Además, destacó que “este fue un período súper presidencialista, con una personalización del poder muy marcada, como probablemente no había habido antes en la historia reciente del Uruguay”.
Por su parte, el politólogo Adolfo Garcé consideró que el mandato de Lacalle Pou fue, en líneas generales, positivo: “La mayoría de la población considera que fue una buena gestión, la aprueba. Básicamente, porque hizo un esfuerzo serio por cumplir con las promesas electorales”. Es que, según lo analizado por Garcé en conversación con El Observador, un buen gobierno no se mide solo por el grado de acuerdo con sus políticas, sino por la capacidad de cumplir sus compromisos con la ciudadanía.
Luján resaltó, en ese sentido, que “fue un gobierno que tuvo un mandato electoral que, en cierta forma, lo cumplió por mitades. […] Desde el punto de vista más de la gestión, hubo algunas cosas que se cumplieron y por lo tanto consolidan esta idea de que en Uruguay los partidos son agentes importantes y que la ciudadanía confía en ellos porque cumplen sus mandatos”.
De todos modos, según el análisis de Garcé, el Frente Amplio se vio favorecido por errores estratégicos del gobierno, como el envío de la Ley de Urgente Consideración (LUC) con 500 artículos. “El Frente Amplio se recuperó vibrantemente a partir de ahí. Desde el 2021 para adelante se recuperó, había salido muy mal herido de la elección del 2019, la pasó mal en el 2020”, afirmó Garcé.
El gobierno puede jactarse de haber reformado la seguridad social, del manejo inicial de la pandemia, de haber controlado la inflación y tiene números para mostrar en empleo y macroeconomía. Pero las renuncias y los escándalos también fueron una constante en estos cinco años.
El caso de la entrega de pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset generó una crisis política que derivó en la renuncia de figuras clave, el jefe de la seguridad presidencial terminó en la cárcel y varios ministros renunciaron acusados de corrupción o clientelismo. Para Garcé, estos escándalos fueron "el talón de Aquiles" del gobierno, opacando los "logros en materia económica y de seguridad".
A continuación un repaso de los hechos más destacados de la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou.
La primera gran prueba: Lacalle Pou y la gestión de la pandemia del covid-19
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Foto original: Leonardo Carreño
A 13 días de asumir el mando, el presidente Lacalle Pou tuvo su primera gran prueba a nivel gestión. La imagen de aquel 13 de marzo de 2020, para muchos, quedará grabada en la retina: el mandatario junto a todos los ministros anunciaban la emergencia sanitaria. Se suspendió la educación, los espectáculos públicos se cancelaron y el gobierno lanzó la campaña de concientización bajo el eslogan de "Quedate en casa".
El futuro cercano era incierto y las conferencias de prensa sobre las 19:00 horas comenzaron a ser un ritual en la televisión uruguayas, muchas de ellas encabezadas también por el entonces secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Lacalle apeló a la "libertad responsable" y explicó que, a diferencia de otros países de la región, Uruguay no iría hacia la cuarentena obligatoria sino que buscaría "regular" las perillas para que la economía no se detuviera. En otras palabras, para que la crisis impactara lo menos posible en los uruguayos.
La imagen del presidente ascendió gracias a la gestión durante los meses más duros del covid-19. Se vio un mandatario hábil para comunicar las buenas y malas noticias, lo que derivó a que se evitara la sensación de caos que en muchos países de la región y el mundo se vivía. Garcé vinculó este momento con el referéndum por la LUC, en el que la coalición consiguió mantener las mayorías populares y evitó que el Frente Amplio lograra el triunfo, lo que implicaba la derogación de varios de los artículos.
Para Garcé, Lacalle generó "un enorme capital político" durante los primeros meses de su gestión y todo se resume en cómo gestionó la pandemia. Para el experto, uno de los puntos fuertes de ese momento fue haber acudido a los científicos de la Universidad de la República. "El trabajo de GACH es espectacular. Y ese puente que se estableció entre política y ciencia en 2020. Pero el trámite político no fue tan bueno, porque faltó el acuerdo con el Frente", sostuvo.
