El transporte público es un pilar fundamental en la movilidad urbana, pero también representa uno de los principales desafíos para la planificación de las ciudades. En Uruguay, con la asunción del nuevo gobierno, el debate sobre la movilidad en el Área Metropolitana de Montevideo ha cobrado relevancia y se ha posicionado como un tema prioritario en la agenda pública.
Según la última Encuesta de Movilidad del Área Metropolitana de Montevideo (2016), se realizan aproximadamente 4,2 millones de viajes diarios en la ciudad. De estos, el 32% se efectúan en automóvil privado y el 25,2% en ómnibus. En comparación con 2009, la diferencia entre el uso de transporte privado y público aumentó del 6% al 16%, indicando una tendencia hacia la preferencia por vehículos privados. La misma encuesta revela que la duración promedio de un viaje en transporte público es de 46 minutos, mientras que en vehículos privados es de 21 minutos. Esta diferencia significativa en los tiempos de desplazamiento influye en la elección modal de los usuarios.
Asimismo, el incremento del parque vehicular sostenido en los últimos años y el retroceso del sistema de transporte público también genera efectos distributivos negativos. Las personas de menores ingresos dependen más del transporte público que aquellas con mayores. Por ende, las disminuciones en las velocidades y los consiguientes aumentos en los tiempos de viaje del transporte público perjudican principalmente a los sectores más desfavorecidos de la población.
En este contexto, la experiencia de otros países latinoamericanos ofrece valiosas lecciones sobre qué prácticas han funcionado y qué errores deben evitarse. A continuación, en base a la experiencia de AIC Economía y en la revisión de literatura a nivel internacional se presentan algunos de los principales desafíos y lecciones aprendidas identificados en cuatro dimensiones claves: técnica, institucional, regulatoria y económico-financiera.
Desde el punto de vista técnico, la implementación de reformas y proyectos enfrenta una gran complejidad, con cambios y discusiones prolongadas. La falta de socialización, por ejemplo, puede desencadenar manifestaciones vecinales e incluso generar presión política para revertir ciertas intervenciones. Del mismo modo, las negociaciones con los operadores, que en muchos casos resultan tardías y/o difíciles, pueden provocar obstáculos similares. Esto no solo puede retrasar la ejecución de las obras, sino que, en algunos casos, termina por alterar la idea original, dando lugar a proyectos diferentes e incluso poco adecuados a la realidad de las ciudades.
Por otra parte, la insuficiencia de infraestructura adecuada y la falta de integración de los proyectos con el resto del sistema de transporte han dificultado la eficiencia y conectividad, generando una desconexión con los servicios existentes y afectando su rendimiento. Por ejemplo, en algunos proyectos BRTs, donde las líneas alimentadoras no fueron suficientes para ampliar su cobertura de manera adecuada.
Además, la expansión hacia zonas periféricas sigue siendo un reto debido a los altos costos de inversión y la baja densidad poblacional en algunas áreas. La planificación ineficiente de rutas contribuye a tiempos de desplazamiento prolongados, reduciendo la efectividad del sistema. A nivel tecnológico, la implementación de sistemas inteligentes de transporte y el cobro electrónico sigue enfrentando obstáculos de interoperabilidad y adopción.
En varias ciudades la selección inadecuada de corredores ha sido un problema recurrente, como ocurrió previamente en Montevideo, donde se eligieron zonas de baja demanda y poca congestión, reduciendo el impacto del nuevo sistema en la movilidad.
Para superar estos problemas, es fundamental diseñar sistemas basados en calidad del servicio para los usuarios, con una clara priorización del transporte público, garantizar una integración modal eficiente y adoptar tecnologías avanzadas. La planificación debe contemplar una infraestructura flexible y escalable para adaptarse a la evolución de la demanda y optimizar la selección de corredores estratégicos para maximizar el impacto en la movilidad. Para lograrlo, es fundamental contar con un equipo técnico de supervisión sólido a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, desde la fase de estudios hasta la ejecución de las obras y su operación.
