Por otra parte, la educación como sector, y en particular sus mandos altos y medios altos, tienen una alta cuota de responsabilidad ya que, en general, no visibilizan y/o subvaloran, los efectos regresivos que tiene una educación de calidad deficitaria y de injustas brechas sociales en el desarrollo y en el bienestar presente y futuro de personas, comunidades y países. Las culturas, los discursos y las prácticas auto referenciadas de los sistemas educativos, que cargan, en general, las culpas a lo que sucede fuera de la educación, eximiéndose de toda responsabilidad última, hacen poco o nada por valorizar la educación en su rol de emancipador de los espíritus, de cimiento de la justicia social y de generador de oportunidades de desarrollo individuales y colectivas.
Nos parece que alternativamente a la situación de letanía que afecta a la educación y que sin lamentablemente sea prioridad en las agendas de política pública, resulta necesario, entre otras cosas, insistir con avanzar en una agenda de cambios que muestren la multiplicidad de dimensiones e intervenciones requeridas y vinculantes para que efectivamente la educación pueda impactar positiva y sostenidamente en la vida de la gente. En cambio, insistir con una lógica de iniciativas fragmentadas, descontextualizadas y efectivitas terminan por aumentar la desilusión y la frustración con la educación, y coadyuva a consolidar su rol marginal en las políticas públicas.
Identificamos un conjunto de por lo menos nueve dimensiones que sumariamente mencionamos a la luz de esbozar una agenda de cambios educativos.
En primer lugar, reafirmamos la necesidad de repensar la educación en su globalidad, que, sustentado en una visión sistémica, pueda entrelazar con sentido el para qué, el qué, cómo, dónde y cuándo de educar, aprender y evaluar. Los sistemas educativos tienen que ser concebidos, gestionados y evaluados en función de sus capacidades y realizaciones en cuanto a expandir y democratizar oportunidades, procesos y resultados de aprendizaje bajo diversidad de formatos, y removiendo todo tipo de obstáculos que impida preocuparse por las y los alumnos por igual.
El fundamentalismo de mercado y la privatización de la educación como bien privado y servicio sin una orientación y regulación clara del estado, así como el estado centrismo y la monopolización de las prestaciones sin otros actores y voces, son obstáculos a que se garantice el derecho a la educación y a los aprendizajes.
En segundo lugar, nos parece central entender las inextricables vinculaciones entre las cogniciones y las emociones como soporte de todo aprendizaje. Los coletazos de la pandemia nos hicieron recordar que el bienestar integral y la salud mental de educadores y alumnos configura una de las bases insoslayables de los aprendizajes. Las emociones de educadores y alumnos son parte misma de los procesos de enseñanza y aprendizaje. No solo se trata de lo emocional per se sino de las circunstancias y los contextos sociales que hace de cada uno de las y los alumnos un ser especial, y que requiere ser apreciado como tal.
La configuración socioemocional de los aprendizajes constituye una base ineludible para avanzar en una agenda ambiciosa orientada a lograr que la totalidad de las y los alumnos sean competentes en el manejo de las alfabetizaciones fundacionales. Esto implica que los mismos sean capaces de expresar sus emociones, ideas y conocimientos basados en un uso fluido de la oralidad y la escritura, así como apropiarse de los conocimientos de las matemáticas y la ciencia y aplicarlos en su vida diaria. Cabe remarcar que las alfabetizaciones fundacionales son condición sine qua non para fortalecer la democracia, la inclusión y la convivencia.
En tercer lugar, valorizar una formación ciudadana comprehensiva que se asienta en los diálogos entre generaciones, y en congeniar los ámbitos de actuación y las responsabilidades globales y locales. Esto no implica desconocer las identidades de las personas y de las comunidades, así como la existencia de valores particulares, sino apreciar que lo global y lo local van de la mano en ejercer una ciudadanía abierta al mundo y comprometida con los entornos locales.