El Grupo Asesor Científico Honorario, que tuvo a Rafael Radi como uno de los líderes, se encargó de brindar un asesoramiento técnico al gobierno en busca de obtener respuestas a un virus que presentaba un montón de preguntas. El grupo se define como apolítico y honorario, y fue uno de los factores de consultas más recurrentes de Lacalle antes de tomar diferentes decisiones.
Luján, por su parte, apeló a una frase que se escuchó y se leyó mucho durante los dos primeros años de gestión: "Lacalle se recibió de presidente". El politólogo recordó que cuando el blanco asumió había algunas dudas respecto de su "capacidad de gestión porque nunca había ejercido cargos ejecutivos".
Tanto Garcé como Luján coincidieron en que, producto de cómo se encaró la pandemia, hubo una "extensión de la luna de miel" entre Lacalle y la oposición. "Este fue un hito que le sumó un montón a la construcción de su figura presidencial y además le permitió tener como el control casi que absoluto del gobierno", cerró Luján.
Crisis hídrica: el colapso del agua y las fallas en la planificación
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Foto original: Inés Guimaraens
En 2023, Uruguay enfrentó una de las peores crisis hídricas de su historia, que puso en jaque el suministro de agua potable en Montevideo y la zona metropolitana. El gobierno de Luis Lacalle Pou declaró la emergencia hídrica en junio de ese año, tras constatarse que el embalse de Paso Severino, principal fuente de abastecimiento, había caído a mínimos históricos debido a la falta de lluvias.
Para mitigar la crisis, OSE implementó medidas como la mezcla de agua dulce con agua salobre del Río de la Plata, y el gobierno se enfocó en la distribución gratuita de agua embotellada a sectores vulnerables y la exoneración de impuestos sobre su comercialización.
Durante los meses más críticos, los niveles de sodio y cloruro en el agua del grifo superaron los límites recomendados, lo que llevó al Ministerio de Salud Pública a sugerir que grupos de riesgo, como embarazadas y personas con enfermedades renales, evitaran su consumo.
La escasez provocó un aumento en la demanda y los precios del agua embotellada, a pesar de la exoneración fiscal. Paralelamente, el gobierno anunció la construcción del Proyecto Arazatí, una nueva planta potabilizadora en el Río de la Plata, cuya ejecución generó controversia entre sindicatos y sectores políticos.
El expresidente José Mujica reaccionó a la crisis reconociendo, en aquel entonces, la falta de planificación en materia hídrica y asumiendo parte de la responsabilidad. "Tendríamos que haber arrancado antes. Se me van a enojar, nos dormimos todos", afirmó, señalando que el problema no era exclusivo del gobierno de Lacalle Pou, sino el resultado de décadas sin inversión suficiente en infraestructura de agua.
Adolfo Garcé calificó la sequía como "otro cisne negro" que generó un fuerte impacto económico y emocional en la población. “La sequía hizo mucho daño económico y también terminó afectando el ánimo de la gente. Además, demostró la falta de planificación de este país", expresó. Luján, sin embargo, cree que si bien la crisis expuso falencias en la gestión, no tuvo un impacto político determinante: "Fue un problema para el gobierno, pero no lo desgastó de manera definitiva. Creo que se recuperó después de eso".
Con la llegada del invierno, las lluvias permitieron recuperar los niveles de Paso Severino, lo que llevó al gobierno a levantar la emergencia hídrica en agosto de 2023. Sin embargo, la crisis dejó interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar el acceso al agua y la necesidad de fortalecer la infraestructura y la planificación de los recursos hídricos.
Escándalos en la cúpula: las controversias de los jerarcas y la sombra de la gestión de Lacalle Pou
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Foto original: Camilo dos Santos
En noviembre de 2023, el gabinete conformado por Lacalle tenía solo cuatro ministros que permanecían en su cargo desde el 1° de marzo de 2020, cuando la gestión actual tomó las riendas del Poder Ejecutivo. La mayoría de los movimientos que tuvo el gobierno, a nivel ministerial, fue por escándalos relacionados a casos judiciales y corrupción.
Garcé consideró que el más "duro de todos" fue el de Alejandro Astesiano, el exjefe de seguridad presidencial que fue condenado en la causa en la que se daba pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. Producto de esto, altos mandos policiales fueron apartados de sus cargos y se descubrieron diálogos del excustodio con figuras políticas.
