La realidad carcelaria y su impacto en las familias
Desde 2019, la población carcelaria en Uruguay no dejó de crecer, con un aumento promedio de casi mil personas por año. Para mediados de 2024, se estima que alcanzará las 16.000 personas privadas de libertad, según el informe anual preliminar del sistema carcelario.
Aunque las mujeres son una minoría, su presencia en el sistema penitenciario aumentó significativamente, pasando del 4,6% en 2018 al 8% en 2024. Este incremento plantea desafíos específicos, especialmente para aquellas que son madres, ya que la prisión afecta no solo a la persona encarcelada, sino también a su familia, en particular a sus hijos pequeños.
Derechos fundamentales: maternidad y niñez
El presente artículo refiere a los bebés y niños pequeños que permanecen en prisión con sus madres. La pregunta central que corresponde hacerse es si lo mejor para el interés superior del niño es permitir que viva con su madre en la cárcel, o si lo mejor para el interés superior del niño es separar a la madre del niño y que éste viva con otra familia, parientes o amigos.
El encarcelamiento de mujeres con hijos pequeños enfrenta tensiones legales y éticas. Según el artículo 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales". Sin embargo, en la práctica, los derechos de los niños a un desarrollo adecuado suelen ser incompatibles con la realidad carcelaria.
Los niños que permanecen en la cárcel con sus madres están expuestos a entornos diseñados para cumplir penas, no para garantizar su bienestar. A menudo, carecen de acceso a recursos básicos como educación, salud y alimentación adecuada. Este contexto afecta el desarrollo social, educativo y emocional de los niños, quienes son reconocidos cada vez más como titulares de derechos propios, pero enfrentan una brecha entre sus derechos legales y su aplicación práctica. La existencia de un derecho legal no es, por supuesto, garantía de que ese derecho se traduzca en políticas reales que sean aplicables a nivel práctico.
Muchos de los argumentos a favor de facilitar que los niños pequeños vivan en prisión con sus madres se basan en teorías psicológicas sobre el vínculo y el apego.
En los primeros años de vida, el apego entre un niño y su cuidador principal es crucial para su desarrollo psicológico. El psicoanalista John Bowlby, destacado por su interés en el desarrollo infantil y sus pioneros trabajos sobre la teoría del apego («conexión psicológica entre seres humanos»), sostenía que los comportamientos de apego (vínculo emocional cercano, íntimo, próximo entre dos personas) y las figuras de apego son componentes críticos del desarrollo del niño. Bowlby demostró que las rupturas en este vínculo, como las que ocurren durante el encarcelamiento materno, pueden generar ansiedad y un apego inseguro.
En niños menores de tres años, esta desconexión puede tener consecuencias aún más graves, ya que es una etapa crítica para establecer relaciones sólidas con sus cuidadores. La interrupción del vínculo con su madre puede generar inseguridad afectiva, trauma emocional y afectar su capacidad para formar relaciones saludables en el futuro.
El encarcelamiento materno afecta de manera profunda a los niños pequeños, quienes dependen de la presencia constante de su madre para construir modelos mentales estables sobre las relaciones de apego. La interrupción de este vínculo puede provocar efectos psicológicos de largo plazo, incluyendo ansiedad y duelo, especialmente en los primeros años de vida, cuando los niños no están preparados para establecer apegos secundarios fuera de la familia.
No es deseable separar a los bebés y niños pequeños de su madre y tampoco es deseable encarcelarlos con su madre. Algunas voces sostienen que vivir en prisión convierte a los niños en "víctimas ocultas", afectando sus derechos y bienestar. Las cárceles no están diseñadas para atender las necesidades de madres e hijos.
Si bien en algunos países se crearon unidades especiales para permitir la convivencia, estas no siempre ofrecen las condiciones adecuadas. Existen algunos ejemplos de lo que se entiende como buenas prácticas en el reconocimiento de los derechos de los hijos de progenitores privados de libertad. A título de ejemplos, en Noruega se ha establecido como principio general el derecho de los niños al contacto con sus progenitores, aunque nunca se permite que los niños vivan con un progenitor encarcelado. En Dinamarca, la ley penitenciaria estipula que los niños solo pueden vivir en la cárcel con sus progenitores si las condiciones de la institución son adecuadas para ellos (https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102219)
En Uruguay, la Unidad 9 en Montevideo está destinada exclusivamente a madres con hijos pequeños. Sin embargo, los recursos son limitados, y las madres deben depender de operadoras para el cuidado de sus hijos cuando trabajan o estudian.
En las cárceles del interior, la situación varía ampliamente. Algunos niños son trasladados a centros CAIF con apoyo de INAU, como en Salto, Soriano, Colonia y Tacuarembó, pero no todas las madres tienen acceso a estos servicios. En muchos casos, las carencias de recursos generan rivalidades y conflictos entre las mujeres privadas de libertad.
Una perspectiva local: el camino hacia medidas alternativas En Uruguay, la mayoría de las mujeres encarceladas cumplen penas cortas por delitos menores. Esto abre la posibilidad de implementar regímenes de prisión domiciliaria asistida para madres con hijos pequeños, acompañados de programas de rehabilitación y apoyo social. Según el informe anual del sistema carcelario, esta medida podría evitar la separación de las madres y sus hijos y reducir la reincidencia delictiva.
El informe resalta que “la gran mayoría de las mujeres vinculadas a delitos de poca gravedad podrían estar en un régimen de prisión domiciliaria asistida con programas de rehabilitación, asistencia y control. Esto evitaría que recaigan en el delito como estrategia de supervivencia”. Implementar estas alternativas requeriría un fortalecimiento de las redes sociales comunitarias para garantizar su efectividad.
Es imprescindible desarrollar políticas públicas que prioricen el bienestar de los niños afectados por el encarcelamiento materno. Mejorar las condiciones y los procedimientos de visita en las cárceles. Hacer más adecuadas para los niños las salas de visita y las áreas de visita. Organizar eventos adaptados a los niños. Crear entornos seguros y estables no solo beneficiará a los niños, sino también a las madres, ofreciendo una oportunidad real de reintegración social y familiar.
Referencias
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Vol. 1: Loss. New York, NY: Basic Books.
Bowlby, J. (1973). Attachment and loss. Vol. 2: Separation: Anxiety and anger. New York, NY: Basic Books.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Vol. 3: Loss: Sadness and depression. London, England: Hogarth Press.
Scharff Smith, P. 2015. "Children of Imprisoned Parents in Scandinavia: Their Problems, Treatment and the Role of Scandinavian Penal Culture." Law in Context 32: 147-168.