En línea con lo anterior, en el ámbito institucional, la fragmentación de competencias entre los distintos actores públicos también ha generado inconvenientes. La falta de coordinación entre operadores y reguladores, sumada a la resistencia de transportistas tradicionales, ha obstaculizado la transición hacia sistemas más modernos.
Para mejorar la gestión, es crucial fortalecer la cooperación interinstitucional a través de la creación de una Autoridad Metropolitana de Transporte, fomentar la participación ciudadana en la planificación, invertir en la capacitación técnica de las instituciones responsables, dotar de recursos económicos adecuados y mejorar la supervisión y control de los proyectos de transporte.
Existen experiencias (ej: Metro de Medellín) donde se ha demostrado que un liderazgo claro y una comunicación transparente son fundamentales para mejorar la coordinación entre operadores, reguladores y ciudadanos.
Asimismo, la participación ciudadana ha resultado esencial para el éxito y la aceptación de las iniciativas de transporte, ya que facilita la identificación de necesidades y genera confianza en el sistema.
A nivel regulatorio, el marco normativo se encuentra estrechamente vinculado con el aspecto institucional. Para evitar muchos de los problemas mencionados, la regulación debe otorgar potestades a una Agencia Metropolitana de Transporte y la capacidad de fijar que servicios se requieren, que esquema de negocios y remuneración es más conveniente, que calidad, frecuencia y la capacidad de obtener recursos económicos.
Adicionalmente, la regulación debe delinear con claridad los roles de cada actor dentro del sistema, asignando responsabilidades y obligaciones específicas. Para garantizar su cumplimiento, es esencial que se disponga de mecanismos efectivos de fiscalización, supervisión y sanción.
Por tanto, la regulación debe lograr adaptarse para facilitar la intermodalidad y la innovación tecnológica, establecer contratos con incentivos de calidad y sanciones por incumplimiento, mejorar la fiscalización del servicio y garantizar la integración del transporte informal con el sistema estructurado.
El financiamiento sigue siendo uno de los principales desafíos. La inversión en infraestructura y operación del transporte público depende en gran medida de subsidios públicos, lo que genera problemas de sostenibilidad financiera. Las tarifas bajas y la evasión de pagos reducen los ingresos operativos, afectando la viabilidad de los sistemas. Para hacer frente a esta situación, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento incorporando financiamiento privado y repensar mecanismos innovadores tales como impuestos a la plusvalía inmobiliaria o peajes urbanos, establecer estructuras tarifarias equilibradas con subsidios focalizados, implementar mecanismos de control para reducir la evasión tarifaria, entre otros.
Bogotá y Santiago de Chile han desarrollado modelos exitosos de transporte público urbano en base a un esquema que separa la propiedad de la operación de los ómnibus. Estos sistemas cuentan con mecanismos de pago eficientes que permiten remunerar a cada actor de manera diferenciada: los propietarios de la flota reciben pagos por disponibilidad, mientras que los operadores son remunerados en función de los kilómetros recorridos y/o la cantidad de pasajeros transportados. En ambos casos, los sistemas operan bajo un esquema en el que los ingresos tarifarios son administrados centralmente, lo que garantiza transparencia y eficiencia. Además, este esquema facilita la incorporación de instrumentos financieros como los fideicomisos.
Para impulsar una transformación del transporte metropolitano que garantice eficiencia, equidad y sostenibilidad es necesario adoptar una visión integral que considere la planificación urbana, el aporte de todos los afectados por el sistema, la innovación tecnológica y el financiamiento sostenible. Las experiencias de América Latina muestran que no hay soluciones únicas, pero sí estrategias exitosas que pueden adaptarse a la realidad uruguaya.
Invertir en un sistema de transporte público moderno y eficiente no solo mejora la movilidad de las personas, sino que también fortalece la competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. El desafío radica en diseñar políticas que respondan a las necesidades actuales sin perder de vista el futuro de la movilidad en Montevideo y su Área Metropolitana.