El politólogo manifestó que el caso de Astesiano reveló problemas de carácter "institucional", porque no es admisible que un presidente contrate al responsable de su custodia y de su familia en base a la confianza. "La custodia tiene que ser algo profesional, absolutamente democrático", agregó Garcé.
La renuncia de Irene Moreira al Ministerio de Vivienda en mayo de 2023 fue otro caso que movió los cimientos de la coalición de gobierno. Lacalle le pidió a Moreira que dimitiera luego de que se conociera que había asignado varias viviendas de formas discrecional, amparándose en un mecanismo de "cupo". Fue uno de los casos en los que la relación de los partidos que integran el gobierno, que nunca fue color de rosas, peligró.
La determinación de Lacalle provocó que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, decidiera cortar el relacionamiento con el presidente y por varios meses hablara solo Delgado. "En campaña, la relación personal entre ambos estaba quebrada absolutamente", insistió Luján y consideró que el efecto negativo "electoralmente" fue parra Cabildo.
Para Luján, la renuncia de Moreira y la consecuente caída electoral de Cabildo Abierto fueron uno de los aspectos que provocaron que el gobierno no pudiera ser reelecto. El politólogo agrega, junto con el caso Astesiano, "fueron como dos problemas que el gobierno no pudo sortear y que llevaron a que no pueda ser reelecto", añadió.
En diciembre de 2021, surgía el nombre del narco uruguayo Sebastián Marset, quien consiguió un pasaporte uruguayo y logró salir de prisión en Dubái. La emisión del documento generó un escándalo político y se llevó a varios ministros, entre ellos, Luis Alberto Heber, de Interior; Francisco Bustillo, de Cancillería; Carolina Ache, subsecretaria de Cancillería y el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel.
Fue otro de los casos que fue investigado por la Fiscalía y terminó archivado, luego de que Alejandro Machado no encontrara elementos para acusar penalmente a los jerarcas. Para Garcé, Lacalle y el resto del gobierno podrían haber evitado "el costo político" al admitir que hubo un error en la aprobación del pasaporte a Marset.
"Pero todo lo que vino después terminó siendo mucho peor y terminó cortando cuatro funcionarios de primera línea. Un episodio tremendo de los que desprestigió a Uruguay", añadió Garcé.
Antes de Marset, en agosto de 2021, Germán Cardoso renunció al Ministerio de Turismo en medio de acusaciones por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de publicidad. Fue Martín Pérez Banchero que, tras su destitución, comenzó a apuntar contra Cardoso y el caso escaló hasta llegar a la Fiscalía.
Ante la creciente presión y para no perjudicar al gobierno, Cardoso presentó su renuncia, afirmando que volvería a ocupar su banca de diputado para defenderse de las acusaciones y promover una investigación parlamentaria sobre su gestión
Garcé indicó que fue "otro caso" que dejó "muy mal parado al gobierno", pero rescató que Lacalle "tuvo el tino de rápidamente sacarse el problema de encima" al pedirle a Cardoso que presentara la renuncia.
Fue en filas coloradas que también se dio la primera renuncia de un ministro en el gobierno de la coalición. Sorpresivamente, el 1° de julio de 2020, Ernesto Talvi presentó su renuncia y luego divulgó una carta en la que manifestaba que era una "decisión de vida". "Debo reconocer que sobreestimé mi capacidad de adaptarme del quehacer académico al quehacer político. Y aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacer lo mejor, no es lo mío", agregaba el texto.
La salida de Talvi se daba a los primeros 100 días de la gestión. "Se empezó, de a poquito, a generar esa bola de nieve de lo turco", consideró Garcé y agregó que hay de preguntas que quedaron sin respuestas. "¿Por qué se va? ¿Por qué dice 'esto no es lo mío'?", ejemplificó el politólogo.
Por último, otro de los escándalos que tuvo el gobierno fue la acusación en contra de Gustavo Penadés, uno de los senadores con más trayectorias en la bancada del Partido Nacional. Penadés fue imputado por 22 delitos sexuales, luego de que la exmilitante blanca Romina Celeste Papasso dijera públicamente que el legislador había pagado por tener sexo con ella cuando tenía 17 años. Luego se sumaron decenas de víctimas que declararon ante la fiscal Alicia Ghione, quien lleva el caso.