Asimismo, la educación tiene que cumplir un rol fundamental de apuntalamiento de las democracias estimulando y sosteniendo la formación de seres libres y pensantes con capacidad de liderar y hacerse cargo de estilos de vida autónomos, solidarios, saludables, interpelantes y sostenibles. Las tendencias crecientes en orden a cancelar, prohibir, negar y relativizar ideas, realidades y verdades, así como a personas y grupos, alimentan los sesgos y contribuye a fisurar las bases democráticas, de convivencia, entendimiento y confianza en la sociedad. Se corre el riesgo de cristalizar una sociedad de bandos sin basamentos comunes.
En cuarto lugar, es cuestión de poner a dialogar las ideas, los conceptos y las prácticas en torno a igualar en oportunidades, proteger socialmente a los más vulnerables e incluir sustentado en apreciar las diferencias y los diferentes. Las políticas educativas tienen que lograr el delicado equilibrio y la saludable complementariedad entre mitigar las desigualdades y reducir las brechas en personas, grupos y comunidades, con visibilizar y apreciar las diferencias y la diversidad como cimientos de más y mejores aprendizajes.
Asimismo, los enfoques educativos, basados en lo que se ha denominado, desde hace larga data, discriminación positiva, no puede dejar de lado la configuración propia personal de cada persona que puede ser opacada por programas de focalización sustentados en perfiles de grupos y comunidades.
En quinto lugar, se trata de avanzar en una concepción multidimensional de la sostenibilidad que, complementariamente con incluir los temas vinculados al desarrollo y a estilos de vida sostenibles, posiciona los derechos humanos, la igualdad de género, la cultura de paz, la ciudadanía y la diversidad cultural como temas transversales a la formación. Bajo esta visión de conjunto, nos parece necesario transversalizar la formación en educación verde – vinculada esencialmente al cambio climático y a la biodiversidad - y azul – vinculada esencialmente a los recursos hídricos, y a la alfabetización en océanos.
Uno de los puntos críticos de la transversalización radica en vincular las ciencias naturales y sociales, las humanidades y la ética en su abordaje a través de currículos (foco en los para qué y qué) y pedagogías (foco en los cómo) que incentiven los diálogos y las sinergias entre la disciplinariedad, inter y transdisciplinariedad. No se trata tanto de integrar áreas de aprendizajes y disciplinas sino de generar oportunidades y espacios en los centros educativos para que las y los educadores trabajen juntamente con las y los alumnos en comprender temas complejos que requieren necesariamente de la conexión entre diversas piezas de conocimiento. Resulta clave elevar la calidad del pensamiento sobre estos temas para abordarlos en su cabalidad.
En sexto lugar, entendemos que la transformación digital constituye una ventana de oportunidades que coadyuva a repensar la educación, y a la vez, plantearse la posibilidad de mejoras significativas y sostenidas en los aprendizajes, y con foco en los aprendizajes fundacionales y la formación ciudadana. A tales efectos, es imprescindible avanzar en garantizar el derecho a la conectividad gratuita en educación, como inherente al derecho a la educación. El mismo comprende acceso a la conectividad en centros educativos, así como en hogares y espacios públicos, y a plataformas, contenidos y recursos educativos, y a formación.
Asimismo, el desarrollo de los herramentales de la inteligencia artificial generativa (IAG) específicos a la educación, y como correlato del derecho a la conectividad gratuita en educación, pueden ser un fuerte soporte de la personalización de la educación en la medida en que sus usos no sean dados sino mediados y definidos por las propias expectativas y necesidades de educadores y alumnos. La IAG no sustituye las interacciones insoslayables entre educadores y alumnos sino potencialmente amplía su desarrollo e impacto (Opertti, 2024).
En séptimo lugar, resulta perentorio que la educación fortaleza su rol como cimiento de convivencia e inclusión, y en base a una fuerte inversión social, pedagógica y docente. Esto podría implicar combinar una política de infancia desde cero en adelante con una educación unitaria, diversa y flexible de 3 a 18 años articulada en torno a centros de educación básica (3 - 14 años) y de la adolescencia y la juventud (15-18) de impronta socio-comunitaria, y que busque decididamente igualar en oportunidades.
