Sobre los asentamientos en Uruguay se discute casi todo: cuántos son, cuántos viven en ellos, dónde están, cuál es la o las estrategias para evitar que se sigan generando, y de qué manera se puede trabajar para que los que existen desaparezcan. Lo que no se discute más es que es demasiado para este Uruguay y un hueso durísimo de roer para cualquier gobierno, que en cinco años no logró ni logrará solucionar un problema tan gigante como el que se ha construido durante décadas.
El tema vuelve al centro de la atención por las declaraciones que hizo esta semana a Búsqueda la nueva ministra de Vivienda, que asumirá en el gobierno del presidente electo Yamandú Orsi. Cecilia Cairo fue cauta y tiene lógica que lo sea, porque no hay promesas electorales ni acciones gubernamentales que puedan erradicar este fenómeno en un abrir y cerrar de ojos. Cinco años es un abrir y cerrar de ojos. La nueva ministra considera que contener y terminar con estas zonas en las que viven entre 150.000 y 200.000 uruguayos (los datos difieren según la fuente) en muy malas condiciones y, en muchos casos, sin las necesidades básicas satisfechas, llevará al menos 15 años.
Cairo fue cauta, pero se quedó corta, aunque lo que importa no es tanto el cálculo de tiempo sino la acción decisiva que suponga un acuerdo de Estado que involucre a mucho más que el partido más votado en las últimas elecciones. Esta utopía, acordar algo entre todos los actores políticos más allá de quien gane, resalta aún más en este tema, porque la erradicación de los asentamientos ha sido un objetivo para todos los gobiernos del Frente Amplio y una obsesión para el presidente Luis Lacalle Pou. Si todos están de acuerdo, ¿por qué se avanza con tanta lentitud?
En 2014, el actual presidente era diputado y hablaba de “asentamientos cero”, proponiendo erradicarlos en 10 años si era electo. En 2019 volvió a la carga pero atemperó las formas con la propuesta de “llegar tendencialmente a una situación de ‘asentamiento cero’ en un horizonte de diez años”.
En mayo de 2022 Lacalle Pou lanzó el Plan Avanzar, con el objetivo de intervenir unos 120 asentamientos en todo el país, mejorar las vivienda de más de 15.000 hogares, con una inversión de 480 millones de dólares. Entonces, dijo: "Hace muchos años, imitando la frase del entonces presidente Lula, fome zero, hambre cero, se nos ocurrió hablar de asentamiento cero. Obviamente que era aspiracional, como muchas cosas en la vida. Decíamos que no era para un período de gobierno (alcanza con ver los números y la cantidad que hay que invertir), que era una política nacional. Y este punto de inflexión va a ser seguido por los que vengan si hacemos las cosas bien".
La nueva ministra no maneja aún los números y resultados del Plan Avanzar, que seguramente se le abrirán en el traspaso de poder. Pero sin números ya se sabe que por lo menos en los últimos 20 años trabajar para que la gente que vive en asentamientos viva mejor o salga de lugares que no deberían ser habitables, ha sido una tarea lenta y costosa.
El primer problema es la evaluación certera de cuántos son, quiénes y cómo viven en estas zonas, un punto de vista vital para poder construir cualquier plan.
El primer dato confiable sobre asentamientos en el pasado cercano es de 2006, cuando se hizo el primer relevamiento; según el Ministerio de Vivienda de la época había entonces 662 barrios irregulares, con 49.263 viviendas y 179.545 personas. El siguiente conteo oficial data de 2011, y reveló que eran 589 los asentamientos y unas 165.271. En 2018, un informe técnico del ministerio detectó un aumento de 45 barrios, con un total de 607.
En 2019, la ONG Techo hizo un estudio que señaló que había 656 asentamientos en Uruguay, pero la metodología que usó no es comparable con los informes anteriores. En 2022, la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) reconoció 616, de los cuales 356 estaban en zonas inundables. En 2023, el Registro Nacional de Asentamientos Irregulares (RNAI, creado por ley en 2023) estableció que había 684, pero el informe definitivo no es público aún.
Toda esta nube de números ha servido, por ahora, para azuzar las acusaciones cruzadas que se usaron durante la última campaña. Esa discusión no es la importante. La única discusión que aporta es que la que permita generar planes presupuestados y buscar fuentes de financiación para por fin darle un mazazo a los asentamientos. De nada sirve discutir si hay 30 menos o más, aunque es cierto que cada familia y cada persona que cambia sus condiciones habitacionales tiene al menos una chance de cambiar de vida.
Vivir en un asentamiento no es solamente terrible por el tipo de construcción, las calles empantanadas, la falta de agua corriente en algunos casos, el frío y el calor, entre muchos problemas edilicios. Es terrible porque quienes viven allí arrancan de pique con derechos recortados y escasas oportunidades. Si para salir de tu casa necesitás media hora y encima el ómnibus para llegar a la escuela no pasa cerca, es bastante probable que el niño falte mucho y hasta abandone. Ni que hablar de las oportunidades laborales escasas para una población poco preparada y, en demasiadas ocasiones, marginada.
Cairo dice que la crítica que le hace al gobierno saliente es que empezó tarde. “La crítica no es a cómo se adjudicó, tampoco es a los programas, sino al no haber avanzado como se debía desde el principio del gobierno. Si vos perdés un año o dos en vivienda, perdiste el período. Es así”.
La pregunta es si el candidato de hoy o el de mañana se subirá a expresiones como las que tuvieron dos presidentes uruguayos. “No se cómo va a hacer. Pondrá un cero gigante en la entrada de los asentamientos”, dijo Tabaré Vázquez en un acto durante la época en la que Lacalle Pou hablaba de asentamiento cero. Por esos años, el ahora presidente tampoco se quedó atrás en la crítica, cuando dijo que los gobiernos del Frente Amplio impulsaron "una verdadera industria" de asentamientos, además de acusar a su contendiente, Vázquez, de haber propiciado el aumento durante su gestión en la Intendencia de Montevideo, a comienzos de los 90.
La pregunta es si este gobierno perderá uno o dos años en la planificación, aunque el Censo de 2023 pronto debería arrojar datos más claros que permitan ahorrar tiempo que debe convertirse en acción. La pregunta es si este gobierno intentará, como no lo hicieron antes otros, acordar que lo que se siga o empiece ahora, siga definitivamente en los próximos años, gane quien gane.