La primera reacción de Penadés fue hacer una conferencia de prensa en el Parlamento, en la que dijo que denunciaría a Papasso por difamarlo e injuriarlo. Por su parte, Lacalle dijo en rueda de prensa que "sería un mal amigo" si no le creyera.
"Hace 30 años que lo conozco. Con la primera persona que lo denunció no tengo trato. Les pregunto a ustedes; viene un amigo, que lo conocen desde hace más de 30 años, y los mira y les dice ‘mirá que yo no fui’. Me mira a los ojos y me dice ‘yo no fui, yo no hice nada. No es cierto’. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo", dijo el 11 de mayo de 2023.
En octubre, tras la imputación de Penadés con prisión preventiva como medida cautelar, Lacalle fue consultado sobre sus dichos y sostuvo: "Capaz hubieran preferido que les mintiera en ese momento, cuando no había elementos de prueba, no había todavía testimonios ni testigos”. “Lo que dije en ese momento no puedo decir ‘no lo dije’, simplemente que la situación ha cambiado, y por eso gran parte de la tristeza ante la aparente confirmación de estos hechos", indicó.
Luján sostuvo que "los escándalos que escalan" son aquellos que "tienen que ver con cuestiones morales o corrupción". "Lo de Penadés, un caso de abuso sexual, cuestiones que hacen más a lo moral", dijo.
Crisis en las mutualistas: el derrumbe de Casa de Galicia y el temblor del sistema de salud con Casmu en la mira
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Foto original: Camilo dos Santos
El sistema de salud vivió dos etapas bien marcadas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Fue exigido a fondo durante la pandemia del coronavirus y, en general, logró responder sin llegar a saturarse tal como sucedió en otras partes del mundo. Pero sobre el final del 2021, cuando la pandemia ya estaba en retirada, un actor importante del sistema se cayó: el cierre de la mutualista Casa de Galicia fue un duro golpe para usuarios y trabajadores que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias.
Una gestión que tuvo tres intervenciones estatales en este siglo, un endeudamiento en alza y un pedido de concurso derivaron en el cierre de una mutualista que en su mejor época llegó a tener 45 mil socios. Desde el Frente Amplio cuestionaron la gestión que el gobierno hizo de esta crisis y señalaron, sobre todo, el proceso por el que se remató el edificio y se repartieron los socios.
El Círculo Católico, que fue por ley el prestador que más socios de Casa de Galicia recibió, se quedó con la propiedad al haber ofertado US$ 15,3 millones. Superó así a una alianza entre Universal y Cudam, otros prestadores privados que también recibieron socios de Casa de Galicia.
Los cuestionamientos de la oposición llegaron sobre todo porque el entonces presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, fue director técnico del Círculo Católico hasta que asumió en el organismo público. También allí se desempeñó Eduardo Henderson, exgerente general del prestador estatal. Hasta febrero de 2020, allí también cumplió funciones como neurólogo titular el ahora exministro Salinas.
Pero la caída de Casa de Galicia no fue otra cosa que la “punta del iceberg”, en la visión de Garcé. El derrumbe de la mutualista hizo que los ojos se pusieran sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud y la situación económico-financiera de las mutualistas. A mediados del año pasado, y en medio de la campaña electoral, el Poder Ejecutivo decretó la intervención –sin desplazamiento de autoridades– del Casmu, la tercera mutualista más grande del país con 180 mil socios.
Los primeros informes de los interventores detectaron e identificaron desvíos de las normativas vigentes, incumplimientos estatutarios y del reglamento de compras, así como otras observaciones relacionadas con adquisiciones y pagos que implicaban perjuicios para el Casmu. Cuando asuma la nueva administración deberá tomar una definición sobre la situación de esta mutualista.
La concesión del Puerto de Montevideo a Katoen Natie: ¿inversión histórica o monopolio encubierto?
