Hace algunos días, en un hecho que para muchos podrá pasar desapercibido, se firmó un importante convenio en Uruguay en materia de derechos humanos. Lo que podría parecer un simple trámite burocrático o un gesto institucional más, en realidad es un avance fundamental en la lucha contra la discriminación a nivel local. En este sentido, el reciente convenio firmado entre el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) es una oportunidad para transformar el enfoque de nuestro país hacia la defensa de los derechos humanos y la erradicación del antisemitismo.
Este convenio no se limita a lo simbólico, sino que se trata de una plataforma para el cambio real. Así, en lugar de teorizar sobre el problema, el CJL, el Comité Central Israelita de Uruguay (CCIU) y la INDDHH han decidido aplicar en Uruguay modelos probados en otras regiones del mundo, ajustándolos a la realidad uruguaya y las necesidades y desafíos locales.
A través de una variedad de recursos y capacitaciones, este acuerdo busca acercar herramientas concretas para la investigación y medición de la discriminación, que sirvan al trabajo cotidiano del organismo en sus diferentes unidades de trabajo: género, migrantes, personas mayores y población en situación de discapacidad.
Lo innovador de esta alianza radica en su enfoque colaborativo, que permite avanzar en la defensa de los derechos humanos sin requerir un esfuerzo material por parte del Estado. Se trata de un valioso ejemplo de cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden unirse para trabajar con las instituciones públicas, socializando su conocimiento y experiencias para lograr un impacto positivo en nuestra sociedad sin afectar los recursos públicos.
Este acuerdo es un paso crucial, pero no puede ni debe ser un hecho aislado. Es parte de un proceso continuo y a largo plazo, de una construcción conjunta. Porque los cambios no serán solo producto de políticas públicas, sino de un esfuerzo compartido con la sociedad. Si aspiramos a un futuro en el que Uruguay sea realmente un país de respeto y convivencia, no bastan las palabras: son necesarias acciones concretas y sostenidas en el tiempo. El convenio firmado entre el CJL y la INDDHH es solo el comienzo, y depende de todos nosotros asegurar que continúe avanzando en la dirección correcta.
