“Fue un año neutro”, define Sergio Fain, rematador especializado en bienes inmuebles judiciales, al referirse a su balance de 2024. Ni bueno ni malo, pero con una característica que lo marcó: la preparación de cara a un 2025 que promete ser movido. “Ya tenemos seis remates en febrero, pero lo grande siempre llega a mediados de año”, comenta con optimismo.
Sin embargo, detrás de la rutina diaria de martillos y tasaciones, Fain levanta la voz sobre un tema que considera crucial para el futuro del sector: la falta de herramientas jurídicas que permitan modernizar los remates judiciales, y que permitan que se pueda realizar en la modalidad online.
“Hoy hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, confiesa. Mientras las transacciones virtuales ganan terreno en todo el mundo, los remates judiciales en Uruguay siguen atados a la presencialidad. Esto, según Fain, limita las oportunidades de captar nuevos inversores, tanto nacionales como extranjeros.
“Imaginate que alguien desde Malasia quiera ofertar en un remate judicial acá. No puede. Aunque tengamos plataformas tecnológicas, las leyes no nos permiten aceptar esas ofertas. La legislación exige que el comprador pague en el acto, algo imposible si no está presente. Entonces, el negocio se pierde”, argumenta.
El problema, según el martillero, no radica en la falta de tecnología, sino en la ausencia de un marco legal actualizado. “Elevamos un proyecto de ley, pero no nos hacen caso. La Suprema Corte tiene ministros que saben mucho de derecho, pero cuando se trata de tecnología o economía, ahí fallan”, lamenta.
Fain comenta, además, que la Asociación de Rematadores debería liderar el cambio en este aspecto. Sin embargo, “se dedican a conseguir trabajo para quienes no tienen, pero solucionar problemas estructurales, jamás. Desde 2015, por ejemplo, los rematadores dejamos de cobrar honorarios por tasaciones porque el Código General del Proceso cambió, y nadie movió un dedo”, señala con frustración.
La falta de acción no sólo afecta a los profesionales, sino también al propio sistema judicial y a los compradores. “Este año se decretó el remate de un inmueble en Río Branco, pero no pudimos hacerlo desde Montevideo porque la legislación no lo permite. Si hubiera herramientas jurídicas, podríamos haberlo hecho en Montevideo y permitir la participación de interesados por plataforma. En cambio, tuvimos que trasladarnos a Río Branco. Es absurdo”.
Leve impacto electoral
En cuanto a los factores externos, Fain admite que 2024, año electoral, tuvo cierto impacto, aunque más entre inversores extranjeros que entre los locales. “El uruguayo sabe que gane quien gane, las variantes no serán drásticas. Pero los extranjeros, especialmente los argentinos, proyectan sus propias realidades políticas y económicas, y eso los hace dudar”.
A pesar de esto, el mercado mostró cierta estabilidad en los valores de las propiedades. “El dólar planchado durante gran parte del año hizo que los precios de las propiedades subieran. Luego, cuando el dólar se disparó, los valores no bajaron. En ese sentido, fue un año neutro, con menos cantidad de remates, pero con precios estables”, dice Fain.
Esperanza e incertidumbre
A pesar de los obstáculos, Fain mantiene una visión positiva para el futuro inmediato. “El último trimestre del año siempre me ha dado buenos resultados, aunque no es usual entre los rematadores. Y para 2025 ya hay mucho trabajo en marcha”, asevera.
No obstante, el desafío de modernizar los remates judiciales sigue latente. “Con plataformas online podríamos captar más gente y obtener mejores resultados. Pero si no cambiamos el Código General del Proceso, estamos atados. No podemos evolucionar”, insiste.
Con más de dos décadas de experiencia, Fain ha aprendido a sortear los obstáculos, pero no oculta su frustración con un sistema que parece anclado en el pasado. “Si la asociación no se mueve y la Suprema Corte no escucha, el futuro de los remates judiciales en Uruguay seguirá siendo limitado. Y eso, al final, perjudica a todos”.