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Foto original: Leonardo Carreño
En febrero de 2021, el gobierno uruguayo extendió la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) a la empresa belga Katoen Natie hasta el año 2081. Este acuerdo, negociado sin licitación pública, contempló una inversión de aproximadamente 460 millones de dólares por parte de la compañía, con el objetivo de modernizar la terminal y duplicar su capacidad operativa. Según el gobierno de Luis Lacalle Pou, la decisión evitó una demanda internacional contra el Estado uruguayo y aseguró el desarrollo del puerto de Montevideo como un hub regional de contenedores. Sin embargo, el acuerdo generó fuertes críticas por parte de la oposición y actores del sector portuario, que denunciaron la eliminación de la competencia y el establecimiento de un monopolio de facto en la operativa de contenedores.
La principal empresa afectada por el acuerdo fue Montecon, que operaba en los muelles públicos del puerto y consideró que la concesión favorecía de manera desleal a Katoen Natie. En respuesta, Montecon presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, exigiendo un resarcimiento de 600 millones de dólares por presuntas "prácticas anticompetitivas". La compañía argumentó que el gobierno uruguayo violó tratados de protección de inversiones con Chile y Canadá, al impedirle operar en igualdad de condiciones.
Desde el oficialismo, el presidente Lacalle Pou defendió la concesión como "la mayor inversión portuaria en la historia del país" y aseguró que el gobierno actuaría en defensa del interés nacional. También destacó los avances en el dragado del puerto y la profundización del canal de acceso, medidas clave para mejorar la competitividad de la terminal. Sin embargo, desde el Frente Amplio se cuestionó la falta de transparencia en la negociación, y los senadores Charles Carrera y Mario Bergara presentaron una denuncia judicial que más tarde fue archivada.
Garcé evaluó que, si bien el acuerdo pudo estar técnicamente bien fundamentado, fue "muy mal manejado" políticamente. "En los temas importantes, incluso en los urgentes, hay que tomarse tiempo para hacer las cosas bien. No te podés dar el lujo de, como tenés ahora, la amenaza de una apelación judicial", expresó. Además, criticó la falta de diálogo con la oposición, señalando que "todos los gobiernos que convocan a la oposición se fortalecen, no se debilitan".
Por su parte, Luján relativizó el impacto político del acuerdo, señalando que "no deja de ser una cuestión de política pública" y que, aunque pudo haber arbitrariedad en su implementación, "no me parece que para el gran público haya sido un tema demasiado relevante". También destacó que la controversia en torno al puerto no afectó directamente la imagen del presidente, sino que impactó más en figuras como el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber.
LUC: la ley que marcó el gobierno de Lacalle Pou y reavivó al Frente Amplio
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Foto original: Diego Battiste
Fue una sombra que atravesó todo el período de gobierno. En campaña electoral el entonces candidato Lacalle Pou hablaba de una ley de urgencia con diversidad de temas. Una vez ganada la elección dio a conocer su contenido en un primer borrador y luego generó un intenso debate en un Parlamento, afectado por las restricciones de la pandemia, que la terminó aprobando en su gran mayoría.
En la LUC entró buena parte del Compromiso por el País, el programa mínimo común al que llegaron los socios de la coalición, lo que llevó a que el gobierno se quedara sin grandes temas de agenda para el resto del período parlamentario más allá de la reforma de la seguridad social y las distintas rendiciones de cuentas.
Se transformó, a su vez, en el caballito de batalla que le permitió al Frente Amplio reacomodar filas y salir a recolectar las más de 800 mil firmas que hicieron que 135 artículos de esa ley ómnibus fueran sometidos a un referéndum en marzo de 2022 que respaldó por escaso margen (50,02% a 48,67%) al gobierno de Lacalle Pou.
Y sobre el final, ya con la campaña en marcha e incluso durante la transición, la LUC volvió a estar una y otra vez en la agenda mediática por los cambios que el Frente Amplio asegura que va a hacerle una vez que asuma el poder.
La LUC, promulgada el 9 de julio de 2020, contenía temas que iban desde la seguridad pública (amplió la legítima defensa y creó delitos como el agravio a la autoridad policial) y las relaciones laborales (prohibió la ocupación de los lugares de trabajo) hasta la vivienda (creó un mecanismo de desalojo exprés para determinados casos) y las adopciones (buscó agilizar el trámite).
Fue, según los analistas, un arma de doble filo. Porque le permitió al gobierno aprobar una cantidad de cuestiones al inicio del gobierno cuando la coalición funcionaba de forma armónica y sin ruidos pero, al mismo tiempo, fue el motor para el resurgimiento del Frente Amplio.