Asimismo, las políticas en educación pueden hermanarse con las de seguridad en la medida en que sean socios solidarios y vinculantes en garantizar el derecho a la seguridad como inherente a los derechos humanos, y de revalorización de la educación como el cimiento del goce de los derechos humanos en su plenitud. Si efectivamente las separamos, contraponemos o planteamos como disyuntivas, corremos el riesgo que la seguridad, en un sentido netamente represivo, siga colonizando el debate público.
En octavo lugar, el reconocimiento que las y los educadores son los principales tomadores de decisión del sistema educativo en el aula es un punto de referencia para repensar su rol, formación inicial y desarrollo profesional, carrera docente y las condiciones de ejercicio profesional acorde a su loable misión y alto impacto en la sociedad. Resulta clave entender al educador en su rol de referente, facilitador y tutor, así como promover su versatilidad en integrar con sentido saberes disciplinares, inter y transdisciplinares para hurgar en la complejidad de los temas.
Bajo el contexto actual de alta manipulación de los conocimientos, así como la necesidad de contrarrestar los sesgos cognitivos de las personas – esencialmente tiene que ver con la construcción propia de opiniones y juicios erróneos o representaciones distorsionadas de la realidad - el educador es clave para desencriptar el conocimiento y hacer del mismo, un factor que estimule la libertad y el pensamiento autónomo de los alumnos. Tal como arguye el destacado pedagogo francés, Philippe Meirieu, ser un educador implica hacer emerger cotidianamente en la clase la posibilidad misma de la democracia (Meirieu, 2023).
En noveno lugar, el calado de los cambios que los sistemas educativos tienen que encarar para sostener la formación de las nuevas generaciones para futuros mejores y sostenibles, requiere de mayor inversión en educación, así como de mejoras significativas en los usos de los recursos existentes. Una dotación inercial de más recursos no va a tener impactos significativos alineados a procesos de cambio. Asimismo, tomar debida conciencia que les cuesta enormemente a los sistemas educativos mantener el gasto y la inversión como prioridad sostenida en el tiempo, y más aún, protegerlos en períodos de crisis.
Sigue pendiente mejorar la calidad del diálogo y del entendimiento entre los ministerios de educación, de economía y/o de finanzas y oficinas de planeamiento a la luz de argumentar, evidenciar y priorizar el gasto y la inversión en educación desde visiones de formación a lo largo y ancho de toda la vida. Se tendría que evitar tanto acotar mejoras de inversión y gasto a la proliferación de proyectos fragmentados y sin visión y dirección educativa unitaria, así como evitar asignar recursos a las “bolsas” de las instituciones y de los programas sin el soporte de objetivos, metas, estrategias e impactos evaluables.
En suma, resulta perentorio argumentar con fortaleza argumental, y en base a una triangulación de evidencias sólidas, en torno a reposicionar y dignificar la educación en las agendas de desarrollo y cooperaciones nacionales e internacionales. Lamentablemente la educación no constituye, en la actualidad, un asunto prioritario a escala global, y en particular, está lejos de serlo en América Latina.
Alternativamente a una situación de baja prioridad y relevancia conferida a la educación, se propone avanzar en una agenda comprehensiva de cambio educativo que engloba, por lo menos, nueve dimensiones interconectadas, a saber: repensar la educación en su integralidad; fortalecer las alfabetizaciones socioemocionales y fundacionales; desarrollar una formación ciudadana y democrática intergeneracional; vincular inclusión, protección social, diversidad e igualdad; avanzar en una visión multidimensional de la sostenibilidad; garantizar el derecho a la conectividad gratuita en educación y los usos de la IAG; articular las políticas en torno a la educación, convivencia y seguridad; jerarquizar el rol y el desarrollo profesional del educador como referente y facilitador; e invertir más y mejor en educación alineado a procesos de cambio.
