos de corrupción y la falta de publicidad de las audiencias.
Es un hecho que dependiendo del fiscal y del imputado el caso avanzará o se enlentecerá hasta morir.
Hay varios ejemplos pero mencionaré uno del año 2022. En marzo de ese años los ediles de la coalición presentaron una denuncia penal contra Marcelo Signorelli, excoordinador de la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de la Intendencia de Montevideo, quien donó mochilas y remeras al Frente Amplio, para la campaña del Sí contra la LUC.
Esa denuncia, presentada por el abogado y ahora senador colorado Andrés Ojeda, nunca se movió. Primero la tuvo años el fiscal Ricardo Lackner y ahora la tiene Silvia Porteiro, la misma fiscal del caso Morabito y Charles Carrera.
Además, en los casos de corrupción no se suele respetar la publicidad de las audiencias judiciales garantizadas en la ley del proceso penal vigente desde 2017. Dependerá del juez y fiscal de turno si se deja ingresar a la prensa, pero la mayoría de las veces se recurre a reservas inexplicables para impedir el acceso con lo cual luego vienen las famosas filtraciones, de la que los políticos tanto se quejan.
En todas estas cuestiones se ven incumplimientos a la función pública por parte de jueces y fiscales. Cuando asi actúan esos funcionarios van contra la obligación que les impone la ley de “actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio por igual (...) sin discriminaciones político-partidarias, de género, religioso, étnico o de otro tipo, absteniéndose de intervenir en aquellos casos que puedan dar origen a interpretaciones de falta de imparcialidad”.