“Marcó decididamente este periodo de gobierno pero tuvo luces y sombras. Por un lado, haber dado respuesta a una cantidad de temas en un único acto legislativo, donde además el gobierno siempre tiene la ventaja por el procedimiento mismo y curiosamente le dio al Frente Amplio una excusa para recomponerse”, señaló Luján.
La creación del Ministerio de Ambiente: un hito en la gestión ambiental de Lacalle Pou
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El 9 de julio de 2020, el gobierno de Luis Lacalle Pou creó el Ministerio de Ambiente, separándolo del antiguo Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a través de la LUC. Esta decisión buscó jerarquizar las políticas ambientales y otorgar mayor autonomía a la gestión de recursos naturales, calidad del agua y residuos. La creación del ministerio había sido un compromiso de campaña y fue apoyada por el Frente Amplio, aunque con críticas sobre su alcance y proactividad.
Garcé destacó: "Para mí es una excelente decisión, excelente, porque en este país no hay mucha conciencia verde, las organizaciones ambientalistas todavía no son fuertes. Y tuvimos suerte de tener un presidente sensible al tema. Y creo que para darle lugar a temas verdes es una excelente decisión darle nivel ministerial".
Por su parte, Luján señaló: "Ese es otro ejemplo de cumplimiento del mandato. Ahí sí hay un ejemplo claro de que el gobierno cumplió con un mandato electoral que era crear un ministerio medio ambiente. Lo hizo más allá de que, como siempre ocurre, echar a andar una organización de este tipo es costoso, es complicado, no había presupuesto. Lo cierto es que el ministerio se creó, todo o casi todo el sistema político estuvo de acuerdo en que era una buena cosa crear un Ministerio de Ambiente y me parece de cómo se consolida la democracia".
El nuevo ministerio asumió competencias en supervisión ambiental, ordenamiento ambiental y conservación de recursos naturales. En sus primeros años, se centró en la gestión del agua y residuos, destacando avances en la recuperación de plásticos y neumáticos, pero con pendientes en la valorización de residuos domiciliarios. También se impulsaron iniciativas sobre hidrógeno verde y certificación ambiental de la producción agrícola y ganadera.
Desde su creación, el ministerio estuvo encabezado inicialmente por Adrián Peña (con Irene Moreira como ministra interina), quien renunció en enero de 2023 y fue sucedido por Robert Bouvier. El presupuesto de la cartera rondó, al menos al comienzo, alrededor de 750 millones de pesos anuales. La demanda social por políticas ambientales también aumentó, evidenciada en el incremento de denuncias ambientales y en la inclusión del cambio climático en la agenda pública.
Uno de los temas más relevantes en la gestión del ministerio fue el abastecimiento de agua potable, especialmente tras la crisis hídrica de 2023. La administración trabajó en la autorización del Proyecto Arazatí, una planta potabilizadora en el Río de la Plata, y en estrategias para mejorar la gestión de aguas subterráneas como reserva ante futuras sequías.
El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, reconoció en una entrevista con Búsqueda, los avances y desafíos en la gestión. Destacó la importancia de consolidar el ministerio como un actor clave en el gobierno y la necesidad de fortalecer la relación entre producción y sustentabilidad. También subrayó la urgencia de aprobar un marco normativo sobre delitos ambientales, aún en discusión en el Parlamento.
Inflación bajo control y atraso cambiario: el dilema económico
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El control de la inflación fue uno de esos logros que el gobierno logró consolidar en la discusión pública sin recibir cuestionamientos. Nadie puede decir –ni en el oficialismo, ni en la oposición– que la baja del Índice de Precios al Consumo (IPC) no es una buena noticia. Con Diego Labat a la cabeza, el Banco Central (BCU) implementó una estrategia que le permitió reducir la inflación –que llegó a superar el 10% durante el arranque del gobierno– a números cercanos al 5%.
Para alcanzar estos objetivos, el BCU ha adoptado una postura de política monetaria contractiva en ciertos períodos, incrementando la Tasa de Política Monetaria (TPM) para reducir las presiones inflacionarias. Eso le generó críticas desde el sector agroexportador porque generó un atraso cambiario que perjudicó a algunos empresarios.
