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Lacalle Pou define educación y vivienda como prioridades en el Presupuesto
Andrés Oyhenard y Santiago Soravilla
Con dos extensas jornadas en la Residencia de Suárez y Reyes, el gobierno de Luis Lacalle Pou comenzó a pisar el acelerador en la elaboración del Presupuesto Nacional.
El presidente fue informado “de primera mano” por el equipo económico encabezado por Azucena Arbeleche e Isaac Alfie y transmitió a los jerarcas que educación y vivienda serán sus prioridades, más allá de los pedidos que realizarán cada uno de los ministerios.
Según supo El Observador a partir de participantes del encuentro, Lacalle Pou se mostró “muy activo” ante cada comentario o presentación del equipo. Tomó notas e hizo preguntas a los jerarcas acerca de los motivos por los que cada ministerio solicitaba más dinero o dejaba atrás un plan que ya se realiza.
El vocero de la Presidencia, Aparicio Ponce de León, dijo que las reuniones transcurrieron en un clima de “muchísimo optimismo” y “confianza” en el “futuro del país en los próximos años”.
Señaló que el objetivo es que en los cinco años haya una planificación “a medida” de las necesidades que se van a cubrir, y mencionó que en los encuentros habían trabajado sobre las “líneas generales” sin entrar en los números finos de cada ministerio.
El tope del gasto para el primer año del Presupuesto (2021) será del 85% de lo efectivamente ejecutado en 2019 (ajustado por inflación), aunque el recorte –señalado como “ahorro” por el gobierno– será mayor a partir del 2022 y podrá alcanzar hasta el 20% en algunos ministerios, según supo El Observador a partir de fuentes ministeriales.
“El ahorro va a ser importante, la meta son los US$ 900 millones, pero este año no va a pasar”, dijo Lacalle Pou este martes cuando se retiraba de las reuniones, consignó Telenoche.
En los próximos días habrá una nueva ronda de Alfie y Arbeleche con los ministerios para terminar de ajustar los números de cada uno y luego el presidente convocará a un Consejo de Ministros el 24 de agosto donde se comunicará el proyecto final del Presupuesto.
Vivienda y educación
En el caso de vivienda, las prioridades del gobierno serán el acceso a la clase media, y la erradicación de los asentamientos. Para lo primero, las autoridades del Poder Ejecutivo se juegan las fichas a la creación de un fideicomiso en el que inviertan los fondos de inversión y las AFAP. La intención es llegar a destinar un 50% del fondo nacional de viviendas ($650 millones), dijo semanas atrás el subsecretario Tabaré Hackenbruch en entrevista con El Observador.
“El ministerio va a promover la construcción de 50, 60 mil viviendas en la complementación público-privado”, señaló y reveló que pensaban subsidiar hasta un 30% de la cuota.
En el caso de los asentamientos, el plan a estudio del presidente Lacalle Pou consiste en orientar todos los esfuerzos de los distintos programas vinculados al tema durante un tiempo en un lugar concreto para mejorar la situación y luego redirigir esos esfuerzos a otro asentamiento. El proyecto implica un incentivo a los privados a través de una renuncia fiscal, flexibilizar la Ley de Ordenamiento Territorial, sanciones a los municipios que no cumplan con su papel de policía municipal y una nueva gobernanza, entre otras cosas, y, además, requiere de la aprobación del Parlamento.
Las autoridades de Vivienda pidieron al Poder Ejecutivo que no se los contemple este año en la aplicación del decreto que recorta un 15% el gasto. “Andará en el 9%”, señaló una fuente de ese ministerio, que aseguró que el MEF aceptó que sigan adelante con escrituras y licitaciones que implican US$ 20 millones porque generaban 500 mil jornales.
Además, pidieron tener un cálculo especial dado que buena parte de sus recursos irán a parar al flamante Ministerio de Ambiente.
En el caso de la educación, el vocero de la Presidencia dijo que el Presupuesto buscará “mejorar la calidad” y “corregir inequidades”.
El presidente del Codicen, Robert Silva, anunció en radio Universal que aumentarán su presupuesto en un 3%. “Nuestra consigna va a ser la optimización de los recursos que la sociedad vuelca sobre la educación. Acá no hay ningún recorte ni mucho menos”, expresó.
Uno de los temas que aún no está resuelto es si la ANEP presentará una propuesta independiente al Parlamento, más allá de la que realice el gobierno, una facultad que tiene permitida por ser un ente autónomo.
Lacalle Pou reconoció que están estudiando atender reclamos específicos en el sector público que está más postergado a nivel salarial. “Vamos a tratar de ser justos, hay personal sumergido”, dijo. Según supo El Observador, el Ministerio de Defensa pidió un aumento del 3% de salario para el personal subalterno hasta los alférez y una partida fija, similar a la que existe para el personal que trabaja en las cárceles para quienes realizan el patrullaje de frontera.
El Ministerio de Transporte tendrá unos US$ 1.200 millones para ejecutar en obras, a los que se sumarán el pago de los proyectos público-privados y el Ferrocarril Central. El foco estará en “ser eficiente con el uso de los recursos”, dijo una fuente de ese ministerio, que señaló que en la última administración se utilizaron recursos en rutas que quizás no era tan necesario destinar tanto dinero en función del tráfico que tenían. “Va a ser una inversión muy selectiva en viabilidad”, resumió.
Funcionarios públicos
Sobre el llenado de vacantes al Estado el criterio general que regirá será el de completar una vacante cada tres retiros, con las excepciones que ya están previstas por decreto. En los próximos días está previsto que el director de Finanzas del MEF, Fernando Blanco, se reúna con COFE para plantearle de primera mano cómo será la gestión de los recursos humanos en la administración pública durante el próximo quinquenio. Los ajustes salariales seguirán siendo definidos por el Consejo Superior Tripartito del sector público como ocurre hoy en día.
Una de las fuentes indicó que la regla del 3x1 no tiene por qué ser “tan rígida”, ya que lo que se plantean son metas de ahorro por inciso. Es decir, si determinada repartición logra abatir costos de funcionamiento por encima de las metas propuestas por el Ejecutivo podría “canjear” esos recursos por la contratación de más trabajadores respecto a la regla actual.
De todas formas, el “objetivo es apuntar hacia una racionalización” en la cantidad de funcionarios contratos por el Estado al finalizar el período de gobierno respecto al punto de partida actual.