Además, el BCU ha enfatizado la importancia de la desdolarización de la economía uruguaya como una medida complementaria para el control de la inflación. Al promover el uso del peso uruguayo en transacciones y contratos, se busca reducir la vulnerabilidad de la economía a las fluctuaciones del tipo de cambio y fortalecer la efectividad de la política monetaria.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral del BCU para mantener la inflación dentro de los rangos establecidos y asegurar la estabilidad económica del país. Labat ha dicho en más de una oportunidad que mantener una inflación baja es clave para el buen funcionamiento de la economía y sugiere que la competitividad no debe buscarse a través de una mayor inflación.
Para Garcé priorizar la baja inflación por sobre el atraso cambiario fue una decisión que le “costó enojo” de la base social al gobierno pero mostró que la “política manda” y “benefició” a la mayoría de la población. Para Luján es otra muestra del “cumplimiento del mandato” electoral.
Infraestructura vial en Uruguay: inversión histórica y expansión en todo el territorio
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Desde 2022, la Corporación Vial del Uruguay (CVU), dependiente del Centro Nacional para el Desarrollo (CND), ha financiado 256 obras viales en todo el país. De estas, 255 fueron encargadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mientras que una correspondió al Grupo Vial, en Rocha. La distribución de las obras abarcó todos los departamentos, con una fuerte presencia en Canelones (37), Durazno (29) y Tacuarembó (25).
En el norte, los trabajos de repavimentación en la Ruta 5 han mejorado la conexión entre Rivera y Tacuarembó. En el litoral, la restauración de puentes y carreteras en Paysandú y Salto ha reducido los tiempos de traslado de la producción agrícola hacia los puertos. Mientras tanto, en el este, la modernización de la Ruta 9 avanzó para fortalecer la conexión con Rocha y potenciar el turismo.
El gobierno de Luis Lacalle Pou ha destacado la infraestructura vial como uno de sus logros clave, con una inversión récord de 900 millones de dólares en 2022 y una proyección de más de 4.500 millones para el período 2023-2024. Este esfuerzo ha permitido la intervención en más del 80% de las rutas nacionales, con mejoras en seguridad vial y la construcción de 227 puentes, superando la meta inicial de 159.
“Punto alto de gobierno. Hay dirigentes del Partido Nacional que dicen que los puentes no votan y que las rutas no votan, pero son claves para el desarrollo de un país, para que la gente pueda hacer negocios. En términos de desarrollo económico, la infraestructura, el capital fijo es clave. Es un punto muy alto del gobierno, del presidente y del ministro Falero”, analizó Garcé.
Reforma de la seguridad social: una transformación necesaria con resistencias
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Foto original: Inés Guimaraens
Tuvo el mérito de realizar una reforma que, más tarde o más temprano, todos los actores del sistema político (y alrededores) coincidían que había que hacer. El propio Lacalle Pou no quedó del todo satisfecho con el resultado final –por las concesiones que le tuvo que hacer a los socios– y desde la oposición cargaron fuerte contra la ley pero el gobierno reformó de forma gradual un sistema que lo necesitaba.
“Teníamos leche, se le fue echando agua pero sigue siendo leche”, resumió el presidente que introdujo medidas cuestionadas por el Frente Amplio –como aumentar casi sin excepciones la edad de retiro desde los 60 hasta los 65 años– pero con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema previsional.
La reforma, que entró en vigencia en agosto de 2023, prevé el aumento de la edad de retiro hasta los 65 años para los nacidos en 1972, consolida el régimen mixto con mayores aportes para las AFAPs y empareja en el mediano plazo las condiciones de todos los sistemas (desde la llamada caja militar a la bancaria).
La reforma, además, generó que el PIT-CNT y parte del Frente Amplio promovieran un plebiscito que buscaba reducir la edad de jubilación nuevamente a 60 años y eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), con la intención de que el sistema de seguridad social sea gestionado exclusivamente por el Estado.
El plebiscito no logró el respaldo necesario (50% + un voto) pero obtuvo un nada despreciable 40% que antecede al diálogo nacional que convocará el futuro gobierno y que muy probablemente realice cambios sobre la reforma realizada por el actual gobierno.
Inseguridad en Uruguay: descenso del delito común y avance del narcotráfico
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Foto original: Leonardo Carreño
Una y otra vez los actores del actual Ministerio del Interior y del gobierno en general se preocupan por mostrar los números. Las denuncias de determinados delitos, decían y con razón, bajaron considerablemente en este período de gobierno. Las denuncias de rapiñas y hurtos cayeron un 43% y un 23% respectivamente comparado con 2019 pero el avance del narcotráfico también es innegable.
"Hemos bajado algunos delitos pero la violencia marginal y el crimen organizado no hemos logrado reducirlos", reconoció en entrevista con El Observador el coordinador de Estrategias de Seguridad Integral y Preventivas del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, que continuará en su cargo pese al cambio de gobierno. La inseguridad sigue siendo, como desde hace 15 años, la principal preocupación de los uruguayos.
La gestión del Ministerio del Interior la abrió el ahora fallecido Jorge Larrañaga que, con una impronta más represiva, le tocó pasar la pandemia donde en el mundo entero bajaron los delitos por la reducción de la movilidad. Tras su muerte, Luis Alberto Heber se encargó de timonear la cartera y empezó a trabajar sobre el enfoque dual: represión más prevención. Su salida, tras el escándalo por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, llevó a que Nicolás Martinelli se hiciera cargo en la última etapa donde hubo una apuesta por la tecnología y por profundizar ese enfoque.
Impacto de la crisis cambiaria argentina en el litoral uruguayo: comercio, empleo y desafíos económicos
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Foto original: Pablo Porciúncula (AFP)
La crisis cambiaria de Argentina tuvo un impacto significativo en el litoral uruguayo, afectando el comercio, el empleo y el consumo en los departamentos fronterizos. La disparidad de precios entre ambos países generó un flujo constante de uruguayos cruzando la frontera para realizar compras, lo que debilitó la actividad económica en ciudades como Salto, Paysandú y Río Negro.
Durante el 2023, la diferencia cambiaria alcanzó niveles históricos, con precios en Argentina hasta un 200% más bajos que en Uruguay. Este fenómeno provocó el cierre de comercios en el litoral y un incremento en la tasa de desempleo, que en Salto alcanzó el 14%. La situación se agravó tras la devaluación del peso argentino en agosto de ese año, lo que amplió aún más la brecha cambiaria y aumentó el incentivo para que los uruguayos cruzaran la frontera a realizar compras.
En respuesta a esta crisis, el gobierno de Luis Lacalle Pou implementó medidas paliativas como la reducción del IMESI en los combustibles y la exoneración de tributos a los comercios afectados. Sin embargo, las cámaras empresariales y los intendentes de los departamentos litoraleños consideraron estas medidas insuficientes para frenar el impacto de la crisis. La Cámara de Comercio del Uruguay y la Confederación Empresarial del Uruguay pidieron medidas más contundentes, incluyendo la habilitación de la microimportación para comerciantes fronterizos.
El turismo también se vio afectado. En 2023, por primera vez en la historia, la balanza turística de Uruguay fue negativa, con más gasto de uruguayos en el exterior que ingresos por turismo. Entre enero y setiembre de ese año, se registraron 1,7 millones de viajes de uruguayos hacia Argentina, lo que representó una caída del 43% respecto al año anterior, pero aún así reflejaba un número significativo de personas que preferían consumir en el país vecino.
El impacto en el comercio uruguayo comenzó a revertirse en 2024, cuando la diferencia cambiaria se redujo al 22%, según el Indicador de Precios Fronterizos de la Universidad Católica del Uruguay. Esto se debió al encarecimiento relativo de los productos en Argentina, causado por la inflación y la devaluación del peso. Como resultado, el flujo de uruguayos hacia Argentina disminuyó y los comercios del litoral comenzaron a recuperar parte de su actividad económica.
Según Garcé, "si la sequía afectó el campo interior y Montevideo, al desatar el problema del agua, el atraso cambiario afectó fuertemente el litoral. Afectó al pequeño comercio y, por lo tanto, al consumo. Aunque el gobierno tenía poco margen de maniobra, quizá faltaron gestos. Cuando los gobiernos no tienen soluciones concretas para los problemas, pueden tener gestos. No sé si el gobierno dio todas las señales de preocupación, de estar sensibilizado con el tema, como quizá podría haber hecho".
